Las tres leyes aprobadas por el Senado costarían hasta un 1,7% del PBI, una cifra que Milei califica de “inviable” para el superávit fiscal pactado con el FMI. Sin embargo, el Estado renuncia cada año al 3,54% del PBI en exenciones tributarias y privilegios, dinero suficiente para sostener esos derechos sin agravar el déficit. Detrás de la retórica del ajuste, persiste una política de prioridades que elige a quién salvar y a quién sacrificar.
En la Argentina de Javier Milei, donde el ajuste se declama con estridencia y se sacraliza el superávit fiscal como un dogma, la pregunta que sobrevuela cada vez con más fuerza es quiénes pagan realmente la cuenta del orden económico que el Gobierno promete imponer. Y la reciente disputa por las leyes votadas en el Senado sobre aumento a jubilados, moratoria previsional y emergencia en discapacidad expone, con crudeza, el corazón de esa discusión: no es sólo una cuestión de números, sino de prioridades políticas, de quién merece el sacrificio y quién sigue gozando de privilegios.
Porque mientras el presidente Milei amenaza con vetar las leyes por “atentar contra el equilibrio fiscal”, los datos muestran que hay plata. Mucha. Solo que está en otras cajas y bolsillos. Las tres leyes que Milei pretende aniquilar sumarían, según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y de la consultora Invecq, hasta el 1,7% del PBI anual. Un costo que el Gobierno juzga intolerable porque excede la meta de superávit primario de 1,6% comprometida con el FMI. Pero si se rasca la superficie de las cuentas públicas, se descubre que el Estado argentino deja de recaudar cada año el 3,54% del PBI en exenciones impositivas, regímenes especiales y otras “grietas fiscales” que favorecen a sectores muy específicos. Plata hay: la cuestión es a quién se decide dársela —y a quién se le niega.
Basta mirar las cifras. Las exenciones tributarias implican un agujero fiscal de $27 billones en 2025, el segundo mayor de los últimos 23 años. Entre los más beneficiados están las carnes, frutas y verduras, cuya reducción del IVA explica casi la mitad de ese monto, pero también hay regalos fiscales a sectores de altísimo poder. El régimen de Tierra del Fuego, por ejemplo, cuesta 0,43% del PBI, casi la mitad de lo que requeriría subir las jubilaciones un 7,2%. ¿Por qué preservar esos beneficios y no aumentar haberes mínimos que apenas alcanzan para subsistir? La pregunta es incómoda, pero inevitable.
Más sangrante aún resulta el caso de los jueces. Según datos del Consejo de la Magistratura, apenas el 26% de los magistrados nacionales y federales pagan Impuesto a las Ganancias. El resto sigue blindado por privilegios que cuestan $766 mil millones al año, el equivalente al 0,10% del PBI. Para ponerlo en perspectiva: esa cifra representa la mitad de lo que se necesita para subir el bono de la jubilación mínima de $70 mil a $115 mil. No es poca cosa. Pero en la narrativa oficial, los jueces siguen intocables, mientras se demoniza el gasto en jubilaciones como si fuera el origen de todos los males fiscales.
La paradoja alcanza su cenit en la SIDE. En pleno furor por recortar el gasto público, Milei firmó en julio de 2024 un decreto que asignó $100 mil millones extra a la Agencia Federal de Inteligencia, exclusivamente para gastos reservados. Es decir, fondos cuyo destino nunca conoceremos. Aunque el Congreso terminó rechazando ese DNU, el presupuesto de la SIDE se duplicó igualmente respecto a lo asignado en 2024, pasando de $48 mil millones a casi $80 mil millones. Y, sin embargo, el Gobierno jura que no hay un solo peso para los jubilados ni para las personas con discapacidad.
No es casualidad. Detrás del relato de la motosierra se esconde una lógica selectiva, que castiga con dureza a sectores vulnerables mientras mantiene a salvo a los poderosos. Porque, según el especialista previsional Rafael Rofman, no existe legalmente la “jubilación de privilegio”. Pero en la práctica, 306.141 personas cobran jubilaciones por regímenes especiales, y sólo los 7.872 jueces activos y jubilados perciben haberes promedio que superan los $5,6 millones mensuales. Casi una obscenidad si se la contrasta con los $115 mil de mínima que pretende garantizar la nueva ley del Senado.
Incluso hay pensiones especiales a ex presidentes y vicepresidentes, premios Nobel, olímpicos, pioneros de la Antártida, ex presos políticos y otros colectivos, que cuestan al Estado $134,5 millones mensuales. Es cierto, algunas de estas pensiones pueden tener justificación histórica o simbólica. Pero cuando el Gobierno se rasga las vestiduras por el déficit previsional, convendría mirar también ahí. Porque es plata. Y es parte del mismo presupuesto.
El diputado Nicolás Massot lo resumió con brutal honestidad. “Hubo plata para eliminar el impuesto a los bienes personales, para blanqueos y para eliminar impuestos a los bienes suntuarios y autos de lujo. ¿Por qué no se aplicaron los mismos principios de financiamiento para proteger y actualizar los derechos de los jubilados?”. Una pregunta que retumba como un martillazo en el relato libertario. Porque lo que Milei presenta como imposible es, en rigor, una elección política. Los números lo demuestran.
La OPC calculó que solo la exención de Ganancias para ciertos sectores representa el 0,52% del PBI. Casi $4 billones. Suficiente para costear buena parte del paquete de leyes que el Gobierno rechaza. Y sobraría. Lo que en realidad se discute aquí no es la imposibilidad fiscal, sino las prioridades. ¿Es más importante subsidiar a industrias protegidas en Tierra del Fuego, que asegurar un bono digno para jubilados? ¿Vale más blindar el salario de los jueces que ampliar derechos a las personas con discapacidad?
Milei se ampara en la disciplina del FMI, en el evangelio del superávit y en la amenaza de vetos y judicializaciones. Pero el velo empieza a correrse. Porque mientras el relato oficial grita que “no hay plata”, las cifras exhiben que sí la hay. Solo que se decide no usarla para los sectores que más la necesitan.
Y aunque Milei se empeñe en advertir que esas leyes son “inviables” para el equilibrio fiscal, el verdadero dilema es político y ético. Nadie niega que el Estado argentino arrastra un déficit crónico y que hace falta ordenar las cuentas. Pero resulta indignante que ese ajuste se cargue siempre sobre las espaldas de quienes menos tienen, mientras se mantienen beneficios fiscales, jubilaciones siderales y gastos reservados cuyo fin nadie controla.
En definitiva, el “gasto público” no es un monstruo uniforme: es una red de transferencias, privilegios y excepciones. Elegir qué se corta y qué se conserva es una decisión profundamente política. Y en ese mapa, la motosierra de Milei parece afilarse con esmero para los más débiles, mientras guarda con celo los privilegios de los más poderosos.
Así se explica por qué el Gobierno rechaza estas leyes con argumentos de apocalipsis fiscal, pero no se atreve a meter la tijera donde realmente dolería: en los gastos reservados, en las exenciones a jueces, en los regímenes especiales y en las millonarias exenciones impositivas. Porque ahí están los amigos, los aliados y las vacas sagradas de un sistema que se dice libertario, pero defiende con uñas y dientes a los mismos de siempre.
Y mientras tanto, los jubilados siguen esperando. Las personas con discapacidad siguen esperando. Y la sociedad se pregunta cuánto más está dispuesta a tolerar una motosierra que corta siempre en la misma dirección.
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