¿Milei odia Bahía Blanca? Vetó la ley de emergencia por inundaciones y la deja sin el fondo de asistencia

El presidente rechazó el proyecto sancionado por el Congreso que creaba un fondo especial de $200 mil millones para los municipios bonaerenses afectados por el temporal de marzo. El Gobierno alegó duplicación de medidas y falta de previsión presupuestaria.

Mediante el Decreto 424/2025, Javier Milei vetó completamente la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales, golpeados por las severas inundaciones. El Ejecutivo argumentó que ya se habían tomado medidas similares y responsabilizó al Congreso por no identificar la fuente de financiamiento. Las víctimas del desastre, sin nuevas ayudas.

En un nuevo gesto que reafirma su política de ajuste fiscal extremo, el presidente Javier Milei vetó en su totalidad la Ley 27.790, que había sido sancionada por el Congreso el pasado 4 de junio para declarar la emergencia y catástrofe en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. La norma, impulsada con fuerte respaldo parlamentario, tenía como objetivo brindar alivio inmediato a las poblaciones afectadas por las devastadoras inundaciones de marzo, especialmente en Bahía Blanca y Coronel Rosales.

La decisión presidencial quedó plasmada en el Decreto 424/2025, publicado en el Boletín Oficial durante la madrugada del 24 de junio, y lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Con este veto, se desactiva la creación de un fondo especial de $200.000 millones destinado a financiar obras de reconstrucción, asistencia directa, créditos blandos y otras medidas de alivio para familias y sectores productivos damnificados por el desastre climático.

El proyecto de ley contemplaba una batería de medidas: eximición de impuestos y tasas, plazos de gracia en ejecuciones y contratos, prioridad para empresas locales en las contrataciones de obras, y líneas de crédito preferenciales otorgadas por el Banco Nación. Todo bajo una lógica integral de acompañamiento estatal frente a una situación de emergencia.

Sin embargo, el Ejecutivo consideró que tales medidas “ya fueron implementadas” tras el temporal del 7 de marzo, mediante el Decreto 238/25, que creó un fondo gestionado por el Ministerio de Seguridad y el Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.), orientado a quienes sufrieron daños en sus viviendas. En ese marco, aseguran que el 85,43% de los inscriptos ya recibió los pagos, mientras que solo el 4,01% fue rechazado y un **10,55% sigue bajo análisis.

Además, el decreto remarca que la inclusión del municipio de Coronel Rosales resulta inviable, ya que la zona de asistencia fue delimitada según informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia Federal de Emergencias, que centraron la prioridad en los 66 barrios más golpeados de Bahía Blanca.

El argumento más fuerte esgrimido por Milei, sin embargo, no es técnico sino presupuestario: el texto sancionado por el Congreso no incluía una previsión financiera, lo cual -según el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera– invalida cualquier norma que implique erogaciones sin indicar su fuente de financiamiento. Esta omisión le dio al Gobierno el respaldo normativo para sepultar la iniciativa legislativa.

Para justificar aún más su decisión, el Ejecutivo recordó que parte de los recursos para la emergencia ya están siendo cubiertos con el préstamo BID AR-O0016, otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo para este tipo de catástrofes naturales. También se señaló que el Banco Nación tiene facultades vigentes para otorgar créditos de asistencia sin necesidad de una ley específica.

Con este veto, Milei no solo cancela la ayuda proyectada por el Congreso, sino que también clausura cualquier posibilidad de declarar una nueva emergencia legislativa durante 2025, al devolver el proyecto y ordenar su archivo. El mensaje político es claro: no habrá ampliación del gasto público ni siquiera frente a situaciones de catástrofe.

En los hechos, esta decisión golpea con dureza a miles de vecinos que aún no se han recuperado del impacto de las lluvias, y que contaban con la ley para acceder a herramientas de recuperación, ya sea en forma de subsidios, exenciones fiscales o asistencia crediticia. Ahora, esas expectativas quedan reducidas a los programas ya existentes, cuya cobertura, efectividad y transparencia han sido motivo de críticas por parte de gobiernos locales y organizaciones civiles.

Frente a un Gobierno nacional que insiste en “no gastar un peso más” de lo estipulado, la emergencia climática queda relegada a un plano secundario, en el que la contabilidad del déficit prima sobre la urgencia humanitaria. El veto presidencial a la ley de emergencia por inundaciones marca una nueva etapa en la disputa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, y deja expuestos los límites de la asistencia estatal bajo el paradigma libertario de Javier Milei.