El Gobierno nacional montó un despliegue de 1.100 efectivos federales y vallas en los alrededores del Congreso para contener la movilización contra los vetos de Javier Milei a las leyes de financiamiento educativo y de emergencia pediátrica.
Mientras sindicatos, estudiantes y jubilados se preparan para reclamar en la Marcha Federal, el oficialismo responde con un operativo de control que convierte al parlamento en una fortaleza policial.
El Congreso de la Nación amaneció blindado por decisión del Gobierno de Javier Milei. Unos 1.100 efectivos federales, sumados a la Policía de la Ciudad, fueron desplegados en un megaoperativo de seguridad con un único objetivo: contener la protesta social que se dará cita frente al parlamento. La Marcha Federal, convocada por organizaciones políticas, estudiantiles y sindicales, tiene como eje el rechazo a los vetos presidenciales contra dos leyes sensibles: la de financiamiento universitario y la de emergencia pediátrica.
La respuesta del Ejecutivo fue convertir el corazón de la vida democrática en un perímetro amurallado. Policías federales, gendarmes, prefectos y agentes de la PSA estarán apostados en la Plaza del Congreso y las calles aledañas. Según datos oficiales, serán 700 efectivos de la Policía Federal, 280 de Gendarmería Nacional, 90 de Prefectura y 30 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a lo que se sumarán refuerzos de la fuerza porteña. Vallas en todos los accesos completan el cuadro.
Lejos de un gesto de apertura al reclamo ciudadano, el gobierno libertario demuestra una vez más su intolerancia hacia la protesta social. No es casual que la marcha coincida con la sesión en Diputados donde se debatirá la insistencia de la oposición para revertir los vetos de Milei. La presión sobre el Congreso no solo viene desde las calles; ahora también se siente en el interior de un recinto rodeado de uniformes.
A la movilización se sumará la histórica marcha de los jubilados, que desde hace años denuncia el deterioro de sus haberes y que hoy encuentra en el plan económico de Milei un factor adicional de empobrecimiento. Mientras miles de ciudadanos expresan su hartazgo frente a un ajuste que castiga a los sectores más vulnerables, el oficialismo prefiere responder con despliegue represivo en lugar de escuchar.
El blindaje del Congreso es, en sí mismo, una foto política: la de un gobierno que elige militarizar el espacio público en lugar de abrir canales de diálogo. En la práctica, Milei pone más energía en proteger su cerco institucional que en garantizar derechos básicos como la educación, la salud y la dignidad de los jubilados. Es la confirmación de una estrategia de poder que prefiere mostrar fuerza antes que reconocer demandas legítimas.
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