El Gobierno nacional avanza en un proceso silencioso pero profundo de liquidación del patrimonio de las Fuerzas Armadas. Bajo el paraguas del Decreto 950/2024, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) habilitó la subasta de más de 300 inmuebles públicos, entre los cuales se incluyen predios históricos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en distintas provincias. Detrás del discurso de “optimización de recursos” se esconde un vaciamiento estructural del aparato de defensa, con la consecuente entrega de tierras estratégicas al capital privado.
Uno de los casos más emblemáticos es el del Regimiento de Patricios, un lote de 42.044 metros cuadrados en pleno corazón de Palermo, concesionado desde los años ’90 al grupo Cencosud, que ahora será puesto en venta definitiva. También se concretó la subasta del edificio del Comando Conjunto de Ciberdefensa, ubicado en Puerto Madero, adquirido en marzo por el Fideicomiso Inmobiliario Madero 6 por 34 millones de dólares. Esa operación no solo significó desprenderse de una infraestructura clave en materia de seguridad digital, sino que coincidió con un ciberataque que expuso datos sensibles de 50.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, desde DNI hasta fojas de servicio.
El saqueo no se limita a la Ciudad de Buenos Aires. En Corrientes, se proyecta rematar el terreno del Ex Batallón Logístico Nº3, casi un millón de metros cuadrados en Curuzú Cuatiá. En Entre Ríos, están bajo la lupa el Destacamento de Vigilancia Crespo y el Batallón de Ingenieros Blindados 2. En San Luis, el histórico Campo de Instrucción El Chorrillo. Y en Tierra del Fuego, la ruta complementaria de la Base Aeronaval Río Grande. A ello se suma la delicada situación del Campo de la Guarnición Militar de Córdoba, 13.360 hectáreas que podrían ser transferidas a la provincia en el marco de un canje de deuda previsional, una transacción que despoja al Estado nacional de uno de los predios más grandes de su estructura militar.
Mientras tanto, empresarios influyentes también aprovechan el festín inmobiliario. En mayo, el reconocido Eduardo Costantini adquirió un terreno de más de 3.400 metros cuadrados en Palermo, ubicado en Soldado de la Independencia al 600. Estas ventas, disfrazadas de medidas de “eficiencia” y “modernización”, se traducen en un achicamiento progresivo del patrimonio público y en un negocio redondo para unos pocos.
El vaciamiento alcanza a Fabricaciones Militares, donde la planta de Jáchal fue liquidada, Fanazul permanece paralizada y Río Tercero reducida a la mínima expresión. Una política que, lejos de fortalecer al Estado y garantizar soberanía, lo deja desarmado y dependiente, mientras bienes estratégicos cambian de manos.
La subasta del patrimonio de Defensa, la filtración de información sensible y el avance de empresarios sobre terrenos militares revelan la verdadera orientación del proyecto oficial: convertir lo que pertenece al pueblo argentino en mercancía disponible para el mercado. Lo que se está vendiendo no son solo hectáreas de tierra o edificios, sino parte de la memoria, la infraestructura y la capacidad de defensa de un país que, bajo este modelo, se entrega sin reservas al mejor postor.
Fuente:
.https://www.perfil.com/noticias/politica/el-gobierno-subasta-los-terrenos-y-edificios-de-las-fuerzas-armadas.phtml
Pablo Martorelli
No necesariamente al «mejor postor», sino a predeterminados postores. La jurisprudencia de la Corte no permite las enajenaciones de bienes del Estado, si no es por ley específica para cada caso, previa desafectación justificada en real innecesariedad. Toda venta no justificada de tal modo será insanabllemente nula.