José Mayans afirmó que el Senado “no puede aceptar” que Lorena Villaverde ocupe una banca debido a antecedentes vinculados al narcotráfico, una acusación que, según señaló, incluso derivó en una prohibición de ingreso a los Estados Unidos para la senadora electa por Río Negro. El peronismo adelantó que pedirá su reemplazo inmediato en la previa de la reunión clave de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El clima en el Senado volvió a cargarse de tensión política luego de que el presidente del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, ratificara públicamente que su espacio no convalidará la asunción de la senadora libertaria por Río Negro, Lorena Villaverde. La acusación es directa, contundente y de un tono inusual incluso para el áspero escenario legislativo actual: Mayans sostiene que Villaverde mantiene vínculos con el narcotráfico y que, por esa razón, está impedida de ingresar a los Estados Unidos. Ese vínculo, aseguró, la convierte en una figura “indigna de estar en la banca”.
La declaración, dada a Splendid AM 990 y confirmada por fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, sacudió la previa de la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde deben tratarse los pliegos de los senadores electos el 26 de octubre. En un Senado donde cada voto pesa como si fuera oro, a nadie se le escapa que impedir la asunción de una legisladora altera equilibrios internos, afecta la correlación de fuerzas y abre un conflicto institucional que puede derivar en un largo capítulo judicial o incluso diplomático. Pero Mayans no dio señales de retroceder: su planteo fue firme y sin rodeos.
“Nosotros no estamos de acuerdo en que Villaverde llegue a una banca en el Senado y por eso pedimos que sea reemplazada por quien le sigue en la lista, para que pueda jurar”, dijo, marcando con claridad que el peronismo ya tomó una decisión política. No fue un comentario al pasar, tampoco una filtración: fue un aviso público, uno de esos mensajes que dejan huella y que rara vez se lanzan sin medir consecuencias.
Lo que Mayans puso sobre la mesa es una de las acusaciones más sensibles que pueden hacerse contra un funcionario electo: la presunta relación con el narcotráfico. No solo lo planteó como un problema ético y político, sino también como una mancha que, según remarcó, ya tuvo efectos concretos en el ámbito internacional. “Tiene la prohibición de ingresar a los Estados Unidos”, aseguró. En un país donde Washington sigue funcionando como un actor influyente en materia de seguridad, finanzas y diplomacia, el dato encendió todas las alarmas.
La versión, repetida en los pasillos del Congreso, implica que la libertad de movimientos de Villaverde está limitada por decisiones del gobierno norteamericano vinculadas a agencias que investigan criminalidad organizada. Aunque la información no se detalla en el documento de NA, el contexto en el que aparece no deja margen para interpretaciones ingenuas: si una senadora electa está señalada por autoridades estadounidenses por posibles lazos con redes narco, la cuestión deja de ser interna para transformarse en un punto de preocupación geopolítica.
Mayans fue todavía más lejos y definió el escenario como un límite institucional que el Senado no puede cruzar. “No estamos de acuerdo con que esta persona que tiene este antecedente, y que a causa de eso tiene la prohibición de ingresar a los Estados Unidos, pueda ocupar una banca”, sentenció. La frase no solo expresa un rechazo político; funciona además como una advertencia hacia los propios procedimientos del cuerpo legislativo. ¿Debe jurar una persona investigada o señalada por vínculos criminales? ¿Puede el Senado aceptar como parte de su cuerpo a alguien que está en la mira internacional? ¿Cuál es la responsabilidad ética del conjunto de los legisladores ante una situación semejante?
El tono elegido por el formoseño, líder del bloque más numeroso de la oposición, dejó claro que para Unión por la Patria la respuesta es un rotundo no. Y que el pedido de reemplazo no es una sugerencia ni una expresión de deseo: es una decisión política que buscarán imponer.
Lo que aparece detrás de esta escena es un conflicto mucho más profundo que lo que se ve en la superficie. La banca de Villaverde no es solo un asiento legislativo, sino también un símbolo dentro del armado libertario, que enfrenta cuestionamientos internos, denuncias cruzadas y un desgaste acelerado en sus estructuras. En Río Negro, particularmente, el espacio no atraviesa su mejor momento: tensiones internas, rupturas, acusaciones y un escenario social marcado por problemas estructurales que se agudizaron en el último año.
Por eso, el rechazo del peronismo no solo afecta a la figura puntual de Villaverde; golpea también al armado político de Javier Milei y a su representación provincial en una Cámara donde los libertarios ya tienen dificultades para articular mayorías estables. Un conflicto de esta magnitud en plena conformación de la nueva composición del Senado implica, además, un desafío directo a la conducción política del oficialismo, que ahora deberá decidir si sostiene a una figura cuestionada o si evita un choque institucional que podría escalar.
Mayans, por su parte, se mostró decidido a empujar el tema hasta las últimas consecuencias. Su aparición pública no parece un gesto improvisado ni una reacción aislada. Muy por el contrario, se percibe como parte de una estrategia más amplia de Unión por la Patria para evidenciar inconsistencias, fragilidades y contradicciones del espacio libertario, exhibiendo las sombras que rodean a algunos de sus referentes.
El caso también abre un interrogante jurídico: ¿puede el Senado impedir que una senadora electa jure si no pesa una condena firme? La Constitución establece garantías claras, pero también habilita mecanismos de evaluación de títulos y condiciones para ocupar una banca. Es probable que la discusión no se resuelva con facilidad y que la Comisión de Asuntos Constitucionales termine convertida en un escenario de tensión política e interpretaciones legales cruzadas.
Lo que queda claro es que este no será un trámite más. La sesión donde debería jurar Villaverde promete convertirse en un nuevo capítulo de la crisis interna del oficialismo y del enfrentamiento político que sacude al Congreso desde la llegada del gobierno libertario. De confirmarse la negativa del peronismo, se abriría un conflicto que podría derivar en impugnaciones, presentaciones judiciales y presiones diplomáticas.
Mientras tanto, Mayans se mantuvo firme en su postura. “Villaverde tiene relación con el narcotráfico, que es un delito”, afirmó sin vueltas. La frase, además de su gravedad, dejó planteado un escenario explosivo para una Cámara que, lejos de estabilizarse, parece profundizar su fractura política.
La discusión ahora no es solo si Villaverde debe jurar: la verdadera pregunta es qué clase de Senado quiere conformarse en el inicio de un nuevo periodo legislativo y cuánto está dispuesto cada bloque a defender su interpretación de la legitimidad democrática. En ese terreno, la acusación del jefe del bloque de Unión por la Patria no es una denuncia más: es una señal de alerta sobre los límites éticos y políticos que, según el peronismo, no deberían cruzarse.
La decisión final, sin embargo, todavía está en disputa. Y como ocurre siempre en el Congreso, lo que hoy parece definido puede cambiar en cuestión de horas. Pero lo que no podrá cambiar es la magnitud del impacto que generó esta denuncia. Si Mayans dijo lo que dijo, lo dijo para dejar huella. Y esa huella, con independencia del desenlace, ya quedó marcada en el tablero político.
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