Aunque el Gobierno dice buscar equilibrio fiscal, la eliminación de exenciones impositivas a las SGR podría desarmar un engranaje clave que sostiene créditos por billones para 100.000 pymes argentinas, en un país que no resiste más asfixia productiva. Mientras el Senado aplaudía la reforma previsional, un artículo casi oculto encendía las alarmas en el mundo pyme: el recorte a los beneficios fiscales de las Sociedades de Garantía Recíproca. Una decisión que, lejos de parecer un ahorro, podría costarle al país miles de empleos, inversiones y divisas, revelando la contradicción profunda en el discurso de Javier Milei sobre el desarrollo económico.
Hubo aplausos, hubo discursos, hubo épica de ajuste. Pero mientras el Senado votaba la reforma jubilatoria, un párrafo escondido en el articulado se convertía en dinamita para las pymes argentinas. Es el artículo 10 de la nueva ley, que elimina las exenciones impositivas para los aportantes a las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR). Una movida que, para el Gobierno de Javier Milei, significa achicar el gasto para costear el aumento de las jubilaciones, pero que, en la práctica, amenaza con dinamitar el acceso al crédito de miles de pequeñas y medianas empresas. La lógica de «si quieren que gaste, díganme de dónde saco la plata» que tanto repite Milei suena a eslogan efectivo en la televisión, pero en los pasillos del Congreso y en los números fríos de la economía productiva, deja un reguero de incertidumbre y preocupación.
Porque aunque parezca absurdo, se cruzaron dos mundos que deberían transitar caminos paralelos: las jubilaciones y el financiamiento pyme. Para tapar el bache fiscal que abriría el aumento de haberes, se decidió quitar las ventajas fiscales al sistema de las SGR, ese mecanismo que hace tres décadas es la red de contención para pymes que necesitan crédito y no tienen cómo garantizarlo. Y es ahí donde explota la contradicción: el costo fiscal de esas exenciones apenas roza los 136 millones de dólares al año, lo que representa, en términos del PBI, un mísero 0,02%. Un vuelto si se lo compara con el potencial que genera: las pymes financiadas tributan IVA, Ganancias, aportes, y cada peso invertido se multiplica en la rueda productiva. Ignacio Pérez Riba, secretario de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG), lo resume con crudeza: “El sistema genera una fuerte externalidad positiva en términos de recaudación. Lo que el Estado deja de recaudar lo recupera y mucho más con el movimiento económico que se activa.”
Y sin embargo, ahí está el artículo 10, amenazando con desarmar este engranaje. Rafael Galante, presidente de Crecer SGR, lo dice sin anestesia: “Si se le quitan las exenciones impositivas a los fondos de riesgo que solventan el sistema, esos capitales se van. Y sin inversores, no hay sistema.” Así de simple. El sistema de las SGR funciona sobre la base de confianza y estímulo impositivo. Esos inversores, los socios protectores, ponen plata de su bolsillo como capital de riesgo para avalar préstamos que las pymes, por sí solas, jamás conseguirían. Sacales el incentivo fiscal, y ese dinero buscará otro destino menos riesgoso. Y entonces sí, el financiamiento pyme se convertirá en un desierto.
En este punto conviene frenar y explicar cómo funcionan las SGR, porque no es humo técnico ni un rejunte de letras. Son el salvavidas real de más de 100.000 pymes argentinas. Las SGR vinculan inversores —los famosos socios protectores— con las empresas —los socios partícipes—. Los inversores aportan capital que sirve de garantía para los préstamos que las pymes piden a los bancos o en el mercado de capitales. Las SGR analizan el riesgo, avalan las operaciones y, gracias a ese respaldo, las tasas de interés para las pymes bajan y se amplía el acceso al crédito. ¿El resultado? Un stock de créditos financiados que roza los 3.800 billones de pesos. Sí, billones, con B larga. Y detrás de esos créditos hay empresas que exportan 1.500 millones de dólares por año y sostienen más de medio millón de empleos. No es una cifra para la estadística: es la diferencia entre producir o cerrar la persiana.
Y ahí es donde la reforma jubilatoria de Milei muestra su costado más contradictorio. El Gobierno repite hasta el cansancio que no habrá más privilegios sectoriales, que hay que terminar con los subsidios cruzados y que la economía debe funcionar sin distorsiones. Pero el sistema de las SGR no es un privilegio sectorial ni un subsidio clientelar. Es transversal. Permite que empresas chicas accedan a tasas de financiamiento más bajas, algo que en una Argentina con tasas reales por las nubes y con bancos que solo prestan a clientes AAA es, literalmente, cuestión de vida o muerte para cualquier pyme.
Además, el sistema no es un agujero negro de exenciones. Galante se encarga de aclarar que “las únicas exenciones son las del impuesto a las Ganancias para el socio protector, que sí paga por los intereses que gana, y la del IVA para las cuotas que pagan las pymes.” El resto de la operatoria paga Ganancias, IVA, Ingresos Brutos, cargas sociales. No hay un festival de exenciones ni una caja negra. Se trata de incentivos mínimos para mantener en pie un engranaje que, si se corta, puede derivar en default masivo de miles de pymes.
Lo más insólito es que nadie se hace cargo de la idea. El artículo 10 no tiene autor confeso. Ni el PRO, ni la UCR, ni el peronismo, ni siquiera el oficialismo lo defienden a viva voz. Hasta el ministro Luis Caputo, que debería ser el soldado del ajuste, salió en redes a pegarle a la medida, con esa mezcla de ironía y sarcasmo que caracteriza al mileísmo: “Los ‘nacionales y populares’ están destrozando el financiamiento a las pymes y a la producción nacional.” Un balazo por elevación que muestra la interna feroz que atraviesa al Gobierno, donde ni siquiera sus propios ministros parecen estar cómodos defendiendo las consecuencias reales de los recortes.
Mientras tanto, las SGR preparan la batalla parlamentaria para revertir el cambio tributario. Saben que, aunque el Poder Ejecutivo vete la reforma jubilatoria —algo que luce cada vez más probable—, la oposición planea reimpulsarla en el Congreso. Y si el artículo 10 sobrevive, las pymes argentinas quedarán a merced de un mercado financiero que, sin garantías, les da la espalda. Basta recordar que el 35% del crédito pyme hoy está respaldado por las SGR. En el mercado de capitales, las SGR son responsables de avalar el 40% de los cheques de pago diferido que se negocian. Son cifras que, en un país que se desangra por falta de dólares, significan exportaciones, empleo y hasta estabilidad social.
No deja de ser trágico que mientras el Gobierno de Milei dice querer «liberar las fuerzas productivas», una ley impulsada para salvar las cuentas fiscales termine siendo un torniquete más para el sector que genera empleo, paga impuestos y mantiene viva la llama de la producción nacional. Es la paradoja del ajuste salvaje: buscar eficiencia fiscal a costa de destruir los mismos motores que podrían sacar a la Argentina del pozo.
En este contexto, la alarma que hoy suena en el mundo pyme es más que comprensible. No se trata solo de un cambio impositivo. Se trata de la supervivencia de un ecosistema económico que, en silencio, sostiene a cientos de miles de familias argentinas. Porque en Argentina, cuando se toca a las pymes, no se discute teoría económica: se discute el plato de comida sobre la mesa.
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