El juez Sebastián Casanello dispuso el congelamiento de las cajas de seguridad de la familia Kovalivker y de la droguería Suizo Argentina, tras la declaración de Fernando Cerimedo que confirmó el esquema ilegal de recaudación en la Agencia Nacional de Discapacidad.
La familia empresaria que multiplicó sus negocios con el Estado durante el gobierno de Javier Milei queda cada vez más comprometida en la investigación por corrupción. La fuga de Jonathan Kovalivker, el crecimiento exponencial de la facturación y la intervención de funcionarios ligados al oficialismo exponen un entramado de poder y negocios que amenaza con salpicar más alto.
La causa por el escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo con la decisión del juez federal Sebastián Casanello de congelar todas las cajas de seguridad de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, de su padre Eduardo y de la droguería Suizo Argentina. La medida se dictó luego de la declaración indagatoria del consultor y ex asesor presidencial Fernando Cerimedo, quien aportó detalles sobre el sistema ilegal de recaudación montado en el organismo estatal.
La orden fue dirigida a cinco empresas privadas de resguardo —Skybox, Tressor, Ingot, Hausler y 901 Box— y prohíbe a los implicados el acceso a su dinero y bienes. El cerco judicial se estrecha sobre los Kovalivker, señalados como beneficiarios de un esquema de corrupción que no podría haberse sostenido sin complicidades políticas.
La situación se vuelve aún más escandalosa por la conducta de Jonathan Kovalivker, quien logró fugarse de su domicilio en Nordelta minutos antes de un allanamiento. La policía encontró sus cajas abiertas y vaciadas, lo que refuerza las sospechas de maniobras para ocultar fondos. Recién se presentó ante la Justicia cuatro días más tarde.
Los números que maneja Suizo Argentina son otro factor que despierta alarma. En 2024 facturó al Estado 3.898 millones de pesos y en apenas nueve meses de 2025 esa cifra trepó a 108.299 millones. Un incremento del 2678% que difícilmente pueda explicarse sin vínculos políticos privilegiados y mecanismos de concentración monopólica en las compras estatales. Mientras el gobierno de Javier Milei aplica un ajuste brutal en universidades, jubilaciones y programas sociales, estos empresarios lograron expandir sus negocios de manera desproporcionada.
Casanello también denunció al jefe de sistemas de la droguería por resistencia a la autoridad, encubrimiento y falso testimonio, lo que abre nuevas aristas en la investigación. La trama no se agota allí: el juez apuntó al ex funcionario de ANDIS Matías Garbellini, sospechado de ser el nexo entre los Kovalivker y Diego Spagnuolo, otro engranaje central del esquema, vinculado a Eduardo “Lule” Menem.
En paralelo, la policía secuestró 80 mil dólares y 2.000 euros de las cajas de Spagnuolo, quien se quedó sin defensa legal tras la renuncia de su equipo de abogados. La descomposición del entramado de favores, sobornos y complicidades muestra un cuadro de corrupción estructural que desnuda la hipocresía de un gobierno que dice combatir “la casta” mientras habilita negocios multimillonarios a costa del Estado.
El congelamiento de las cajas de seguridad no es sólo una medida técnica: es la señal de que la Justicia reconoce la magnitud del escándalo. La familia Kovalivker, que supo crecer a la sombra del poder político, enfrenta hoy una ofensiva judicial que amenaza con revelar hasta dónde llegan las responsabilidades. El silencio oficial frente a este caso contrasta con la dureza que el gobierno de Milei despliega contra estudiantes, docentes y jubilados. La doble vara es evidente y la indignación social crece al ritmo de las revelaciones.
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