La jueza Sandra Arroyo Salgado protagoniza una avanzada judicial contra militantes políticos que reaviva los peores fantasmas del lawfare: detenciones arbitrarias, operativos nocturnos, abusos de poder y una maquinaria institucional al servicio del disciplinamiento ideológico. Todo en el contexto de un gobierno nacional que avala y promueve este tipo de atropellos.
Sandra Arroyo Salgado se lanzó de lleno a la caza de militantes políticos. No se trata de una metáfora periodística ni de una interpretación caprichosa: estamos ante una avanzada judicial con todos los ingredientes del manual represivo más burdo. Arrestos sin fundamentos sólidos, procesamientos por contravenciones menores, uso de la maquinaria del Estado para criminalizar la militancia y, en el trasfondo, una candidatura en ciernes que explica tanto apuro y tanto show.
La escena es de un patetismo feroz. Ciudadanos detenidos por tirar excremento en la vereda —una infracción que en cualquier código contravencional se resuelve con una multa o tareas comunitarias— terminan encarcelados, con operativos dignos de películas policiales, esposas en la madrugada y allanamientos por el solo hecho de tener una cédula azul del auto de una imputada. ¿Dónde ocurre esto? En la Argentina gobernada por Javier Milei, donde la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Arroyo Salgado parecen coordinar una persecución con aires de vendetta personal y aroma electoral.
El diputado nacional Rodolfo Tailhade, en una intervención pública tan enérgica como documentada, desnudó la operación con precisión quirúrgica. Advirtió que lo que estamos presenciando no es solo un exceso de poder judicial, sino un episodio grave de degradación democrática. Lo que Arroyo Salgado está haciendo —dijo— no solo es una “salvajada jurídica”, sino también motivo suficiente para iniciar un juicio político. Tiene razón: esto no es justicia, es castigo ideológico.
Tailhade no se quedó en lo anecdótico. Vació la caja negra del lawfare argentino y expuso el funcionamiento perverso del entramado que hoy captura la Justicia. Señaló con nombre y apellido a los responsables del desastre institucional: la Corte Suprema, la Cámara de Casación, el fuero federal de Comodoro Py. Ninguno de ellos, dijo, cumple el rol fundamental de “resguardar los derechos y garantías de los ciudadanos” ni de “defender el sistema democrático”. Por el contrario, se han convertido en los ejecutores de un poder económico que marca la cancha, da órdenes y exige resultados.
En este marco, el fallo contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner —que la Corte apuró con torpeza y falta de fundamentos— se convierte en el caso testigo. Tailhade detalló cómo el operador judicial y de prensa Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, avisaba con anticipación a sus periodistas aliados cuándo saldría la sentencia. La presión era tan obscena que hasta Carlos Pagni se vio obligado a reconocer públicamente que el fallo saldría con fecha definida. ¿Quién manda sobre los jueces? No el derecho, no la Constitución. Manda el poder económico, la embajada de Estados Unidos, el Grupo Clarín y sus apéndices mediáticos.
En este escenario viciado, Arroyo Salgado no actúa sola. Su ofensiva judicial tiene respaldo político, cobertura mediática y bendición del Ejecutivo. Quiere ser procuradora, aspira a integrar la Corte Suprema y está haciendo méritos. Méritos sin ética ni legalidad, claro está. La cacería de militantes no es un exceso de interpretación: es una estrategia de campaña, es puro estiusismo reciclado en tiempos de Milei. La ministra Bullrich, desde el Ministerio de Seguridad, juega su papel como actriz secundaria de este drama autoritario: operativos espectaculares, discursos sobre el orden y una política de seguridad que apunta, otra vez, contra el enemigo interno: el militante, el peronista, el troskista que protesta, el que no baja la cabeza.
El caso del denunciante José Luis Espert es una paradoja brutal. Este diputado ultraliberal, quien habría financiado su campaña con fondos del narcotráfico según denuncias anteriores, aparece aquí como víctima. Es él quien promueve las detenciones por una simple “caca en la vereda”, mientras su propia relación con figuras del delito organizado jamás fue investigada con la misma intensidad. La doble vara es evidente, obscena y repulsiva.
No se trata solo de militantes del peronismo. Tailhade relató que hasta un activista del trotskismo chaqueño fue llevado a declarar por publicar un tuit contra el presidente. El mensaje es claro: el que disiente, va preso. El que protesta, es enemigo del orden. Y mientras tanto, los verdaderos escándalos —como el caso Lago Escondido, donde jueces, fiscales, espías y empresarios compartieron un viaje en absoluta impunidad— siguen enterrados bajo la alfombra del silencio cómplice.
La Justicia argentina, lejos de ser un poder independiente, se ha transformado en un brazo ejecutor de los intereses de la casta política-empresarial-mediática que gobierna a espaldas del pueblo. Las detenciones arbitrarias, los procesamientos sin pruebas, el uso del sistema judicial para castigar a militantes políticos y las operaciones mediáticas sincronizadas son parte de un mismo engranaje represivo que busca consolidar un nuevo orden: uno donde la democracia sea apenas una fachada y el disciplinamiento ideológico se imponga a través del miedo.
Estamos ante una deriva autoritaria que no puede naturalizarse. Si no se frena ahora, si la sociedad no reacciona, si los jueces y fiscales decentes no alzan la voz, el futuro que se avecina es sombrío. Y no habrá ley, ni Constitución, ni derecho que valga si se sigue validando el uso de la Justicia como arma de guerra política.
El gobierno de Javier Milei, lejos de recortar privilegios, está fortaleciendo los peores vicios de la casta judicial: jueces funcionales, fiscales obedientes y una Corte Suprema sometida al poder económico. La aspiración de Arroyo Salgado de convertirse en procuradora o jueza de la Corte es una amenaza institucional, no una carrera meritocrática. Representa lo peor del sistema: la impunidad selectiva, el castigo al disidente, la subordinación del derecho al poder.
La Argentina merece una Justicia que no persiga a quienes militan por una patria justa, libre y soberana. Y merece también que quienes usan la toga como escudo para sus ambiciones personales sean expuestos, cuestionados y, si corresponde, removidos. Porque callar ante este atropello es ser cómplice del autoritarismo.
Fuente:
Por qué Arroyo Salgado salió a cazar militantes: https://www.youtube.com/watch?v=c7OzPf3YHAQ
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