Celebrar el desguace: la diputada rionegrina que aplaude el cierre de Vialidad Nacional en medio del ajuste de Milei. La polémica reacción de Lorena Villaverde deja al descubierto el verdadero rostro del ajuste libertario y la desconexión de algunos dirigentes con el drama social que implican los despidos y la paralización de la obra pública.
Mientras cientos de familias temen por su sustento, la diputada de La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, festeja el cierre de la oficina de Vialidad Nacional en Cipolletti, justificando los despidos en nombre de “eliminar la corrupción” y respaldando las políticas de Javier Milei, pese al impacto demoledor sobre el empleo y la infraestructura en Río Negro.
No deja de resultar escalofriante que, en medio del drama humano de trabajadores que temen quedarse en la calle, haya dirigentes políticos capaces de aplaudir su desgracia como si se tratara de una épica victoria moral. Esa escena la protagonizó Lorena Villaverde, diputada nacional por La Libertad Avanza, que se despachó con una sonrisa triunfal tras conocerse el cierre de la oficina de Vialidad Nacional en Cipolletti, Río Negro. No hablamos de una oficina cualquiera. Allí trabajan más de 30 personas, muchas de ellas con más de veinte años de servicio, cuya continuidad laboral pende ahora de un hilo finísimo. Pero para Villaverde, ese drama parece un daño colateral necesario en la cruzada libertaria contra lo que ella califica sin matices como “la corrupción” en Vialidad.
En su publicación en redes sociales, Villaverde celebró con orgullo el cierre, mientras argumentaba que la corrupción en la obra pública ha sido el modo tradicional de “robarle la plata a la gente”. Como si todos los empleados de Vialidad fueran parte de un entramado mafioso, la diputada enarboló el discurso purificador que caracteriza al oficialismo libertario, donde cualquier estructura estatal se convierte automáticamente en nido de delincuentes. El problema, sin embargo, es que detrás de esas oficinas clausuradas hay personas, familias, rutas que se deterioran y una provincia entera que queda más vulnerable frente a emergencias viales y necesidades básicas de infraestructura.
Villaverde no se quedó solo en el festejo. Se animó a advertirle a los rionegrinos que todo aquel que critique estos cierres es “cómplice de la corrupción”. Es un recurso tan brutal como efectivo para silenciar el disenso: quien se atreve a oponerse al ajuste se convierte, por arte de retórica, en ladrón o socio de ladrones. Se trata de la misma lógica que atraviesa casi todos los discursos del gobierno de Javier Milei, donde no existen matices ni zonas grises: o estás con ellos o sos parte de “la casta”. El costo humano de esa simplificación maniquea es altísimo.
La realidad es mucho más incómoda de lo que la diputada quiere admitir. El cierre de la oficina de Cipolletti implica paralizar proyectos clave para Río Negro. No se trata solamente de los despidos. Hay obras viales en carpeta que corren serio riesgo de quedar inconclusas o ni siquiera empezar, entre ellas proyectos de mantenimiento y mejoras en rutas nacionales, fundamentales para la seguridad vial y el desarrollo económico de la región. Río Negro es una provincia extensa, atravesada por rutas nacionales como la 22 y la 151, vitales para el transporte de producción frutícola, hidrocarburífera y turismo. Cortar el funcionamiento local de Vialidad es pegarle un tiro en el pie a la economía regional, aunque a la diputada Villaverde eso no parezca inquietarla lo más mínimo.
No es menor que quienes se quedan sin trabajo hayan sido, durante años, los ojos y las manos que patrullaban caminos, controlaban baches, reparaban barandas, mantenían señales. Los fantasmas de la desidia estatal están a la vuelta de la esquina, y el riesgo de rutas convertidas en trampas mortales, más cercano de lo que el relato oficial está dispuesto a reconocer. Vialidad Nacional puede tener problemas de burocracia, corrupción o exceso de cargos —como cualquier organismo público en el país—, pero liquidarla de un plumazo no es una reforma inteligente, sino lisa y llanamente una amputación.
Villaverde, sin embargo, prefiere la épica de las tijeras. Dice que no le preocupa la imagen de “mala” que pueda generarle su postura. En sus palabras, es necesario “achicar el Estado” porque la plata “no es de los políticos, es del pueblo”. Nadie en su sano juicio podría negarle razón a la idea de combatir la corrupción. Lo perverso es confundir corrupción con el funcionamiento mismo del Estado y condenar por igual a inocentes y culpables. Resulta imposible no recordar que buena parte de las denuncias por corrupción en Vialidad en la última década han sido protagonizadas por funcionarios políticos, no por los empleados de planta permanente, que son justamente quienes ahora están bajo amenaza de despido.
Lo cierto es que Javier Milei encontró en dirigentes como Villaverde a fieles soldados de un ajuste despiadado, vestidos de moralistas, que agitan el látigo del recorte sin medir las consecuencias sociales ni productivas. Río Negro no es ajena a la crisis: la actividad económica se desacelera, la obra pública está virtualmente detenida y, como en otras provincias, crece el temor a un espiral de desempleo y parálisis.
Mientras la diputada Villaverde alienta aplausos virtuales, decenas de trabajadores caminan sobre brasas, sin saber si el mes que viene podrán pagar un alquiler o llenar la olla. Pero para el relato libertario, esos dramas no merecen compasión: se convierten en “gastos” que hay que eliminar para que “la Argentina vuelva a crecer”. Es un relato tan cómodo como falaz. Porque ninguna sociedad crece cuando se devora a sus propios trabajadores ni cuando deja sin mantenimiento rutas fundamentales para la producción y la seguridad vial. Lo que está en juego no es solo el empleo de treinta personas. Es la idea de un Estado mínimo que, lejos de resolver problemas, multiplica los riesgos de colapso.
Así, el caso de la oficina de Vialidad en Cipolletti es apenas una muestra microscópica de lo que está ocurriendo en todo el país. Mientras Milei y sus referentes insisten en una motosierra sin anestesia, se pierden puestos de trabajo calificado, se paralizan obras, y las provincias quedan libradas a su suerte. Y aunque la diputada Villaverde se esmere en dibujar una épica de “buenos contra malos”, la realidad es que el ajuste libertario, en lugar de liquidar la corrupción, está demoliendo el Estado y, con él, el presente y el futuro de miles de argentinos. Esa es la verdad que ni los discursos ni las publicaciones triunfalistas pueden tapar.
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