Stolbizer, la libertad y el olvido selectivo. La diputada Margarita Stolbizer cuestionó la habilitación a la Policía Federal para detener sin orden judicial., pero omitió que esa facultad fue habilitada por la Ley Bases, que ella misma votó afirmativamente.
Mientras denuncia una “vuelta al autoritarismo” impulsada por Javier Milei, Stolbizer parece olvidar que fue parte del engranaje legislativo que habilitó al Presidente a gobernar por decreto. La contradicción de una legisladora que critica los efectos del régimen de excepción que ayudó a construir.
Margarita Stolbizer utilizó su cuenta de Twitter para expresar una fuerte crítica a la reciente resolución publicada en el Boletín Oficial que habilita a la Policía Federal a detener personas sin orden judicial, incluso por sus opiniones, su vestimenta o su participación en manifestaciones. “Esto no es lo que votaron millones de argentinos”, sostuvo la diputada nacional, y advirtió que se trata de una medida que “muchísima gente no está dispuesta a tolerar”, incluso entre quienes votaron a Javier Milei por su rechazo a la corrupción del kirchnerismo.
En su mensaje, Stolbizer lanza una advertencia sobre el retorno del autoritarismo en Argentina: “Esto no es ni orden ni libertad, es la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás”. Y concluye con una frase cargada de alarma democrática: “Una República no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida porque sí, por opinar distinto”.
Sin embargo, lo que Stolbizer omite mencionar es que esa “vuelta al autoritarismo” que denuncia fue posible gracias al andamiaje legal que ella misma contribuyó a construir. Porque fue su voto, junto al de otros 143 diputados y 36 senadores, el que aprobó la Ley Bases, una norma que otorgó a Milei facultades delegadas extraordinarias para gobernar por decreto y avanzar con reformas estructurales sin control judicial ni legislativo efectivo.
Más aún: dentro del paquete de reformas incluidas en la Ley Bases, figura la reestructuración de las fuerzas de seguridad, la redefinición de su actuación preventiva y represiva, y la posibilidad de que el Ejecutivo avance sobre derechos y garantías con el argumento de mantener el “orden público”. Todo esto bajo la fachada de una supuesta “modernización del Estado” que en los hechos, se traduce en autoritarismo institucionalizado.
Así, la resolución que habilita a la Policía Federal a realizar ciberpatrullaje y detenciones sin orden judicial no es un “desvío” del rumbo libertario. Es la lógica consecuencia del poder que Stolbizer y otros legisladores decidieron otorgarle a Milei. Criticar ahora los efectos sin hacerse cargo de las causas es, como mínimo, una muestra de irresponsabilidad política.
En el intento de desmarcarse del costo político de una medida impopular, Stolbizer se refugia en la idea de que “esto no es lo que votaron millones”. Pero lo cierto es que no fueron millones quienes votaron esta política represiva: fueron 181 personas, entre ellas ella misma. Fueron los representantes del Congreso quienes convalidaron la ley de leyes de este gobierno. ¿Quién, entonces, violó el pacto representativo? ¿Milei al firmar un DNU? ¿O Stolbizer al aprobar las condiciones para que lo hiciera?
La diputada pretende ahora encarnar la defensa de las libertades individuales, pero queda atrapada en la contradicción: ayudó a parir el régimen que ahora denuncia. Esa ambigüedad no es nueva en su carrera política, pero en un contexto como el actual, deja de ser una cuestión anecdótica y se convierte en un problema institucional.
Porque la defensa de la República no se hace desde Twitter. Se hace en el Congreso, con el voto, con la coherencia y, sobre todo, con la responsabilidad de asumir las consecuencias de las decisiones que se toman.
Stolbizer dice que “una República no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida por opinar distinto”. Tiene razón. Pero esa República también necesita que sus representantes no avalen con una mano lo que denuncian con la otra.
Deja una respuesta