En medio de denuncias por financiamiento narco, vínculos con empresarios investigados por tráfico de drogas y lavado de dinero, y candidatos con prontuarios judiciales, el oficialismo intenta disimular la gravedad con bromas sobre si Santilli se rapa o no.
Pero no hay chiste posible cuando lo que está en juego es la penetración del narcotráfico en la política. En lugar de dar explicaciones, los referentes libertarios eligen banalizar un escándalo que expone algo mucho más profundo: el riesgo real de que Argentina se convierta en un narcoestado.
Las denuncias se acumulan, las causas avanzan y la Justicia empieza a desandar un entramado que combina financiamiento ilegal, impunidad y operaciones con dinero de origen oscuro. Lo que hasta hace poco se presentaba como un “movimiento antisistema” hoy aparece rodeado de nombres vinculados a sociedades offshore, testaferros y empresarios que figuran en expedientes judiciales por narcotráfico internacional. El relato de la transparencia se derrumba frente a la evidencia de una estructura política sostenida con fondos que nadie puede justificar.
El problema no se limita a la falta de ética o a la contradicción entre el discurso libertario y la realidad de sus vínculos. Es un problema de seguridad nacional. Cuando el dinero narco ingresa a la política, las decisiones públicas dejan de responder al interés de la sociedad y pasan a responder al interés de quienes lavan sus fortunas bajo el amparo del poder. Argentina corre el riesgo de consolidar una forma de narcoestado, donde el crimen organizado compra silencio, pauta y lealtades.
Mientras tanto, el gobierno sigue ajustando sobre los sectores más vulnerables, desmantelando organismos de control y debilitando el sistema judicial. La impunidad se vuelve política de Estado. Los mismos que recortan jubilaciones y destruyen la educación pública son los que callan frente al avance del dinero narco en las estructuras partidarias. La distracción mediática, los memes, las provocaciones en redes sociales y las puestas en escena televisivas sirven solo para encubrir una degradación institucional sin precedentes.
Los referentes libertarios repiten que “no hay pruebas”, pero tampoco ofrecen ninguna explicación. Y cuando las sospechas se transforman en causas concretas, la estrategia es siempre la misma: descalificar al denunciante, victimizarse y hablar de conspiraciones. Sin embargo, los expedientes existen y los nombres se repiten. Empresarios, operadores financieros y dirigentes del oficialismo aparecen en los mismos circuitos donde se investiga tráfico de drogas, lavado de activos y evasión millonaria.
El cinismo se ha vuelto la marca de fábrica de un gobierno que hace del desparpajo su principal defensa. Pero detrás del show libertario hay algo más grave: la consolidación de una cultura política que trivializa el delito, naturaliza la corrupción y presenta el enriquecimiento ilícito como un signo de éxito. El problema no es un caso aislado ni una campaña sucia: es el reflejo de un sistema de poder que se alimenta del dinero sucio y que, al mismo tiempo, promete libertad mientras entrega soberanía.
Argentina ya conoce las consecuencias de mirar para otro lado. Cuando la política y el narcotráfico se entrelazan, el resultado es siempre el mismo: violencia, desigualdad y pérdida de autonomía. Hoy el país enfrenta ese peligro con un gobierno que elige la burla antes que la transparencia, y el silencio antes que la verdad. La Libertad Avanza puede seguir riéndose en los medios, pero el país se enfrenta a un escándalo que desnuda la verdadera naturaleza de su poder.
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