Las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025 dejaron un panorama más complejo de lo que el Gobierno nacional quisiera admitir. En la provincia de Buenos Aires, distrito clave que concentra casi el 38 % del padrón electoral del país, la coalición oficialista La Libertad Avanza, encabezada por Diego Santilli, se impuso por un margen estrecho sobre Fuerza Patria, el espacio peronista conducido por el excanciller. Según los datos oficiales, LLA alcanzó alrededor del 41,5 % de los votos y Fuerza Patria el 40,8 %, lo que se traduce en 17 bancas para el oficialismo y 16 para el peronismo. Una diferencia mínima que, sin embargo, el presidente Javier Milei intentó capitalizar como un triunfo político y personal.
Pero apenas conocido el resultado, el gobernador Axel Kicillof lanzó un mensaje directo al mandatario: “Se equivoca si festeja este resultado electoral”, advirtió. “Seis de cada diez argentinos han dicho que no están de acuerdo con este modelo de ajuste.” Su frase, pronunciada en la sede del gobierno provincial en La Plata, marcó el tono de la noche. No hubo euforia ni resignación, sino un diagnóstico de realidad. Kicillof recordó que, tras la aplastante victoria del peronismo bonaerense en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, el Ejecutivo nacional buscó desesperadamente respaldo externo, recurriendo a la ayuda del expresidente Donald Trump y a los fondos de inversión estadounidenses que, según el mandatario provincial, “han vuelto a tocar suelo argentino”.
“JP Morgan no es una sociedad de beneficencia —dijo Kicillof—. Si vinieron a la Argentina, no es para otra cosa que para llevarse un lucro: nuestros recursos.” La referencia al banco estadounidense y a su rol como intermediario de la nueva dependencia financiera del país fue más que simbólica. En los últimos meses, altos ejecutivos del JP Morgan y de otros fondos vinculados a Wall Street mantuvieron reuniones con funcionarios del Palacio de Hacienda para delinear la posible llegada de capitales especulativos bajo el pretexto de “reactivar el mercado”. Kicillof interpretó ese movimiento como una señal inequívoca del rumbo que sigue el gobierno libertario: subordinación a los intereses externos, priorización del capital financiero y desmantelamiento del Estado como garante de derechos sociales.
El gobernador bonaerense reconoció que el oficialismo celebra el “apoyo norteamericano y del sector financiero”, pero lanzó una advertencia tajante: “Desde mañana tenemos que ver si mejora en algo la situación de nuestra provincia, de nuestra gente.” Esa frase, dirigida más al ciudadano común que a los analistas políticos, condensó la grieta económica y social que se profundizó durante los últimos meses. Kicillof insistió en que, pese al maquillaje electoral, el programa de Milei sigue siendo un ataque directo contra la educación pública, la salud, la ciencia y los sectores más vulnerables. “Mañana van a seguir atentando contra la salud y la educación pública —dijo— y la situación de nuestro pueblo no va a mejorar ni un milímetro mientras sigan con la misma política.”
El mensaje tuvo un doble objetivo: responder al intento del Gobierno de instalar una narrativa triunfalista y reafirmar que el respaldo social al modelo de ajuste es mucho menor de lo que las cifras electorales aparentan. En efecto, si se suman los votos de todas las fuerzas opositoras, el 60 % del electorado se pronunció contra el oficialismo. Por eso, cuando Milei celebró “la consolidación de la revolución liberal”, lo hizo sobre una base frágil, sostenida por un núcleo duro que sigue siendo minoritario en términos absolutos. Kicillof, en cambio, apeló a un tono institucional pero firme: recordó que el triunfo parcial de LLA no autoriza a continuar con un modelo que empobrece a las mayorías y destruye el tejido productivo nacional.
El resultado en Buenos Aires fue leído en los círculos económicos como una victoria ajustada, pero en la arena política se interpretó como un llamado de atención. Los márgenes estrechos revelan un país dividido entre quienes creen en la salvación del mercado y quienes aún defienden el rol del Estado. Mientras Milei se apoya en el respaldo de los capitales especulativos y en el aval de Trump para sostener su política de shock, Kicillof emerge como una voz que interpela a los sectores populares y productivos del conurbano, de los municipios del interior y del sistema educativo que resiste el vaciamiento presupuestario.
El oficialismo intentará mostrar fortaleza en el Congreso, pero el resultado bonaerense demostró que su base política es volátil. La lectura que hace el gobernador bonaerense apunta a ese talón de Aquiles: sin un cambio de rumbo, la legitimidad social de Milei podría desmoronarse más rápido de lo que el mercado financiero está dispuesto a tolerar. En otras palabras, el capital puede sostener a un presidente, pero no puede comprar estabilidad política indefinidamente.
Desde mañana, la pregunta que queda abierta es si el Gobierno nacional entenderá que un triunfo ajustado no equivale a una carta blanca para seguir desmantelando el Estado. Mientras el presidente festeja rodeado de banqueros y fondos de inversión, los hospitales, las escuelas y las universidades públicas siguen esperando respuestas concretas. En esa tensión se juega el futuro inmediato del país: el contraste entre el optimismo financiero de Milei y la advertencia política de Kicillof marca el inicio de una nueva etapa de conflicto.
El gobernador cerró su mensaje sin triunfalismo, pero con una certeza: el ajuste tiene fecha de vencimiento social. Y si el presidente decide ignorar esa realidad, las próximas elecciones podrían recordarle que ningún modelo económico sobrevive cuando la mayoría dice basta.
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