Un fallo judicial ordena el cese de publicaciones sobre las grabaciones en Casa Rosada. El Ejecutivo habla de una “operación de inteligencia ilegal”, mientras crecen las sospechas sobre la trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
El Gobierno Nacional consiguió este lunes un triunfo parcial en los tribunales: el juez Patricio Alejandro Maraniello ordenó el cese inmediato de la difusión de audios relacionados con la supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). La medida cautelar alcanza a todos los medios de comunicación —gráficos, radiales, televisivos y digitales— y a las redes sociales, bajo el argumento de que se trata de una “violación grave a la privacidad institucional” y no de un asunto vinculado a la libertad de expresión. El fallo se conoció luego de que trascendieran grabaciones realizadas en la propia Casa de Gobierno, en las que se escucha a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario. Aunque los audios difundidos hasta ahora no revelan de manera explícita delitos, el periodismo asegura que existiría casi una hora de material que podría comprometer a la funcionaria y, por extensión, al núcleo más íntimo del poder.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, salió rápidamente a reforzar el discurso de la Casa Rosada. En sus redes sociales sostuvo: “Esto no es una filtración. Es un ataque ilegal, planificado y dirigido para condicionar al Poder Ejecutivo en plena campaña electoral”. En la misma línea, el propio presidente Javier Milei citó la publicación de su portavoz y escribió en mayúsculas: “OPERACIÓN DE INTELIGENCIA ILEGAL”. El Gobierno insiste en que la difusión de los audios responde a una maniobra de espionaje prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional y busca instalar la idea de un intento de “desestabilización política y económica”.
Las grabaciones filtradas hasta el momento incluyen la voz de Karina Milei, donde admite la presión y el desgaste de su rutina en Casa Rosada: “No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. (…) Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche”. Si bien en ese fragmento no se mencionan las coimas en la Andis, el temor oficial es que existan audios mucho más comprometedores, particularmente sobre el circuito de distribución de medicamentos, señalado como foco de sobornos y negociados. La causa fue impulsada por el abogado Fernando Soto, funcionario del Ministerio de Seguridad, y recayó en el Juzgado Federal N°12, subrogado por Julián Ercolini, con el fiscal Carlos Stornelli como responsable de la investigación.
El episodio tuvo un nuevo giro cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió allanar a los periodistas que difundieron los audios: Mauro Federico, Fabián Doman y Jorge Rial. Según Bullrich, la publicación constituye un delito contra la seguridad nacional y forma parte de una operación política “kirchnerista”. La ofensiva contra la prensa reaviva un viejo debate: mientras el Gobierno invoca la Ley de Inteligencia para justificar la censura, la Constitución Nacional protege expresamente el secreto de las fuentes periodísticas (artículo 43). Este choque de principios reabre la discusión sobre los límites entre la seguridad del Estado y la libertad de prensa.
En su resolución, el juez Maraniello sostuvo que la medida cautelar “no implica censura previa” y que su objetivo es proteger la sensibilidad de los intereses estatales comprometidos. Sin embargo, ordenó de forma explícita que los medios de comunicación y plataformas se abstengan de difundir los audios atribuidos a Karina Milei, instruyendo al ENACOM para notificar a todas las redacciones. Con esta decisión, la Justicia blinda momentáneamente a la hermana del Presidente, aunque las sospechas sobre la trama de corrupción en la Andis siguen en el aire. La pregunta que resuena en el círculo político y mediático es simple: ¿los audios buscan desestabilizar al Gobierno o exponen una red de poder, negocios y coimas en el corazón mismo de la Casa Rosada?
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