El escándalo de los audios que involucra al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo que deja al descubierto la fragilidad de la investigación y, al mismo tiempo, el nivel de sofisticación con el que se intentó borrar las pruebas. Los peritos informaron al juez federal Sebastián Casanello y al fiscal Franco Picardi que no es posible recuperar los mensajes eliminados del celular del ex funcionario, entre los que se encontraban conversaciones con Javier y Karina Milei, así como con Eduardo “Lule” Menem.
La noticia confirma lo que en los pasillos judiciales ya se sospechaba: hubo un borrado especial del contenido del teléfono que imposibilita el rastreo de datos clave. Es decir, quien eliminó los mensajes sabía perfectamente lo que hacía. Spagnuolo, abogado personal del presidente y amigo de la familia Milei, entregó su celular apagado y sin dar la clave, pero los especialistas de la DATIP lograron ingresar. Aun así, lo que encontraron fue un aparato prácticamente vaciado.
El caso es particularmente explosivo porque los audios filtrados revelaban un esquema de coimas en la ANDIS que presuntamente involucraba a la droguería Suizo Argentina, propiedad de los hermanos Kovalivker, señalados como recaudadores del dinero. Sin embargo, la investigación choca con un muro de impunidad: Emmanuel Kovalivker se negó a entregar la clave de su celular de última generación; su hermano Jonathan directamente se fugó de Nordelta cuando la policía fue a allanar su domicilio; y su padre Eduardo también entregó su teléfono apagado.
El jueves está previsto que se periten esos tres dispositivos, junto al del ex número dos de Spagnuolo en la ANDIS, Daniel Garbellini, quien sí facilitó su clave. Pero la expectativa es mínima: todos tuvieron tiempo de sobra para eliminar información una vez que el caso salió a la luz.
En paralelo, las defensas ya desplegaron una estrategia agresiva. Los Kovalivker, a través del abogado Martín Magram, pidieron la nulidad de la causa alegando que se inició a partir de audios de origen desconocido y que debería aplicarse el criterio de “cosa juzgada”, dado que la empresa ya había sido investigada anteriormente por sus contratos con la ANDIS. La jugada apunta a clausurar la investigación antes de que pueda avanzar hacia los verdaderos responsables políticos.
El secreto de sumario prorrogado por Casanello da margen a los investigadores para intentar sostener el expediente, pero la realidad muestra que las pruebas más comprometedores ya fueron pulverizadas. No es un dato menor: entre los chats borrados estaban las comunicaciones de Spagnuolo con el propio Presidente y con su hermana Karina, la persona más poderosa del actual gobierno.
El panorama es claro: sin mensajes, con celulares borrados o inaccesibles, y con defensas que buscan derribar la causa en tribunales, el caso corre el riesgo de convertirse en otra mancha más en la larga lista de investigaciones por corrupción que naufragan antes de llegar a juicio. Lo que queda en pie es el dato político: un funcionario íntimamente ligado a la familia presidencial denunció coimas en un organismo sensible como la ANDIS, y hoy la Justicia admite que no tiene forma de comprobarlo porque las pruebas desaparecieron.
En la Argentina del ajuste y el blindaje mediático, la impunidad parece correr más rápido que cualquier pericia.
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