Otro mazazo judicial contra el gobierno de Milei: la Justicia frena su intento de recortar la autonomía municipal. La Cámara Federal de San Martín declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Economía que impedía a los municipios cobrar tasas claves para sostener servicios básicos, en un fallo que revela el creciente desgaste de las políticas ultraliberales que encabeza Javier Milei.
La autonomía municipal se convierte en el nuevo frente de batalla que enfrenta al gobierno nacional con intendentes que denuncian asfixia económica. El fallo a favor de Escobar desarma el intento de Luis Caputo de imponer restricciones que hubieran paralizado servicios esenciales, marcando un límite jurídico al avance del ajuste libertario sobre la vida cotidiana de millones de argentinos.
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Ni los municipios se salvan del torbellino de ajuste y confrontación que Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, decidieron desatar contra cada rincón del Estado. La reciente sentencia de la Cámara Federal de San Martín, que declara inconstitucional la Resolución N° 267 del Ministerio de Economía, es mucho más que un tecnicismo jurídico: es un fuerte tirón de orejas a un gobierno que parece convencido de que cualquier obstáculo a su dogma libertario puede borrarse a decretazos, aun cuando se trate de derechos y potestades consagrados en la Constitución.
No es casual que este nuevo revés judicial haya surgido en la pulseada que mantiene el municipio bonaerense de Escobar contra la Casa Rosada. Porque lo que se ventila acá no es solo la posibilidad de que un intendente cobre tasas sobre servicios municipales, sino la mismísima autonomía de los gobiernos locales frente al centralismo feroz de un Estado nacional que, bajo la bandera de la libertad económica, pretende disciplinar hasta la última ordenanza comunal.
La Resolución N° 267, dictada en septiembre de 2024 por la Secretaría de Industria y Comercio –dependiente del Ministerio de Economía que comanda Caputo– prohibía a los municipios incluir en las tasas conceptos ajenos al precio contratado por el consumidor. Suena prolijo, incluso hasta sensato en la jerga marketinera que el oficialismo repite como mantra. Pero en la práctica, se traducía en dinamitar una fuente vital de financiamiento para mantener servicios como el alumbrado público, la recolección de residuos, el mantenimiento de calles y rutas, la seguridad, la salud y la educación en los distritos.
Ariel Sujarchuk, el intendente de Escobar, lo había anticipado con todas las letras: aquella resolución buscaba “avasallar la autonomía municipal”. Y tenía razón. Porque si algo ha puesto en evidencia esta batalla judicial es que el ajuste libertario no se conforma con recortar partidas nacionales, paralizar obras públicas o despedir empleados estatales. También avanza sobre la capacidad de los municipios para financiarse y, en última instancia, para gobernar.
La Justicia le dio la razón a Sujarchuk. La Cámara Federal de San Martín no solo ratificó el fallo del Juzgado Federal de Campana, que ya había declarado inconstitucional la medida. Fue más allá y advirtió que la resolución de Caputo acarreaba “un grave perjuicio social” y presentaba “una inusitada gravedad inconstitucional”. Es un lenguaje que, en el mundo jurídico, suena casi como un grito. Y con sobrada razón: porque de haberse mantenido la prohibición, Escobar –y por extensión cualquier otro municipio– hubiera quedado con las manos atadas para sostener servicios básicos y atender las necesidades más elementales de su gente.
Pero el impacto de este fallo va mucho más allá de las cuentas municipales. El trasfondo político es evidente. La resolución que Caputo quiso imponer es parte de una estrategia más amplia para desarticular toda red de financiamiento público que no esté bajo la bota del gobierno nacional. Porque si los municipios pierden recursos, pierden autonomía. Y si pierden autonomía, se convierten en rehenes políticos de un poder central que decide quién vive y quién se apaga en el mapa argentino.
Por eso la bronca de los intendentes no es meramente contable. Sujarchuk fue especialmente duro al exigirle al ministro de Economía que deje de lado “las bravuconadas y los ataques a los municipios” y que se dedique a trabajar “pensando cómo mejorar la calidad de vida de nuestra gente”. En esa frase se resume el hartazgo que sienten muchos gobernantes locales, obligados a sostener hospitales, patrulleros, ambulancias y escuelas en medio de la asfixia presupuestaria y el desdén libertario por el Estado.
La resolución N° 267 no cayó del cielo. Se inscribe en el mismo paquete de medidas con el que el gobierno de Javier Milei busca imponer su visión de país: uno donde la única libertad que cuenta es la de mercado y donde cualquier actor estatal que pretenda intervenir es visto como un enemigo a aniquilar. Con la excusa de “transparentar costos” o de evitar “impuestos disfrazados”, el Ministerio de Economía quiso borrar de un plumazo potestades históricas de los municipios. Pero el problema –y el fallo lo deja muy claro– es que la Constitución Nacional protege la autonomía municipal. Y que la libertad, por más libertaria que se proclame, no puede construirse sobre la demolición de instituciones básicas.
En lo inmediato, el fallo permite a Escobar seguir cobrando tasas que financian servicios esenciales y garantiza la continuidad de obras que habían quedado abandonadas tras el cambio de gobierno en diciembre de 2023. Pero su importancia excede largamente los límites de un solo distrito. Porque sienta un precedente jurídico que podría replicarse en cualquier otra comuna argentina que enfrente la misma ofensiva. Y porque deja expuesto al gobierno de Milei, que en su furia por arrasar con “la casta”, no duda en pisotear competencias provinciales y municipales, alimentando un conflicto federal que no para de escalar.
En definitiva, el revés judicial revela un límite que el proyecto libertario parece no haber previsto: el límite de la Constitución, de los derechos adquiridos y de una justicia que, al menos en este caso, mostró coraje para frenar el embate. Es una batalla que recién empieza. Porque si algo ha dejado en claro el gobierno de Javier Milei es que no se resigna fácilmente a ningún contrapeso. Pero también es una señal poderosa de que, incluso en tiempos de motosierra y ajuste, las instituciones todavía pueden decir basta.
Y mientras tanto, en los pasillos de los municipios bonaerenses se respira un aire tenso, mezcla de alivio y de preocupación. Alivio, porque pudieron frenar un atropello que los hubiera dejado sin recursos para prender una lamparita en la calle. Y preocupación, porque saben que este gobierno volverá a la carga. No es solo Escobar quien se juega el pellejo. Es la democracia municipal en su conjunto. Y eso, le guste o no a Caputo y a Milei, está mucho más allá de sus deseos de cuadrar las cuentas.
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