El círculo de poder que une al presidente con un financista acusado de narcotráfico.
El abogado personal de Javier Milei, Francisco Oneto, quedó expuesto en medio de un entramado político y judicial: además de representar al presidente, defiende a Antonio “Fred” Machado, el empresario acusado de narcotráfico y lavado de dinero que aportó fondos y logística a la campaña de José Luis Espert.
La política argentina vuelve a dejar al descubierto un entramado que combina negocios turbios, candidatos presidenciales y abogados de confianza convertidos en engranajes de un poder en ascenso. El nombre que ahora se encuentra en el ojo de la tormenta es Francisco Oneto, penalista que supo ganarse la simpatía de Javier Milei cuando el actual mandatario todavía era un outsider televisivo y que terminó ocupando un lugar clave dentro de su círculo íntimo. Hoy, Oneto no solo es el abogado personal del presidente: también es el defensor de Antonio “Fred” Machado, empresario detenido en 2021 bajo la acusación de tráfico de drogas y lavado de dinero por sumas millonarias, y conocido por haber financiado la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019.
El recorrido de Oneto resulta tan veloz como polémico. En 2023, mientras el oficialismo lo impulsaba como candidato a vicegobernador bonaerense acompañando a Carolina Píparo, Milei lo ungía como su abogado de confianza en reemplazo de Diego Spagnuolo, designado entonces al frente de la Agencia Nacional de Discapacidad. En aquel momento, los movimientos se presentaban como simples reacomodamientos de una fuerza política en expansión. Pero hoy, a la luz de las conexiones reveladas, queda claro que aquellos cambios no fueron inocentes: el reemplazo de Spagnuolo por Oneto instaló en el corazón del poder a un hombre que no solo atiende los asuntos personales del presidente, sino que también tiene bajo su patrocinio al narco que salpica con su sombra a Espert, actual candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Machado, nacido en Carmen de Patagones y criado en Viedma, cayó en manos de la Justicia el 16 de abril de 2021 en el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén. Su prontuario internacional lo vincula con operaciones de lavado de más de 550 millones de dólares, 34 de ellos en Argentina, y con redes de financiamiento del narcotráfico que se extendían por el continente. La Justicia de Texas reclama su extradición desde entonces, mientras él permanece en prisión domiciliaria, apelando cada instancia posible gracias a la estrategia dilatoria de su abogado. Ese abogado es nada menos que Oneto, la misma persona que hoy defiende los intereses del presidente de la Nación.
La figura de Machado se conecta directamente con la trayectoria política de Espert. No fue un vínculo menor: el empresario no solo aportó fondos sino que también puso a disposición su avión Bombardier Challenger, utilizado por Espert en la campaña presidencial de 2019. En abril de 2021, incluso lo trasladó a la Patagonia para la presentación de su libro La sociedad cómplice. Aquella escena, inmortalizada por la prensa, mostró a Machado en primera fila y a su primo Claudio Ciccarelli —considerado su testaferro— entre los invitados. Ciccarelli, que pasó de vivir en una casa familiar a transformarse en empresario vinculado a negocios mineros y al suministro de arenas para Vaca Muerta, es otro de los nombres que gravitan en este oscuro rompecabezas.
Las ramificaciones del caso inquietan. En Guatemala, Machado había desarrollado negocios mineros y vínculos con candidatos presidenciales a quienes habría ofrecido el mismo paquete que desplegó en Argentina: financiamiento, logística, aviones y hasta camionetas blindadas, como la Grand Cherokee que utilizó Espert en su campaña. Todo bajo el mismo esquema de favores que combina el dinero del narcotráfico con la ambición política.
Hoy, en plena campaña electoral, Espert intenta despegarse de las acusaciones, asegurando que todo se trata de una operación en su contra. Sin embargo, nunca negó su relación con Machado, ni con Spagnuolo, ni con Oneto. Y es precisamente allí donde se ubica el núcleo del problema: el círculo íntimo de Milei se conecta de manera directa con un empresario detenido por delitos graves, generando una tensión que erosiona cualquier discurso de transparencia.
La incomodidad es palpable. Que el abogado personal del presidente sea también el encargado de evitar que un financista acusado de narcotráfico pise suelo estadounidense deja a la administración de Milei en una situación por lo menos comprometedora. La imagen de Oneto como nexo entre Milei, Espert, Machado y Ciccarelli exhibe una trama donde las fronteras entre la política y el crimen organizado se desdibujan peligrosamente. No se trata solo de sospechas: hay pruebas documentadas, vuelos compartidos, aportes económicos y fotografías que confirman los vínculos.
La narrativa libertaria, que tantas veces se jactó de combatir a la “casta” y denunciar la corrupción, choca de frente con estas realidades incómodas. El propio Spagnuolo, a quien Oneto reemplazó, terminó envuelto en escándalos de corrupción que salpicaron a Karina Milei. Lejos de cortar con esas prácticas, el reemplazo no hizo más que profundizar la sensación de que el poder presidencial se rodea de personajes con más prontuario que credenciales democráticas.
Machado no es un personaje secundario ni un empresario de provincia caído en desgracia. Es un engranaje de un sistema internacional que, según el FBI, utilizaba incluso la compraventa de aviones como parte de un esquema de tráfico de drogas a gran escala. Que ese hombre haya sido quien sostuvo económicamente a un candidato a presidente como Espert, y que hoy sea defendido por el abogado personal de Milei, convierte este caso en un escándalo político de dimensiones mayores.
La estrategia de silencio que despliega Oneto tampoco ayuda. Contactado por la prensa, el abogado eligió no responder sobre sus vínculos con Milei, Espert y Machado. El silencio, en política, es a veces más elocuente que cualquier respuesta. Y en este caso, alimenta la sospecha de que lo que se intenta ocultar es demasiado evidente.
El gobierno de Milei, que ya enfrenta críticas por su política de ajuste brutal y por las denuncias de corrupción que lo rodean, suma con este episodio un nuevo frente de cuestionamiento. La pregunta que flota en el aire es inevitable: ¿hasta qué punto quienes hoy gobiernan pueden desligarse de los intereses de quienes los financiaron, aun cuando esos financistas están acusados de narcotráfico? La respuesta, por ahora, es el silencio. Y ese silencio es tan ruidoso como el estruendo de las pruebas que nadie logra desmentir.
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