Escándalo en Chaco: Zdero gastó $3.570 millones en leche adulterada para planes sociales

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El gobernador chaqueño adjudicó la compra a Cheek S.A., una firma con antecedentes de fraude y productos cuestionados por no cumplir con el Código Alimentario. La operación, realizada a través de la Fiduciaria del Norte, expone irregularidades y deja en evidencia el desinterés oficial por la salud de los niños beneficiarios.

El gobierno de Leandro Zdero enfrenta un verdadero terremoto político tras revelarse que destinó $3.570 millones a la compra de leche en polvo que no cumple con los estándares nutricionales básicos exigidos por la normativa argentina. El caso desnuda una trama de opacidad, negocios entre pocos y un manejo de fondos públicos que, lejos de priorizar a los sectores más vulnerables, alimenta sospechas de corrupción y desprecio por la vida de miles de niños.

A comienzos de marzo de 2025, la Fiduciaria del Norte S.A. —organismo estatal utilizado por Zdero para concentrar las compras provinciales— licitó 480.000 módulos alimentarios por más de $7.300 millones. La totalidad del negocio quedó en manos de Cheek S.A., una empresa con un pasado más que polémico: en 2018 estuvo involucrada en el escándalo conocido como “Leche Robada”, cuando desaparecieron 200 toneladas de producto adquiridas con dinero público.

La operación actual no es menos escandalosa. Entre los alimentos entregados a las familias chaqueñas se incluyeron 128 toneladas de las marcas “Bongú” y “Purilac”. En el primer caso, estudios realizados en la Municipalidad de General Pueyrredón ya habían advertido que no cumple con los requisitos de calidad establecidos en el Código Alimentario. En el segundo, ni siquiera puede llamarse leche: se trata de una “bebida láctea” con casi la mitad de su composición formada por aditivos y grasas, lo que la convierte en un producto engañoso y de nula utilidad para el crecimiento infantil.

Lo más grave es que el propio Ministerio de Desarrollo Humano “aprobó la oferta” sin exhibir estudios nutricionales ni evaluaciones sobre el impacto real en los beneficiarios. Una omisión que no puede interpretarse como mera negligencia, sino como complicidad con un mecanismo que convierte programas sociales en negocios millonarios para pocos.

La mecánica de compras utilizada por el gobierno de Zdero también genera fuertes cuestionamientos. Desde su llegada al poder, todos los concursos se canalizan a través de la Fiduciaria del Norte, lo que permite eludir controles directos de los órganos provinciales. Además, se modificó la modalidad de licitación: en lugar de concursar “por renglón” —lo que abriría la puerta a productores locales—, se licita “por bulto”, lo que concentra el negocio en grandes mayoristas y eleva los precios finales. Un esquema diseñado a medida de los proveedores amigos.

El resultado es un cóctel explosivo: alimentos de pésima calidad, contratos millonarios sin transparencia y un Estado provincial que parece más preocupado en blindar negociados que en garantizar el derecho a la alimentación de su población más vulnerable. La historia reciente demuestra que no es la primera vez que sucede. En 2024, durante el Operativo Impenetrable, ya se habían detectado compras infladas por más de $1.000 millones, nuevamente con Cheek S.A. como protagonista.

Hoy, en medio de la crisis económica nacional y bajo la mirada de un gobierno central que promueve el ajuste a cualquier costo, la pregunta es inevitable: ¿quién controla a los que dicen administrar los recursos de los pobres? Si los niños chaqueños reciben leche adulterada mientras las arcas públicas financian proveedores sospechados, lo que está en juego no es solo la transparencia administrativa, sino la dignidad misma de un pueblo condenado a pagar con hambre los negocios de sus dirigentes.

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