Escándalo: concejal libertario pedía favores sexuales a cambio de devolver parte del sueldo a su asesora

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Un nuevo escándalo de violencia de género y abuso de poder sacude al espacio político que prometía “terminar con la casta”. Esta vez, la denuncia involucra a Pablo Emanuel López, concejal de La Libertad Avanza en la ciudad de Salta, acusado de extorsionar sexualmente a una asesora a cambio de devolverle parte de su salario. La evidencia principal es un audio filtrado en el que el edil ofrece «solucionar los problemas» económicos de la empleada mediante una relación completamente desigual y coercitiva: “Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”, se lo escucha decir. La frase, brutal, misógina y descarnada, desnuda la lógica perversa de subordinación y cosificación que anida en ciertos rincones del poder político libertario.

En la grabación, difundida por el periodista Daniel Murillo, la mujer expone que cobraba 500 mil pesos mensuales pero solo recibía 300 mil. El concejal retenía el resto. Ante el reclamo, López no niega la situación; por el contrario, redobla la apuesta y le ofrece a la asesora morigerar los descuentos si accedía a favores sexuales. “No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar”, le dice, para luego justificar su extorsión sexual como una “solución” a los problemas de ella.

El caso fue elevado a la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de la provincia de Salta y ya se encuentra bajo investigación judicial. No se trata solamente de una denuncia laboral o administrativa, sino de un hecho que configura posibles delitos como coacción, extorsión y abuso sexual con aprovechamiento de una relación de dependencia, según lo estipulado por el Código Penal argentino y la legislación vigente en materia de violencia de género.

Lejos de ser una excepción, este episodio refuerza las denuncias que desde hace tiempo pesan sobre el partido La Libertad Avanza en torno al uso de cargos públicos y candidaturas como moneda de cambio en operaciones de carácter sexual. La exreferente de Generación Libertaria, Mila Zurbrigger, había advertido durante la campaña presidencial que en ese espacio “todo es por guita o sexo”, una afirmación que fue desestimada o relativizada por los principales voceros del oficialismo, pero que hoy vuelve a instalarse con fuerza tras este nuevo y gravísimo antecedente.

El hecho se produce además en un contexto en el que el gobierno nacional ha desmantelado o debilitado múltiples políticas de protección de derechos para mujeres y diversidades. La eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad; la paralización del Programa Acompañar; el vaciamiento del INAM; y los recortes en capacitaciones vinculadas a la Ley Micaela son todos síntomas de una gestión que desprecia activamente la lucha contra las violencias por motivos de género.

El uso del poder institucional para condicionar, someter o violentar a una mujer en situación de subordinación laboral configura una de las formas más claras de violencia machista. No solo se trata de un abuso individual, sino de una práctica de disciplinamiento estructural que reproduce relaciones jerárquicas de explotación dentro del Estado. El concejal López no actuó en soledad: lo hizo amparado en una estructura que, al menos hasta ahora, ha mirado hacia otro lado.

Desde el punto de vista legal, los hechos revelados podrían encuadrarse dentro del artículo 149 bis del Código Penal (coacción), el artículo 119 (abuso sexual en contexto de abuso de poder o autoridad), y también como incumplimiento de los deberes de funcionario público. La Fiscalía deberá determinar si existen más víctimas o si esta conducta era sistemática. También debería avanzar en el pedido de suspensión del cargo del acusado mientras se sustancia el proceso penal, para evitar entorpecimientos o represalias institucionales.

Desde una perspectiva de género, este caso debe encender todas las alarmas. El silencio dentro del espacio libertario, el negacionismo oficialista sobre las desigualdades estructurales y la eliminación de políticas de cuidado y prevención configuran un escenario alarmante para las mujeres que se desempeñan en la función pública. La violencia de género en el ámbito laboral no es solo un problema privado: es una cuestión política que exige respuestas urgentes, activas y ejemplificadoras.

El caso de Pablo Emanuel López no debe quedar en la impunidad. No sólo porque se trata de un hecho gravísimo de violencia institucional y de género, sino porque representa una forma extrema —aunque no aislada— de cómo el poder se ejerce cuando no existen mecanismos reales de control ni una voluntad política de erradicar el machismo del aparato estatal. La Justicia debe actuar con celeridad. Pero también debe hacerlo la política.

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