En una decisión polémica y bajo el manto del silencio, el gobierno de Javier Milei oficializó la propiedad privada del billonario inglés Joe Lewis sobre una hidroeléctrica clave en Lago Escondido, profundizando el cuestionado rumbo de desregulación y entrega de activos estratégicos en Argentina. La medida abre una herida más en la ya frágil soberanía energética argentina y pone sobre la mesa la preocupante lógica del gobierno de Milei, que prioriza intereses foráneos y económicos en detrimento del control nacional de recursos vitales. Este reconocimiento oficial no solo impacta en la política energética, sino que desnuda las contradicciones de un proyecto político que afirma defender al pueblo mientras regala lo que es de todos.
El reciente reconocimiento oficial por parte del gobierno de Javier Milei a favor del multimillonario inglés Joe Lewis sobre la propiedad de la hidroeléctrica en Lago Escondido no puede ser visto como un simple acto administrativo: es, en esencia, una declaración de intenciones que refleja la esencia misma del modelo que Milei está imponiendo sobre la Argentina. En medio de una crisis energética latente y una demanda social creciente por soberanía, este reconocimiento es la punta del iceberg de una entrega sistemática y casi silenciosa de recursos estratégicos nacionales.
La hidroeléctrica de Lago Escondido, ubicada en una zona con inmensos recursos naturales y estratégicos para el desarrollo energético del país, ha sido históricamente un símbolo de la tensión entre intereses públicos y privados. Ahora, la firma del decreto oficial por parte del gobierno no solo confirma la propiedad privada de un billonario extranjero, sino que deja al desnudo el escaso interés de Milei y su equipo por preservar el control estatal sobre bienes esenciales para el futuro energético argentino.
Lo que llama la atención no es solo el acto en sí, sino el contexto y la forma en que se ha llevado adelante. Mientras la sociedad debate sobre la crisis del suministro eléctrico, las tarifas, y el impacto ambiental de ciertos proyectos, el gobierno avanza con medidas que claramente favorecen a los grandes capitales internacionales, dejando de lado el rol fundamental que el Estado debería tener para garantizar el bienestar colectivo y la sustentabilidad del país. La hidroeléctrica no es un simple bien privado; es parte de la infraestructura que podría asegurar energía limpia y barata para millones. Sin embargo, bajo esta nueva administración, el Estado no solo abdica de su responsabilidad, sino que entrega las llaves a un extranjero, un hombre cuyo nombre ya está ligado a varias polémicas vinculadas a la concentración de recursos y tierras en la Patagonia.
Lejos de cualquier discusión sobre la conveniencia o las consecuencias de esta medida, el acto tiene un efecto simbólico demoledor: expresa claramente hacia dónde va la Argentina de Milei. La prioridad ya no es el desarrollo nacional ni la soberanía energética, sino la atracción y protección de capitales foráneos a toda costa, incluso a costa del interés popular. El gobierno, con esta acción, deja en evidencia la brecha entre el discurso de defensa del ciudadano común y la realidad política que favorece a un puñado de poderosos.
Este reconocimiento no es un hecho aislado. Forma parte de una estrategia más amplia de desregulación y flexibilización que el gobierno impulsa desde su asunción, que ha provocado una avalancha de críticas y resistencias en sectores sindicales, ambientales y políticos. Milei ha demostrado con hechos que sus promesas de cambio radical se traducen en una avanzada constante para reducir la intervención estatal en áreas clave, como la energía, la salud y la educación. Pero el riesgo de esta política no es solo económico, sino que tiene profundas repercusiones sociales y ambientales.
La hidroeléctrica de Lago Escondido, además de su valor energético, está en un área con una biodiversidad única y un patrimonio natural que requiere protección. La entrega de esta infraestructura a un empresario extranjero con intereses empresariales y especulativos abre interrogantes serios sobre el destino de estos recursos. ¿Quién garantiza que esta explotación se hará con responsabilidad social y ambiental? ¿O solo se trata de un negocio más en el que el Estado se desentiende?
Por si fuera poco, esta medida se suma a un historial de concesiones que el gobierno ha otorgado a empresarios y capitales extranjeros, debilitando la capacidad del Estado para planificar y gestionar políticas públicas en sectores estratégicos. La idea de un país donde se priorice la inversión privada a cualquier precio, sin contrapartidas ni regulaciones claras, es una apuesta que podría terminar hipotecando el futuro energético y económico de Argentina.
No es casualidad que esta noticia haya pasado casi desapercibida en un contexto mediático dominado por otros escándalos y la agenda política oficial. El silencio que rodea esta entrega habla también de la poca voluntad de Milei para enfrentar un debate público profundo sobre las consecuencias de sus políticas. En tiempos donde la sociedad demanda transparencia y participación, el gobierno opta por decisiones unilaterales que no solo afectan el presente, sino que comprometen el futuro de generaciones enteras.
Además, la actitud del gobierno frente a esta cuestión revela un desprecio alarmante por la memoria histórica y la importancia de los recursos nacionales. No solo se trata de una cuestión técnica o administrativa: la hidroeléctrica es un símbolo de cómo la Argentina ha sido históricamente saqueada y entregada a intereses externos. Y en lugar de revertir esta tendencia, Milei la reafirma y acelera.
A medida que avanza esta política de entreguismo, crecen las voces de rechazo y preocupación entre expertos, sectores sociales y ambientalistas que ven en estas decisiones un retroceso gravísimo. La hidroeléctrica de Lago Escondido no debería ser un trofeo para fortunas extranjeras, sino un recurso gestionado con responsabilidad pública para asegurar la energía necesaria para el desarrollo sostenible del país.
Este caso debería abrir una discusión urgente sobre el rumbo energético y económico que Argentina está tomando. ¿Queremos un país al servicio de grandes capitales internacionales o una nación que recupera y fortalece su soberanía para beneficio de todos? Las respuestas no son simples ni unívocas, pero el reconocimiento a Joe Lewis como propietario de esta hidroeléctrica deja poco lugar a dudas: el gobierno de Milei elige a quién sirve y bajo qué lógica.
En definitiva, este episodio es una muestra más de la contradicción que define hoy a la administración Milei: un discurso de libertad y defensa del pueblo que se desvanece frente a la realidad de una política que regala el patrimonio nacional a la voracidad del mercado global. Y mientras tanto, los argentinos, de a pie, miran cómo se diluye su derecho a decidir sobre lo que les pertenece.
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