Revolución Federal: el juicio a medida que podría blindar al clan Caputo y dejar impune la trama detrás del odio. Mientras el Gobierno de Javier Milei pregona transparencia y fin de la casta, la Justicia avanza hacia un juicio parcial contra Revolución Federal, omitiendo investigar vínculos económicos con la familia del ministro Luis Caputo, en una causa que huele a encubrimiento y a miedo de hurgar donde más duele.
Aunque hay pruebas oficiales que revelan pagos millonarios sin justificación de Caputo Hermanos a Jonathan Morel, referente de la organización ultraderechista Revolución Federal, la Justicia parece encaminarse a un juicio limitado que solo abordará los ataques y amenazas, dejando afuera cualquier exploración sobre quién financió la violencia política que precedió el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
Cuerpo:
La causa que involucra a Revolución Federal (RF) se encuentra en la cornisa de convertirse en otro expediente fragmentado, donde la verdad se secciona quirúrgicamente para proteger a los poderosos. Esta agrupación de ultraderecha, cuyos miembros vociferaron sobre matar a Cristina Fernández de Kirchner y colocar bombas en la Casa Rosada, está cerca de ser enviada a juicio oral, pero solo por los actos de violencia callejera y amenazas públicas. La parte verdaderamente incómoda —la que roza el dinero, los nombres importantes y los posibles lazos con el poder económico— podría quedar, una vez más, enterrada en un limbo judicial.
Y es aquí donde late el escándalo que nadie parece querer destapar: el financiamiento de RF a través de pagos millonarios de Caputo Hermanos, la empresa familiar del hoy ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. No se trata de chismes, sino de datos documentados en peritajes contables oficiales. Según esos estudios, Caputo Hermanos le transfirió a Jonathan Morel, un carpintero autodidacta de Boulogne que aprendió el oficio mirando YouTube, cifras que superan el 10% o hasta el 40% del valor de mercado por muebles encargados, curiosamente, en el mismo periodo en que RF llevaba adelante sus actos más virulentos.
Las fechas resultan escalofriantes: los pagos comenzaron en mayo de 2022, justo cuando Revolución Federal irrumpía en la escena pública, guillotina y antorchas en mano, y se extendieron hasta dos días antes del atentado fallido contra Cristina. ¿Casualidad? Difícil de creer cuando se observan los detalles de la operación. La narrativa que se ha difundido es casi grotesca por lo inverosímil: Rosana Caputo, hermana del ministro, habría pasado por el diminuto taller de Morel —sin siquiera cartel a la calle—, y luego le habría encargado el amoblamiento completo de 60 departamentos en Añelo, Neuquén, incluyendo respaldos, mesas, sillones y hasta cortinas. Un pedido que claramente sobrepasaba la capacidad de producción de Morel, quien terminó tercerizando buena parte del trabajo y hasta facturando a nombre de su novia y una socia recién inscriptas en la AFIP.
No es un invento. El peritaje contable del Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales indica que el valor facturado fue casi un 11% superior al precio mínimo de mercado y más de un 10% por encima del máximo. Hubo pagos por más de 15 millones de pesos, con sobreprecios imposibles de justificar, y costos que ni siquiera contemplaron fletes de más de 1200 kilómetros ni los pasajes de avión del propio Morel. Pese a semejante evidencia, nadie de Caputo Hermanos ha sido llamado siquiera a declarar, y mucho menos a indagatoria.
Esto huele mal. Huele a pacto de silencio, a temor de que indagar sobre el dinero conduzca directo a las entrañas de un poder económico y político que hoy ostenta resortes clave en el Gobierno libertario. En lugar de profundizar la pesquisa, el juez Marcelo Martínez de Giorgi propone elevar parcialmente la causa, dejando fuera el capítulo financiero. Es el mismo modus operandi que usó la jueza María Eugenia Capuchetti en la causa del atentado a CFK: mandó a juicio a Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo por intento de homicidio agravado, pero amputó cualquier exploración sobre la autoría intelectual o financiamiento detrás del intento de magnicidio. Así, la pista que podría llevar a eventuales cerebros o financistas quedó en un expediente residual que se pudre sin avances.
No es menor recordar que algunos líderes de RF —Jonathan Morel y Leonardo Sosa— mostraron simpatía por La Libertad Avanza más de un año después de sus primeras acciones violentas. Sosa, de hecho, asistió a la Cámara de Diputados invitado por la libertaria Lilia Lemoine, aunque terminó repudiado y retirándose tras ser identificado como parte de ese grupo que llevó horcas, guillotinas y amenazas a las calles. Allí no se hablaba sólo de consignas políticas: gritaban “cárcel o bala” para el kirchnerismo, se metían a escupir e insultar legisladoras porteñas, increpaban a dirigentes como Juan Grabois o Jorge Ferraresi, y hasta le gritaban a Victoria Donda que tendría “el mismo destino que sus viejos desaparecidos”.
Es imposible analizar el fenómeno RF sin mencionar su retórica inflamatoria, reproducida en Twitter Spaces bajo títulos que parecían salidos de un thriller conspirativo: “No llegan a diciembre”, “12 años e inhabilitación perpetua”, “Y si nos volvemos montoneros”, entre otros. La violencia verbal fue el preludio perfecto del atentado fallido que, de puro milagro, no terminó en magnicidio. El propio Sabag Montiel confesó haber marchado con RF antes de gatillarle en la cara a Cristina. Y, sin embargo, ni la jueza Capuchetti ni la Cámara quisieron jamás unir esos expedientes, como si la conexión entre los grupos extremistas y la violencia política pudiera disolverse por arte de magia judicial.
Resulta escalofriante pensar que Revolución Federal va camino a un juicio recortado, donde se juzgarán insultos, golpes y amenazas, pero no los millones que podrían explicar de dónde salía la plata para financiar toda esa puesta en escena. Mientras tanto, el Gobierno de Javier Milei se sacude la ropa hablando de “casta” y “corrupción”, pero guarda un silencio atronador cuando las sombras apuntan a uno de sus ministros más influyentes.
Aquí está la paradoja brutal de estos tiempos: la República se jacta de luchar contra la casta, mientras permite que expedientes cruciales se despedacen para que jamás se sepa quién paga, quién ordena y quién se beneficia de sembrar el odio. Porque lo que está en juego no es sólo la suerte de unos violentos de redes sociales: es la verdad sobre las conexiones entre el poder económico y la violencia política. Y en esa verdad puede estar la clave de por qué algunos ataques se convierten en magnicidios frustrados… y otros en silencios que todo lo cubren.
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