El Gobierno anunció que en septiembre lanzará un plan de descuentos y beneficios exclusivos para militares y sus familias. La iniciativa, bautizada “Familia militar”, alcanzará a más de un millón de personas entre personal en actividad, retirados, reservistas, civiles de las Fuerzas Armadas, veteranos de Malvinas y hasta alumnos de institutos de formación. Mientras millones de jubilados, docentes, estatales y trabajadores sobreviven con salarios pulverizados por la inflación y sin políticas de contención, el oficialismo decide otorgar un privilegio sectorial a quienes forman parte del aparato militar.
Según la versión oficial, el plan no costará dinero al Estado, ya que se financia con convenios con empresas privadas. Pero la maniobra es evidente: se entrega a las corporaciones un universo cautivo de clientes, garantizado por el Estado, que de esta manera construye un mecanismo de fidelización política disfrazado de beneficio social. Las rebajas incluirán alimentos, indumentaria, tecnología, turismo, transporte, medicamentos, espectáculos, bancos y seguros. Una canasta completa de privilegios en un país donde la mayoría no puede llenar la heladera, pagar el alquiler ni sostener los estudios de sus hijos.
La frutilla del postre es el gesto simbólico que busca instalar el Gobierno: que un cajero de supermercado, después de aplicar el descuento, le diga al militar “gracias por su servicio”. Se trata de una escenografía cuidadosamente planificada para reforzar la idea de que los uniformados merecen un trato diferencial, en un contexto en el que el poder político necesita consolidar su relación con las Fuerzas Armadas y garantizar su lealtad en tiempos de crisis.
El anuncio no es inocente ni neutro. Mientras se recortan fondos a las universidades, se ajusta la salud pública, se suspenden pensiones por invalidez, se eliminan programas sociales y se multiplican los tarifazos en luz, gas y transporte, el Gobierno abre un canal de privilegios para el sector militar. Es un Estado selectivo que premia a quienes considera funcionales a su proyecto y castiga al resto de la sociedad, condenada a la intemperie del ajuste.
La decisión lleva la firma de Luis Petri, actual ministro de Defensa y candidato a diputado, que busca cerrar su gestión con un guiño hacia las Fuerzas Armadas. El timing político no podría ser más evidente: mientras se debilita el poder adquisitivo del pueblo trabajador, se inaugura una tarjeta de beneficios para militares que funciona como campaña electoral y como apuesta estratégica a consolidar un bloque de apoyo en uniforme.
La medida desnuda una contradicción brutal: en un país donde la pobreza crece, el desempleo golpea y la desigualdad se profundiza, el Gobierno elige priorizar descuentos en gimnasios, pasajes de avión y entradas a espectáculos para militares, mientras las familias comunes no llegan a fin de mes. El mensaje es claro: hay ciudadanos de primera y de segunda, y los primeros son quienes garantizan el orden y la represión si la calle explota.
Lo que se presenta como un plan de consumo no es más que un gesto político de disciplinamiento social. El Gobierno busca reinstalar a las Fuerzas Armadas como actores privilegiados y recompensados, no con aumentos salariales estructurales, sino con un sistema de prebendas simbólicas que refuerza la brecha con el resto de la población. En lugar de recomponer los ingresos de todos, se diseña un programa para premiar a pocos, consolidando así una lógica de exclusión y militarización del vínculo entre Estado y sociedad.
La pregunta de fondo es inevitable: ¿por qué se destinan energías a armar una tarjeta de beneficios para los militares mientras se abandona a jubilados, docentes y trabajadores a su suerte? La respuesta es obvia: porque el Gobierno ya eligió a quién proteger. Y no es al pueblo que sufre el ajuste.
Fuente:
https://www.diarionorte.com/311727-el-gobierno-prepara-un-sistema-de-descuentos-y-beneficios-para-militares-y-sus-familias
David
Las Familias militares, también son el pueblo