El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó un millonario crédito para sanear una zona de Luján, pero nunca se ejecutó la obra. La empresa beneficiaria está vinculada a Nicky Caputo y el pago completo fue autorizado por la actual funcionaria del gobierno de Javier Milei. En medio del discurso anticasta y las denuncias de corrupción del pasado, un episodio compromete a una de las figuras clave del oficialismo. Leila Gianni firmó el aval para que se giraran 16 millones de dólares a una empresa que no hizo absolutamente nada. La obra jamás se ejecutó.
El gobierno nacional habla de transparencia, ajuste, racionalidad económica. Denuncia la fiesta de los que vivieron del Estado, promete cortar privilegios y persigue a quienes, dice, han vaciado las arcas públicas. Sin embargo, entre las filas más cercanas al presidente Javier Milei, emerge un caso que expone la hipocresía de ese discurso: un contrato por 16 millones de dólares otorgado a una empresa vinculada al empresario Nicolás “Nicky” Caputo, que jamás ejecutó la obra de saneamiento en Luján para la cual se destinó el dinero. Y la firma autorizante fue nada menos que la de Leila Gianni, actual secretaria Legal y Técnica de la Presidencia.
El proyecto formaba parte de una línea de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), específicamente pensada para obras de infraestructura crítica. En este caso, el objetivo era el saneamiento de una zona del municipio de Luján, una necesidad urgente por razones sanitarias, ambientales y sociales. Pero el dinero no llegó a transformarse en obra. El financiamiento fue cobrado íntegramente, y en el terreno no se movió una sola piedra.
La empresa adjudicataria fue Consulbaires S.A., una firma estrechamente ligada al entorno empresarial de Nicky Caputo. Según consta en la documentación oficial, el 100% del monto fue autorizado para su pago, sin avances físicos, sin controles efectivos, sin siquiera una rendición de gastos que justifique semejante desembolso. ¿Quién firmó esa autorización? Leila Gianni.
El dato no es menor. Por entonces, Gianni era funcionaria del Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, bajo la gestión de María Eugenia Vidal. Su rúbrica avaló que el dinero del préstamo internacional fuera liberado en su totalidad, aunque la empresa no había hecho nada. No se trata de un pago por etapas, ni de un adelanto condicionado: se giró todo, y no se ejecutó nada.
Hoy, Gianni ocupa un lugar estratégico en la administración libertaria. Es quien revisa cada letra de los decretos y leyes del presidente, una funcionaria que actúa como una pieza clave en la arquitectura legal del gobierno. En cada intervención mediática, se muestra como una cruzada contra la corrupción, como adalid de la transparencia. Pero en su prontuario institucional aparece esta mancha enorme: la validación de una transferencia millonaria por una obra inexistente.
Ni desde el gobierno actual ni desde el entorno de Gianni se han dado explicaciones. No hay respuestas oficiales, no hay aclaraciones públicas, no hay apertura de auditorías, ni investigaciones administrativas o judiciales que arrojen luz sobre lo ocurrido. Lo que sí hay es una funcionaria premiada, con más poder que nunca, mientras la obra de Luján sigue siendo una promesa incumplida y el dinero, un misterio sin resolver.
Resulta particularmente alarmante que esta situación se mantenga impune en el marco de un gobierno que, con retórica bélica, ataca a sindicatos, recorta presupuestos universitarios y asfixia económicamente a los sectores más vulnerables bajo la excusa de «ordenar las cuentas». ¿Qué orden puede haber si se encubre una operación de este calibre dentro de la propia estructura oficial?
La falta de consecuencias para Gianni no solo lanza un mensaje de permisividad. También revela el doble estándar con el que opera el poder: hay castigo para quienes defienden derechos, pero silencio para los amigos del poder económico y político. El caso de Luján no es un simple olvido técnico o una demora burocrática. Es la prueba concreta de que 16 millones de dólares del BID fueron asignados, cobrados y jamás utilizados para el fin previsto. Y que quien facilitó esa maniobra hoy maneja los resortes legales del Estado nacional.
La libertad, esa palabra tantas veces invocada por el oficialismo, debería empezar por garantizar justicia e igualdad ante la ley. Pero cuando se trata de los propios, todo queda bajo la alfombra. Luján no tiene su obra de saneamiento, pero la empresa adjudicataria sí tiene su dinero. Y Leila Gianni tiene su despacho en la Casa Rosada.
- Una empresa vinculada a Nicky Caputo cobró 16 millones de dólares por una obra fantasma en Luján
- El gobierno de Milei mantiene en un alto cargo a la funcionaria que avaló el pago total de una obra que no se ejecutó
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