Mientras la periodista Mariel Fitz Patrick expone el posible remate del patrimonio de la ex presidenta, omite deliberadamente datos clave: la pericia oficial que desmiente los sobreprecios y desnuda el lawfare detrás de la condena.
El artículo de Infobae describe con detalle los bienes que podrían ser embargados a Cristina Kirchner si no paga el decomiso dispuesto en la causa Vialidad. Pero ignora información fundamental: un informe técnico judicial cuestiona las cifras de presuntos sobreprecios y desarma las bases de la condena. La nota reproduce el relato acusatorio sin mostrar que la causa está lejos de estar firme y se sostiene en números hoy profundamente discutidos.
La nota publicada en Infobae el 15 de julio de 2025 bajo la firma de Mariel Fitz Patrick es, en apariencia, una pieza informativa. Bajo el título “Todos los bienes que le podrían rematar a Cristina Kirchner si no paga su decomiso en la causa Vialidad”, expone con minuciosidad el listado de propiedades, cuentas bancarias, plazos fijos e incluso detalles personales como el vehículo híbrido que posee la ex presidenta.
El texto relata el proceso judicial como un hecho consumado: la condena por administración fraudulenta, el cálculo de $684.000 millones en concepto de decomiso y la inminencia de un remate sobre bienes de Cristina Kirchner, sus hijos y otros condenados.
Sin embargo, la nota es profundamente incompleta y sesgada.
Omisión clave: la pericia que desarma el relato de los sobreprecios
El principal problema es lo que Infobae no dice. El artículo ignora la existencia de un dato fundamental: la pericia técnica oficial incorporada a la causa Vialidad, que expone que no hubo sobreprecios generalizados en las obras adjudicadas en Santa Cruz.
Tal como reveló el portal Enorsai en su nota “El cálculo trucho de Gorini y Uriburu: la pericia que desarma la acusación por sobreprecios en la obra pública desnuda el lawfare contra CFK”, el estudio pericial determinó:
1. Que la mayoría de las obras se realizaron sin desvíos de costos significativos respecto de los valores de referencia oficiales.
2. Que el promedio de supuestos sobreprecios no alcanzó el 20% sostenido por la acusación, sino que fue nulo o marginal en gran parte de los contratos.
3. Que muchas de las obras interrumpidas no fueron consecuencia de maniobras fraudulentas, sino de falta de certificaciones o atrasos del propio Estado nacional.
Este informe pericial está incorporado en el expediente y fue admitido como prueba. No es un documento partidario ni periodístico: es parte del proceso judicial.
La omisión de Infobae de este elemento central transforma su nota en un relato de “sentencia firme”, cuando en realidad, la base económica de la condena está profundamente cuestionada.
Además, la nota no menciona otras cosas, tales como:
1. La defensa de Cristina Kirchner impugnó el cálculo del decomiso, señalando que se basa en cifras arbitrarias y sin sustento real.
2. Existen planteos de nulidad sobre la participación de los jueces y fiscales que intervinieron, denunciados por falta de imparcialidad tras haberse conocido sus viajes y reuniones privadas con figuras opositoras y empresarios mediáticos.
Este contexto es esencial para comprender que no hay certeza sobre la ejecución del decomiso ni sobre la solidez jurídica de la condena.
Un relato centrado en el patrimonio personal
Otro sesgo evidente en la nota de Infobae es el tono casi obsesivo con el patrimonio personal de la ex presidenta. Se detallan metros cuadrados, cuentas bancarias, sociedades, autos y hoteles. Se hace foco en cifras millonarias, transacciones inmobiliarias y movimientos bancarios.
Pero todo esto se exhibe sin una sola mención a la legalidad o ilegalidad de esas operaciones, ni a las resoluciones judiciales que las sobreseyeron o las mantienen bajo investigación.
La nota genera así una impresión de riqueza sospechosa, sin explicar que:
1. Buena parte de esos bienes no fueron objeto de condena firme.
2. Varios movimientos patrimoniales ocurrieron antes de que Cristina Kirchner fuera presidenta, como las compras de terrenos en Santa Cruz en los años 70 y 80.
3. Algunos bienes fueron donados en vida a sus hijos en 2016, lo cual, aunque usado por la acusación como argumento de presunta insolvencia fraudulenta, es un acto legítimo en términos legales, salvo que se demuestre su finalidad delictiva.
Una narrativa funcional al lawfare
La estrategia comunicacional que refleja la nota de Infobae es la misma que caracteriza al lawfare:
Enfocar en el patrimonio personal para alimentar la percepción de enriquecimiento ilícito, aunque eso no esté firme judicialmente probado.
Omitir toda información exculpatoria, como la pericia técnica que desarma el cálculo de sobreprecios.
Presentar el proceso judicial como cerrado y definitivo, cuando en realidad sigue abierto y apelado.
Se trata de una narrativa que refuerza el sentido común de “culpabilidad previa”, dañando irreversiblemente la imagen pública de la ex presidenta, aun si eventualmente fuera absuelta.
Periodismo o construcción política
El periodismo tiene la obligación de informar todos los aspectos relevantes de una causa judicial, especialmente cuando se trata de un proceso que ha marcado la vida institucional del país.
La nota de Infobae es incompleta y sesgada porque omite deliberadamente los elementos que podrían relativizar el relato de corrupción y sobreprecios. Presenta una historia lineal de condena y remate de bienes, sin advertir que la propia justicia argentina tiene pericias que desmienten la base económica de esa condena.
Esa omisión no es menor. Es la diferencia entre periodismo y propaganda judicial.
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