Durante su campaña, José Luis Espert exigía mano dura y castigos ejemplares. Hoy, tras reconocer 200 mil dólares vinculado a Federico “Fred” Machado, se coloca frente al micrófono con lágrimas y victimismo, en un giro que desnuda su doble discurso.
El economista que portaba la bandera de la firmeza frente al delito ve cómo su propia credibilidad se derrumba. La admisión pública de haber recibido dinero de un empresario acusado por narcotráfico pone al descubierto una crisis moral que alcanzará no solo su futuro político, sino el relato del gobierno que lo respalda.
Durante años, José Luis Espert cultivó una imagen de severidad. En sus discursos de campaña, exigía “cárcel o bala” para quienes cometan delitos, un slogan extremista que trascendió lo simbólico para convertirse en emblema de su radicalismo en seguridad. Pero esa retórica lapidaria no era inocente: era parte esencial de su marca política. Ahora, cuando su nombre aparece en un escándalo por haber recibido fondos de un empresario ligado al narcotráfico, Espert se presenta en los medios con los ojos llorosos, intentando justificar lo injustificable. Esa transformación no sólo es incongruente, sino ofensiva para los votantes que creyeron en su discurso ético.
En los últimos días, los medios revelaron documentación que vincula a Espert con Federico “Fred” Machado. En un mensaje grabado, el candidato admitió que recibió 200 mil dólares de Machado, preso en la Patagonia con pedido de extradición por delitos relacionados con narcotráfico. Según él, esa transferencia no se relaciona con la campaña electoral ni con su función pública, sino que respondería a un contrato de asesoría privada con una empresa minera vinculada al empresario. La versión no convence.
Pero lo más impactante no es la cifra: es su actuación pública frente al conflicto. En una conferencia radial, Espert se quebró. Con voz temblorosa, dijo estar “roto” por dentro, acusó a Juan Grabois de destruir su nombre y expresó angustia por el daño causado a su familia. Buscó encarnar la figura de víctima, mientras su argumento central quedaba reducido a: “Yo jamás quise recibir fondos de un narco”. “Ni en pedo sabía que era narco”, llegó a decir, argumentando ingenuidad.
El cinismo de esa postura salta a la vista si uno recuerda que Espert fue denunciado previamente por su frase “cárcel o bala”, que busca incitar dureza extrema contra quienes considera enemigos ideológicos. Ahora, cuando la acusación lo salpica personalmente, el discurso que él promovía se convierte en una espada que podría alcanzarlo. ¿Cómo puede exigir castigos draconianos para los demás, cuando él mismo está imputado por recibir fondos de un actor sospechado de narcotráfico? La contradicción es flagrante.
Otro aspecto revelador es su defensa pública. En una de sus reacciones, Espert declaró: “Nunca devolví la plata, pero cuando supe que era narco no le agarré un mango más”. Ese “pero” lo delata: admite que se benefició del dinero, pero que —según él— se acabó su relación con Machado en el momento en que descubrió la acusación. Esa frase trivializa el hecho de haber aceptado fondos de alguien que considera luego un personaje despreciable. Un político con dignidad no acepta dinero del narco aunque diga desconocerlo; menos aún cuando su campaña se funda en la demarcación moral del que “no es como los otros”.
La exposición del caso Espert no se limita a las versiones emocionales de un hombre quebrado: los documentos que comenzaron a difundirse constituyen evidencia concreta. La Nación, por ejemplo, reveló registros oficiales del Bank of America que muestran una transferencia por 200 mil dólares desde una firma vinculada a Machado, Wright Brothers Aircraft Title Inc., a una cuenta relacionada con Espert. La operación no figura como “honorarios” o contrato legítimo en los registros declarativos de Espert. Esa disparidad entre lo que afirma y lo que muestran los papeles es lo que más deslegitima su defensa.
El respaldo que recibe de Javier Milei tampoco es gratuito. En medio de la tormenta, el presidente decidió sostenerlo públicamente, etiquetando las acusaciones como “operaciones políticas” o “chimentos de peluquería”. Esa protección revela que Espert no es un outsider incómodo, sino una pieza estratégica dentro del proyecto libertario. Y que, cuando las piezas se ensucian, el sistema las tapará. Eso convierte la lógica moralista de este gobierno en algo frágil: si la justicia no toca a los suyos, ¿Qué valor tiene esa prédica de transparencia que tanto pregonaron?
La reacción en redes sociales fue inmediata y brutal. La imagen digital de Espert se desplomó. En plataformas digitales, las menciones negativas dominaron: “narco”, “lavado”, “traición” entre las palabras más repetidas. Para alguien que quería mostrarse como un “liberal honesto”, ese derrumbe es demoledor. Además, dentro de su propio espacio político crecen los rumores de voces disidentes que proponen que baje la candidatura para evitar que el daño se extienda al conjunto del oficialismo.
Las contradicciones de Espert no solo lo debilitan a él, sino que animan la narrativa crítica contra el gobierno de Milei. ¿Cómo sostener un discurso antisistema, anticorrupción y de mano dura, si sus principales voceros resultan estar involucrados en acusaciones de narcotráfico? Esa tensión no es accidental: es estructural. Y el caso Espert revela que la pureza moral que prometieron es sustancia gaseosa frente a los escándalos.
En definitiva, José Luis Espert pasó de predicar leyes duras y cero tolerancia al delito, a llorar frente a un micrófono mientras trata de explicar una operación que compromete su propia ética. Esa metamorfosis no es digna de piedad ni de compasión: es una lección cruda de lo que ocurre cuando el discurso duro choca con la imposibilidad de vivirlo. Y en esa colisión, el que más pierde no es él —aunque su carrera podría quedar devastada—, sino los ciudadanos que tenían derecho a exigir coherencia de quien aspiraba a representarlos.
Fuentes:
Deja una respuesta