El abogado y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quedó nuevamente en el centro de la polémica en redes sociales tras ser interpelado por usuarios que le recordaron una promesa incumplida. “Hola @fargosi, ¿cómo le va? Ayer se comprometió mirando a cámara a borrar esta fake news y aún no lo hizo. Me parece que se olvidó. Buen sábado”, le escribió el periodista Diego Iglesias, exponiendo la contradicción entre su discurso público contra la desinformación y su práctica cotidiana en la red.
El mensaje apunta directamente a una publicación falsa difundida por Fargosi en su cuenta de X (ex Twitter), que él mismo había admitido como errónea tras ser desmentida, pero que nunca eliminó. La actitud no solo revela la falta de coherencia de uno de los voceros mediáticos del oficialismo libertario, sino también el doble estándar con el que ciertos referentes pretenden manipular la conversación pública bajo la apariencia de “defensores de la verdad”.
Mientras el gobierno de Javier Milei sostiene un discurso de persecución hacia medios y periodistas críticos acusándolos de “propagar fake news”, buena parte de su entorno político y comunicacional hace exactamente lo contrario: instala falsedades, las amplifica con bots y luego deja que el algoritmo haga su trabajo, aunque la información haya sido refutada. La omisión de Fargosi —que no es casual ni inocente— funciona como ejemplo de una práctica cada vez más común: lanzar mentiras que nunca se corrigen porque el daño comunicacional ya está hecho.
El episodio reaviva el debate sobre la responsabilidad de figuras públicas con llegada masiva en redes sociales, especialmente en un contexto donde las fake news operan como armas políticas y donde la desinformación se ha convertido en política de Estado. En ese terreno, Fargosi no es un simple usuario: es un engranaje más de una maquinaria que busca moldear la opinión pública a fuerza de manipulación, cinismo y fake news.
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