Mientras el presidente Javier Milei se envuelve en discursos de pureza institucional, un jet privado asociado a la inteligencia nacional viajó siete veces a la Argentina con cargas sin control, contratos millonarios, vínculos con Trump y la sospechosa compra de Flybondi. La investigación judicial que involucra al empresario Leonardo Scatturice y su red de sociedades expone una trama de vuelos sin control, negociados con la SIDE para operar como lobbistas ante Donald Trump, contratos multimillonarios con el Estado y una llamativa relación con la ultraderecha global. Todo en el marco de un gobierno que dice combatir la «casta», pero parece estar formando una propia, más opaca y peligrosa.
No fue un episodio aislado. No fue una casualidad. Y mucho menos una confusión administrativa. El Bombardier 5000, el jet privado vinculado al empresario argentino Leonardo Scatturice, ingresó siete veces a la Argentina en pocos meses, en operaciones marcadas por el secretismo, la ilegalidad flagrante y el blindaje institucional. El vuelo que generó el escándalo mediático el 26 de febrero, con valijas sorteando los controles del Aeroparque Jorge Newbery, fue apenas la punta del iceberg de una operación más profunda, más peligrosa y mucho más reveladora del entramado político-empresarial que orbita alrededor del gobierno de Javier Milei.
Las imágenes son categóricas: Laura Belén Arrieta —íntima de Scatturice y parte central de sus sociedades— descendiendo del avión, recibiendo un teléfono, hablando con “alguien de arriba” y cruzando con diez bultos sin pasar por el escáner. Una escena que retrata, con precisión quirúrgica, el desprecio por la legalidad que suele esconderse detrás de las cortinas del discurso libertario. Porque mientras el presidente demoniza a la «casta», sus aliados ingresan al país con valijas invisibles a los ojos del Estado.
Pero lo más grave es lo que esas valijas simbolizan. El vínculo entre Scatturice y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) no es una conjetura: está documentado. A través de su empresa Tactic COC LLC, constituida en Miami, Scatturice firmó un contrato con la SIDE para actuar como lobbista ante el gobierno de Donald Trump. Una suerte de embajada paralela, montada con fines políticos y económicos que rozan el delirio geopolítico. Lo paradójico es que mientras en Estados Unidos la ley obliga a registrar públicamente los contratos de lobby, en Argentina se encubren con fondos reservados.
El acuerdo con la SIDE fue, oficialmente, de 10 mil dólares mensuales. Pero basta observar que el mismo Tactic COC LLC cobra 200 mil dólares por un contrato similar con Vietnam para inferir que los números reales del pacto con la Argentina son otros. El diputado Rodolfo Tailhade, en su presentación ante los fiscales de la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA), lo dijo sin eufemismos: es probable que exista otro contrato, no declarado, y financiado con fondos secretos del Estado. Un circuito que se presta al lavado, al espionaje y al financiamiento paralelo de estructuras políticas ultraconservadoras.
Porque aquí no se trata solo de aviones y valijas. Se trata de una red de poder que mezcla negocios públicos y privados, lobbismo disfrazado de representación institucional y operaciones políticas con eje en la ultraderecha global. La CPAC (Conservative Political Action Conference), espacio de articulación de figuras como Donald Trump y Javier Milei, se transformó en CPAC Argentina Inc., una empresa registrada por Scatturice que busca monetizar la ideología de la extrema derecha como si se tratara de un producto más en la góndola del capitalismo salvaje.
Las sociedades involucradas —Tactic, OCP Tech, COC Global, Royal Class, Surjet— funcionan como piezas de un engranaje diseñado para sacar provecho político y económico. No es casualidad que los protagonistas de esta trama, entre ellos Laura Arrieta, Víctor Du Plooy y Soledad Cedro, se repitan en los contratos con el Ministerio de Economía, con ARCA y con la SIDE. Tampoco es casualidad que hayan sido pasajeros frecuentes del Bombardier, incluso después del escándalo. Cambiar la matrícula de la aeronave —de N18RU a N100LA— fue una jugada burda para intentar despistar, pero no suficiente para frenar la investigación fiscal.
La maniobra es tan grotesca como efectiva. Durante los días en que el avión estuvo detenido en Buenos Aires —en uno de sus vuelos permaneció 13 días, lo cual representa un costo altísimo en la aviación privada— el Ministerio de Economía adjudicó contratos por 2.500 millones de pesos a sociedades del mismo círculo. Como quien paga favores, o como quien financia una campaña con el presupuesto del Estado. En paralelo, Milei confirmaba su presencia en la CPAC Miami, completando el círculo de favores cruzados.
El rostro de esta operación, sin embargo, no aparece en los vuelos. Scatturice se mantiene al margen, quizás por sus problemas legales derivados de viejas internas en la SIDE —como su presunta participación en la grabación ilegal de Juan José Gómez Centurión durante su paso por la Aduana— o por otras causas no menos turbias. Pero su sombra lo cubre todo: desde el hangar de Royal Class hasta los salones del Hotel Hilton, donde los protagonistas de esta historia posan con Matt Schlapp, Barry Bennett y, por supuesto, Javier Milei.
Lo que queda claro es que en estos vuelos no solo viajaron personas, sino intereses. Y que las valijas que no pasaron por los scanners no solo ocultaban objetos, sino secretos. Secretos de Estado, secretos de negocios, secretos de una política que se jacta de transparente mientras opera en la oscuridad. Y, por si fuera poco, la sospechosa adquisición de Flybondi por parte de COC Global —otra empresa de Scatturice— agrava el panorama. Tailhade no lo esquiva: plantea que no se puede descartar que parte de los fondos reservados canalizados a través de la SIDE hayan servido para financiar la compra de la aerolínea.
Estamos ante un sistema paralelo de poder, lubricado con dinero público y encubierto bajo la bandera del antikirchnerismo, del liberalismo extremo y de la supuesta eficiencia empresarial. Lo que esta trama revela es que La Libertad Avanza no vino a romper con la casta, sino a instalar una nueva: más inescrupulosa, más internacionalizada y peligrosamente ligada a sectores de inteligencia, negocios opacos y fundamentalismo político.
Y aunque la investigación está en curso, el silencio oficial retumba. Mientras tanto, los aviones siguen llegando. Las valijas siguen pasando. Y el gobierno, como si nada, continúa hablando de libertad.
Fuente:
Deja una respuesta