La Agencia Nacional de Discapacidad atraviesa uno de los escándalos más graves de los últimos años, un caso que no solo expone corrupción estructural, sino que vuelve a poner en el centro una pregunta inquietante: ¿Cómo terminó el abogado personal del Presidente de la Nación involucrado en una trama de coimas, sobreprecios y direccionamiento de compras que perjudicó directamente a personas con discapacidad? El expediente en manos de la fiscalía de Franco Picardi describe un entramado donde se desviaron más de 43.000 millones de pesos, una cifra brutal que explica por qué este caso sacude al sistema político.
Todo estalló cuando se filtraron los audios atribuidos a Diego Orlando Spagnuolo, director de la ANDIS entre 2024 y 2025, y abogado de Javier Milei desde 2021. Fue nombrado sin experiencia previa en el área, pero con una cercanía política que abrió puertas y silenció reparos internos. En esas grabaciones se mencionan coimas del tres por ciento para garantizar contratos millonarios, una confesión cruda que instaló en los medios el apodo que marcaría el ritmo de la causa: “la banda del 3%”. La salida de Spagnuolo del organismo en agosto de 2025 confirmó que la situación era insostenible. Pero el daño ya estaba hecho y el nombre del abogado presidencial continuó siendo el rostro visible de una red que lucró con medicamentos esenciales.
El dictamen del fiscal Picardi detalla cómo operaba esta estructura que funcionaba como un Estado paralelo dentro de la propia ANDIS. Spagnuolo autorizaba que personas sin cargo, sin nombramiento oficial y sin responsabilidades administrativas accedieran a información privilegiada, manipularan compulsa de precios, manejasen sistemas informáticos internos y tomaran decisiones públicas desde la informalidad absoluta. La agencia, destinada a asistir a personas vulnerables, había sido ocupada por un grupo de operadores que actuaban desde oficinas privadas, domicilios particulares y bares del sur porteño. La naturalidad con la que tomaban decisiones sobre pagos millonarios revela no solo el desprecio por la función pública, sino el clima de impunidad que los amparaba.
Uno de esos operadores era Pablo Atchabahian, exfuncionario de la ANDIS con fuertes vínculos con laboratorios y droguerías. Aunque no formaba parte de la estructura formal del Estado, tenía acceso directo a funcionarios, y daba órdenes a Daniel María Garbellini, entonces director de Acceso a los Servicios de Salud, para frenar pagos, direccionar compras y beneficiar a empresas cercanas. Su influencia se extendía hasta laboratorios como Roche S.A.Q.E.I. y droguerías como Genesis S.A., con las que mantenía relaciones comerciales que ahora están bajo investigación. Atchabahian y Spagnuolo eran, tal como se desprende de los documentos judiciales, dos caras del mismo problema: operadores sin control actuando a costa de recursos destinados a las personas con discapacidad.
En este entramado también aparece con fuerza la figura de Miguel Ángel Calvete, un actor central del negocio farmacéutico, vinculado a firmas como Independcomm S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A. Según la fiscalía, Calvete se reunía periódicamente con Spagnuolo y Garbellini y tenía operadores propios dentro del organismo, como Lorena Di Giorno y Eduardo Nelio Gonzalez. Su pareja, Guadalupe Muñoz, habría sido la encargada de mover grandes sumas de dinero en efectivo para sostener el circuito de pagos indebidos. La red era tan aceitada que permitía a proveedores externos controlar pagos, compulsa de precios y adjudicaciones desde afuera del organismo, con un nivel de coordinación que muestra que nada era improvisado.
Las empresas beneficiadas —Droguería Profarma S.A., Genesis S.A., New Farma S.A. y Floresta S.A.— recibieron adjudicaciones millonarias durante el período investigado. Estas firmas mantienen conexiones comerciales, accionarias y personales que la fiscalía reconstruyó como parte de un circuito donde los pagos inflados y las licitaciones direccionadas eran norma y no excepción. La relación entre estos privados y los funcionarios de la ANDIS deja en evidencia cómo se vació la finalidad social de un organismo creado para garantizar derechos esenciales.
Dentro de la agencia, operadores como Luciana Ferrari —vinculada al laboratorio Roche— gestionaban tickets, anticipaban compulsa de precios y transmitían información sensible a Atchabahian y Garbellini. Matías Javier Palotti, por su parte, seguía órdenes para despedir empleados “sin piedad” y mantenía lazos directos con Profarma S.A., lo cual refuerza el nivel de subordinación de los recursos humanos de la ANDIS a intereses ajenos al Estado.
Mientras tanto, firmas como Suizo Argentina lograban adjudicaciones reiteradas con sobreprecios de más del cien por ciento en medicamentos oncológicos y de alta complejidad, concentrando más de la mitad de los insumos de alto costo entregados durante el primer semestre de 2024. El círculo se cerraba con retornos ilegales y favores cruzados entre funcionarios y empresarios. Y en el centro de todo ese sistema seguía apareciendo, una y otra vez, el nombre de quien fue nada menos que el abogado personal del Presidente.
Es imposible subestimar el impacto político y moral que tiene esta vinculación. Que una causa por desvío multimillonario de fondos públicos involucre al exdirector de la ANDIS sería grave en cualquier circunstancia. Pero el hecho de que ese funcionario haya sido simultáneamente el abogado del Presidente de la Nación multiplica la dimensión del escándalo y obliga a preguntarse por los mecanismos de control, las responsabilidades políticas y la ética con la que se manejan recursos destinados a los sectores más vulnerables. No es una acusación menor: es la sospecha de que un hombre de extrema confianza presidencial manejó contratos, pagos y decisiones dentro de un organismo clave mientras se mencionaban coimas para garantizar negocios privados.
La causa, que continúa bajo la órbita del juez Sebastián Casanello, sigue en una etapa incipiente, pero ya acumula evidencia contundente: audios, chats, contratos irregulares, vínculos comerciales y testimonios que describen un cuadro de corrupción sistémica. No hay condenas firmes, pero sí un diagnóstico claro: durante meses, la ANDIS fue utilizada como una caja accesible para un grupo de funcionarios, operadores y empresarios que actuaron sin límites. Y en el centro de esa red —según la fiscalía, según los audios y según los documentos— aparece uno de los nombres que más debería incomodar al poder político: el abogado del Presidente y las coimas.
El desafío ahora es que la justicia avance sin presiones, que los responsables enfrenten las consecuencias y que el Estado recupere la credibilidad que perdió. Porque detrás de las cifras, los audios y las maniobras hay algo mucho más profundo: miles de personas con discapacidad que dependen del Estado para vivir con dignidad y que fueron traicionadas por quienes debían protegerlas.
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