El abogado constitucionalista denuncia el desprecio presidencial hacia la ley jubilatoria y la Constitución, y advierte sobre graves consecuencias legales si el Poder Ejecutivo se niega a promulgar una norma ya ratificada por el Congreso. Con un tono mordaz, Eduardo Barcesat desnudó la peligrosa deriva institucional del gobierno de Javier Milei. Acusa al presidente de creerse por encima de las leyes y anticipa que la negativa a promulgar la ley jubilatoria sería un acto ilegal que podría llevar a una denuncia judicial.
Eduardo Barcesat no se anda con vueltas. Y si algo ha quedado claro en su entrevista con Andrea Recúpero en AM530, Somos Radio, es que su paciencia con Javier Milei está tan erosionada como la estabilidad institucional que, según él, el presidente está decidido a dinamitar. “Milei es un mequetrefe con total desconocimiento institucional”, disparó sin anestesia el reconocido abogado constitucionalista, dando un nombre y un adjetivo a una preocupación que circula hace meses en ámbitos políticos y jurídicos: que el presidente argentino cree gobernar por decreto, ignorando los límites que le impone la Constitución.
No es solo un insulto ni una chicana. Barcesat despliega con rigurosidad jurídica las razones de su juicio. Y en el fondo, la palabra “mequetrefe” duele porque exhibe algo más profundo: la sensación de que Argentina se encuentra en manos de un líder que, lejos de someterse a las reglas republicanas, actúa como si la ley fuera un capricho o una sugerencia. Y eso, en la interpretación de Barcesat, no solo es grave, sino potencialmente ilegal.
El detonante de sus palabras es la ley jubilatoria aprobada recientemente, que el gobierno de Milei se niega a promulgar. Para Barcesat, la cuestión es meridianamente clara: “Como la ley de jubilación fue ratificada, debe ser promulgada. Si el Poder Ejecutivo no la promulga se puede hacer una denuncia legal.” No se trata de una mera formalidad: el constitucionalista subraya que “no hay posibilidad de veto porque ha pasado dos veces por el Congreso”. En otras palabras, el Poder Legislativo hizo lo que debía. Y ahora el Ejecutivo tiene la obligación, no la opción, de cumplir.
El meollo del asunto radica en que Javier Milei, en opinión de Barcesat, está actuando como si el Congreso fuera un apéndice decorativo de su voluntad. “Milei se cree por sobre las leyes y la Constitución”, denuncia, cargando de gravedad política y jurídica la controversia. Cada palabra de Barcesat suena a campanazo de alerta: en su visión, lo que está en juego no es una ley específica sino la arquitectura entera del Estado de Derecho. Porque si un presidente puede desconocer lo votado por el Congreso, el equilibrio de poderes pasa de ser la esencia de la República a un papel pintado.
Las afirmaciones de Barcesat no se quedan en el terreno teórico. Va más allá y es contundente sobre la validez de la sesión parlamentaria que aprobó la ley jubilatoria. “Intentaron invalidar la sesión pero la única autoridad facultada es el propio Congreso. Funcionó y lo que sucedió no puede ser anulado por ninguna otra autoridad.” Es decir, cualquier argumento del gobierno sobre supuestas irregularidades es, en su visión, puro humo. Y advierte: “Ambas cámaras del Congreso de la Nación tienen que mantener su postura tal como fue enviado al Poder Ejecutivo.”
Barcesat, conocedor minucioso de la Constitución Nacional, subraya un punto esencial: “Para la Constitución lo normal es que el poder legislativo sea el que envía proyectos.” Nada más elemental, pero que se convierte en revolucionario en un contexto donde el Ejecutivo parece querer gobernar a fuerza de decretos y redes sociales. Para él, es absurdo que Milei pretenda desconocer la voluntad parlamentaria, sobre todo cuando el texto legal pasó dos veces por las cámaras y se convirtió en ley por mayoría.
El constitucionalista también exhibe confianza en que los senadores no claudicarán ante las presiones. “No creo que quiebren la doctrina del acto propio los senadores”, sostiene, en referencia a la doctrina jurídica que impide a una autoridad desdecirse de sus propios actos cuando esos actos generaron consecuencias legales. Así, Barcesat pinta un escenario en el que la institucionalidad todavía tiene salvaguardas, aunque cada día parezca pender de un hilo más fino.
Sus referencias al senador Mayans son igualmente reveladoras. Señala que el legislador “le puso en claro al vicepresidente del Senado cuáles son sus atribuciones”, como si dentro de la propia Cámara Alta hubiera también quienes buscan resistir los embates de un Ejecutivo ansioso por concentrar poder. Y aquí asoma un dato político relevante: la pulseada no es solo entre Milei y la oposición, sino también al interior de las instituciones donde persisten resquicios de republicanismo.
Lo inquietante es la naturalidad con la que el presidente parece desdeñar estas barreras. La frase de Barcesat de que “Milei se cree por sobre las leyes y la Constitución” encapsula el núcleo del temor democrático que recorre amplios sectores políticos y jurídicos: que el mandatario no reconoce límites, ni de la ley ni de las formas. Para quienes valoran la división de poderes como garantía frente al autoritarismo, la advertencia no puede ser más seria.
Por eso, el abogado constitucionalista no se limita a una crítica retórica: ofrece un cauce jurídico ante la amenaza. Si el presidente se niega a promulgar la ley jubilatoria, anticipa que se podrá “hacer una denuncia legal”. Y aunque reconoce la incertidumbre y complejidad de los tiempos políticos, insiste en que la institucionalidad tiene recursos para defenderse. No se trata de una pelea menor: la propia Constitución está en juego.
La crudeza con la que Barcesat define a Milei como “mequetrefe” no es solo un exabrupto. Es el síntoma de un cansancio colectivo ante un gobierno que, en lugar de fortalecer la República, la desafía cada día. Su intervención no es un mero comentario radial: es, en rigor, un llamado a la acción política y jurídica. Y aunque todavía quede en el aire cierta esperanza de que las instituciones resistan, su diagnóstico es tan severo como certero: el presidente, al creerse por encima de la ley, está jugando con fuego.
La frase de Barcesat retumba, filosa y lapidaria. Porque lo que está en juego no es sólo una ley jubilatoria, sino algo mucho más grande: la continuidad de un sistema republicano que se basa en la incómoda pero indispensable premisa de que nadie, ni siquiera un presidente, está por encima de la Constitución. Y en tiempos en que el poder ejecutivo parece tentado de ignorar las reglas, el grito de alerta de Barcesat suena más necesario que nunca.
Fuente:
- Entrevista con Barcesat en AM530, Somos Radio.
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