Diputados debate el financiamiento universitario y la emergencia del Garrahan en una sesión clave contra el ajuste de Milei

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La Cámara de Diputados se prepara para una sesión trascendental en la que se debatirá el financiamiento del sistema universitario nacional y la emergencia del Hospital Garrahan. La oposición, unida en su rechazo a los recortes libertarios, apunta a frenar el desmantelamiento del Estado que impulsa Javier Milei, en un Congreso que se ha transformado en el principal frente de batalla contra la motosierra presidencial.

Este miércoles al mediodía, la Cámara de Diputados se convertirá en el epicentro de una disputa feroz entre el proyecto de desguace estatal que impulsa Javier Milei y una oposición que, aunque diversa, ha logrado encontrar una causa común: frenar la demolición planificada del sistema público argentino. La convocatoria, impulsada por bloques como Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y representantes provinciales, tiene un objetivo urgente y vital: aprobar el financiamiento de las universidades públicas y declarar la emergencia del Hospital Garrahan.

Mientras Milei se escuda tras vetos autoritarios que buscan borrar de un plumazo leyes aprobadas por el Parlamento —incluidas aquellas que garantizan derechos jubilatorios y la asistencia a personas con discapacidad—, la oposición busca abrir una rendija en la pared de intransigencia libertaria. La sesión no tratará directamente esos vetos, debido a la falta de los dos tercios requeridos, pero es el primer gran paso para acumular voluntades y volver a colocarlos en agenda.

Lo que sí se pondrá sobre la mesa es un temario cargado de urgencias reales, no ficticias como las que obsesionan a la Casa Rosada. En primer lugar, el proyecto elaborado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que propone una recomposición presupuestaria para las casas de altos estudios del país, apunta a elevar el financiamiento al 1% del PBI. Además, plantea el pago de una suma extraordinaria para la creación de carreras estratégicas y la apertura de negociaciones paritarias para docentes y no docentes, con cláusulas de actualización trimestral ajustadas al índice de inflación.

Este reclamo no es nuevo, pero se ha vuelto impostergable ante la asfixia presupuestaria impuesta por el Gobierno de La Libertad Avanza. En apenas ocho meses, Milei no solo redujo drásticamente las partidas para gastos de funcionamiento, sino que despreció públicamente el rol de la universidad pública en la construcción del conocimiento y el desarrollo nacional. Lo hizo con la soberbia del que cree que puede dinamitarlo todo y salir impune. Pero el Congreso, esta vez, podría marcarle un límite.

Otro de los focos del debate será la crítica situación del Hospital Garrahan, símbolo de la salud pediátrica en Argentina. El proyecto de emergencia busca garantizar los recursos necesarios para sostener la atención de los menores y la dignidad laboral del personal médico, incluyendo residentes nacionales, cuya recomposición salarial no podrá ser inferior —en términos reales— a la de noviembre de 2023. Se trata de un grito desesperado ante el vaciamiento de una institución que ha sido orgullo de la salud pública y que hoy enfrenta un ahogo presupuestario deliberado.

Pero la sesión no se limita a estos dos ejes. El temario incluye también la declaración de emergencia del sistema nacional de Ciencia y Tecnología, otra víctima del ajuste indiscriminado de Milei, que considera la producción científica un gasto innecesario. Y aunque el oficialismo intentará trabar el tratamiento de proyectos que requieren dos tercios, como los que refieren a la redistribución de impuestos y los Aportes del Tesoro Nacional —impulsados por los gobernadores de las 23 provincias y CABA—, la oposición ya anticipó que, de ser necesario, emplazará a las comisiones presididas por el oficialismo para que traten los dictámenes pendientes.

La arremetida opositora también incluye un tema espinoso para el Gobierno: la comisión investigadora del escándalo LIBRA. Este organismo, que debía indagar sobre la estafa cripto que involucra al entorno más íntimo del Presidente, fue bloqueado sistemáticamente por el oficialismo, que ahora pretende darlo por clausurado. La oposición planea modificar su reglamento de funcionamiento, forzando su reactivación y dejando en evidencia la desesperación del Gobierno por tapar los rastros de la corrupción que lo rodea.

El debate también abordará una batería de decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados por el Ejecutivo que apuntan a la disolución o fusión de organismos clave en cultura, transporte, salud y economía. Entre ellos se encuentra el DNU 345, que reforma el Instituto Nacional del Teatro, el Sanmartiniano, la Comisión de Monumentos Históricos y elimina entidades como el Instituto sobre Juan Manuel de Rosas. El desmantelamiento no es selectivo, es ideológico: busca borrar huellas, identidades, memorias.

Otro DNU que la oposición quiere derogar es el 340/25, que desregula la Marina Mercante y clasifica numerosas actividades económicas como “esenciales”, una maniobra que cercena derechos laborales básicos como la huelga. Estas decisiones, lejos de ser actos de modernización institucional, representan el avance de un autoritarismo económico que solo beneficia a los grandes grupos concentrados.

En este contexto de alta tensión legislativa, el rechazo al veto presidencial de la ley que declaraba la emergencia en Bahía Blanca y Coronel Rosales —por los desastres causados por la inundación— podría convertirse en uno de los puntos más simbólicos de la jornada. Ya fue rechazado por el Senado y ahora la Cámara baja tiene la oportunidad de reafirmar su compromiso con la gente y no con los caprichos del Ejecutivo.

Eso sí, los vetos más polémicos —los que afectaron a jubilados y personas con discapacidad— quedarán para una próxima sesión. La oposición quiere garantizar los votos necesarios para insistir con estas leyes y evitar que el Gobierno las sepulte por falta de quórum. En palabras de la diputada Paula Penacca, se trata de una estrategia pensada para no permitir que el Ejecutivo imponga su lógica del “todo o nada”.

Porque, como advirtió el diputado Oscar Agost Carreño, lo que está en juego es mucho más que un conjunto de leyes vetadas. Es la independencia del Congreso frente al autoritarismo del Poder Ejecutivo. “El Presidente puede vetar, pero no puede imponer cómo se vota la insistencia. La Constitución le da al Congreso la última palabra, y puede hacerlo ley por ley”, sentenció el legislador.

El miércoles se juega una partida crucial. No es solo un debate parlamentario más. Es una confrontación directa entre dos modelos de país: uno que cree en el Estado como garante de derechos, y otro que lo considera un enemigo a destruir. Lo que se discute no es el financiamiento de una universidad o un hospital. Lo que está en juego es si permitimos que un gobierno elegido democráticamente utilice su legitimidad para vaciar de contenido esa misma democracia.

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