Un proyecto en la Cámara de Diputados expone el entramado de favores, recortes y posibles conflictos de interés que podrían haber debilitado deliberadamente la defensa argentina en el juicio millonario por la expropiación de YPF. La diputada nacional por Unión por la Patria, Eugenia Alianiello, exige explicaciones al Poder Ejecutivo por una serie de maniobras oscuras alrededor del caso YPF, incluyendo despidos masivos en áreas estratégicas del Estado, vínculos entre funcionarios y los litigantes, y la disolución de estructuras claves bajo el pretexto del ahorro. La sospecha de traición a los intereses nacionales sobrevuela la Procuración del Tesoro.
En medio de la brutal ofensiva del gobierno de Javier Milei contra el Estado, una denuncia se abre paso con la fuerza de una bomba de tiempo: la posible filtración de información sensible desde la Procuración del Tesoro hacia el fondo buitre Burford Capital, en el marco del juicio por la expropiación de YPF. No se trata de una mera irregularidad administrativa. Lo que está en juego es la soberanía económica del país, y detrás de la fachada de austeridad libertaria, lo que se vislumbra es un entramado de complicidades, recortes a medida y favores a privados que podrían haber hipotecado, una vez más, el futuro de la Argentina.
El proyecto de resolución fue presentado en la Cámara de Diputados por María Eugenia Alianiello, diputada nacional por la provincia de Chubut, integrante del bloque Unión por la Patria, con mandato vigente hasta 2025. Alianiello no solo pone la lupa sobre un entramado jurídico-administrativo, sino que se atreve a cuestionar con fuerza la orientación general del gobierno en materia de defensa del interés público. Lo que exige es una respuesta clara, concreta y urgente del Poder Ejecutivo a través del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla, y del síndico general de la Nación.
La acusación no es menor: se sospecha que desde el propio organismo encargado de defender jurídicamente al Estado argentino partió información clasificada que terminó en manos del litigante internacional. Burford Capital, ese sofisticado carroñero financiero que opera con el elegante disfraz de “financista de litigios”, es el mismo que compró por monedas los derechos de la quebrada Peterson Energía para luego demandar a la Argentina por miles de millones en tribunales estadounidenses.
Y no estamos hablando de una simple torpeza o desliz burocrático. La Procuración del Tesoro es el organismo histórico creado por Dalmacio Vélez Sarsfield en 1863, nada menos que para proteger el patrimonio del Estado frente a amenazas internas y externas. Hoy, ese bastión aparece golpeado, intervenido y reducido por decreto. El gobierno emitió el 475/2025 con el cual desmanteló parte de su estructura, eliminó la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado —un pilar en la formación de cuadros técnicos capaces de litigar en defensa del país— y ejecutó el despido de 60 funcionarios. ¿Quiénes eran? Justamente aquellos vinculados a áreas clave, como la Dirección de Asuntos y Controversias Internacionales. Más que una reestructuración, parece una purga quirúrgica.
El relato oficial habla de “optimización de recursos” y “reducción de costos”. ¿Pero a qué costo? ¿Y para beneficio de quién? Mientras el gobierno saca pecho con sus metas de ajuste, lo que realmente ocurre es un debilitamiento deliberado del músculo legal del Estado, justo cuando enfrenta uno de los juicios más trascendentes de su historia reciente. La creación del nuevo Centro para el Fortalecimiento de la Abogacía Pública (CEFAP) como reemplazo de la escuela disuelta es, por ahora, una nebulosa. No hay parámetros claros sobre su eficacia ni garantías de que pueda suplir la pérdida de conocimiento institucional que se produjo. Todo suena a maquillaje.
Pero el dato más escandaloso del proyecto radica en el vínculo directo entre el Procurador del Tesoro y el bufete privado involucrado en la causa. Santiago Castro Videla es socio del estudio jurídico “Bianchi, Galarce y Castro Videla”. Uno de sus socios, el abogado Alberto Bianchi, fue convocado por Burford Capital como testigo experto a favor de su demanda contra Argentina, participando en la audiencia ante la jueza Loretta Preska en Nueva York. El nivel de contradicción ética y política es tan obsceno como evidente: un funcionario público encargado de defender al país comparte estudio con quien declara en su contra en tribunales internacionales. ¿Cómo es posible semejante incompatibilidad sin que nadie en el Ejecutivo levante una ceja?
Desde el gobierno, el silencio ha sido la única respuesta. No hay explicaciones ni informes. No hay transparencia ni rendición de cuentas. Solo hay decretos, despidos, destrucción institucional y un relato épico sobre la “reconstrucción de la nación” que se desmorona frente a los hechos. ¿Qué se reconstruye despidiendo a quienes deben defendernos judicialmente en el exterior? ¿Qué se fortalece disolviendo las estructuras estatales que garantizan la continuidad técnica de la defensa pública?
El proyecto de la diputada Alianiello exige también que se detalle el impacto presupuestario del decreto 475, las medidas disciplinarias adoptadas tras las sospechas de filtración y los protocolos de seguridad implementados para proteger datos estratégicos. No se trata de tecnicismos: son las piezas que faltan para entender si este gobierno está siendo funcional, por omisión o por acción, a los intereses de quienes buscan seguir saqueando al Estado argentino en nombre de contratos rotos, privatizaciones y disputas judiciales internacionales.
Este escándalo, como tantos otros, se da en un contexto donde Milei ha decidido gobernar con motosierra en mano y sin control democrático. Cada organismo técnico, cada estructura estatal, cada escuela pública o archivo nacional parece ser blanco de su cruzada ideológica. No hay institucionalidad que resista semejante lógica destructiva. Y mientras tanto, los fondos buitre hacen su juego.
La gravedad del caso YPF no se mide solamente por los millones en juego. Lo que se pone en discusión es la capacidad del Estado para defenderse a sí mismo, para hacer valer su soberanía y para garantizar que no existan funcionarios que operen en las sombras de sus despachos en connivencia con los enemigos del interés nacional. Las sospechas de que desde el seno del gobierno se haya favorecido al demandante en un juicio de tal magnitud no pueden ser barridas debajo de la alfombra. Necesitamos luz, datos, documentos y explicaciones.
Porque si algo queda claro en este momento es que el gobierno de Milei no solo recorta, sino que —en su lógica anarco-capitalista— deja expuesto al país a los mismos poderes financieros que se enriquecen cuando Argentina se debilita. Un Estado desarmado es la mejor noticia para los buitres. Y todo indica que alguien se ocupó de abrirles la puerta desde adentro.
Fuente:
https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=3898-D-2025
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