Mientras Milei y Bullrich denuncian golpes institucionales, sus tuiteros favoritos claman por tanques, bombas y milicias populares para arrasar el Congreso. Entre impunidad, show mediático y violencia, el gobierno cultiva un ejército digital que cruza peligrosamente la línea de lo legal.
En una Argentina que se estremece ante el ajuste feroz de Javier Milei, la ultraderecha libertaria exhibe sin tapujos su costado más brutal: desde redes sociales, sus voceros oficiosos piden abiertamente la intervención militar, la destrucción del Congreso y la formación de milicias populares. Mientras tanto, el Gobierno se victimiza denunciando golpes institucionales, pero calla ante las amenazas de sus aliados digitales. La justicia, otra vez, mira para otro lado.
Hay que dinamitar el Congreso. Sacar los tanques a la calle. Armar milicias populares para cerrar el Parlamento. No son delirios anónimos escritos por algún loco suelto en un sótano. Son mensajes furibundos que surgieron este jueves desde cuentas ligadas al corazón digital del gobierno de Javier Milei, en plena sesión del Senado que debatía proyectos sociales que al Presidente le resultan intolerables: aumento para jubilados, moratoria previsional, emergencia en discapacidad y fondos para las provincias. Las palabras no fueron elegidas al azar, sino cargadas de pólvora, listas para incendiar la pradera del odio que Milei y sus voceros digitales siembran desde hace meses.
En el ring digital, se lucieron dos personajes que no son ningunos desconocidos para la Casa Rosada: Fran Fijap y Gordo Dan. No se trata de simples influencers libertarios, sino de piezas estratégicas en la maquinaria de agitación oficialista, con vínculos que llegan hasta el propio Milei. Y no es menor el detalle: son perfiles a los que el mandatario sigue, replica o cita, otorgándoles legitimidad y un estatus casi de voceros no oficiales. Por eso la bomba que lanzaron el jueves no puede leerse como un exabrupto aislado. Es una advertencia: el gobierno, aunque se vista de institucionalista, se rodea de soldados digitales dispuestos a invocar violencia extrema contra las instituciones de la democracia cuando algo no le gusta.
Mientras Patricia Bullrich y Guillermo Francos agitaban el fantasma de un supuesto golpe institucional, sus gladiadores digitales gritaban que había que sacar los tanques y dinamitar el Congreso. A las 15.45, Gordo Dan, con la épica bélica tatuada en su timeline, escribió: “Los tanques a la calle ya. Es ahora.” No se quedó ahí: pidió F-16 sobrevolando el Congreso, strikers por Avenida 9 de Julio, y se regodeó en un lenguaje militarista que recuerda a lo peor de la historia argentina. Poco después, otro tuitero, El Trumpista, planteó que Milei debería organizar milicias populares y entregar armas a la ciudadanía para cerrar el Congreso. Y Fran Fijap, como si se tratara de un videojuego, propuso directamente volar el Palacio Legislativo con diputados y senadores adentro. Nada más y nada menos.
La democracia argentina, tan herida por décadas de autoritarismo, se enfrenta hoy a una paradoja grotesca: un gobierno que se presenta como paladín de la libertad mientras permite –y tal vez alienta– llamados a la violencia institucional desde cuentas de sus propios militantes digitales. La pregunta resulta inevitable: ¿qué pasaría si estas amenazas provinieran de militantes kirchneristas, sindicalistas o movimientos sociales? La respuesta la conocemos de memoria: Bullrich ya habría ordenado detenciones, y los canales oficialistas estarían transmitiendo en cadena nacional el “complot rojo”.
Pero con los libertarios ocurre lo contrario: la justicia calla, el gobierno silba bajito y Milei finge demencia. La primera en romper ese silencio fue la senadora Juliana di Tullio, quien desde el recinto denunció la existencia de un ejército digital financiado, según ella, con plata de jubilados, discapacitados y gobernadores. Detrás de esa denuncia hay algo más que retórica parlamentaria: este viernes, dos abogados mendocinos presentaron una denuncia penal en la justicia federal, acusando a Parisini (Gordo Dan) y Antunes Puchol (Fran Fijap) de intimidación pública, instigación a delinquir y apología del crimen. Pidieron investigar si reciben fondos de la Casa Rosada. Y ahí está el quid de la cuestión: no se trata sólo de discursos violentos, sino de la posible conexión directa entre esos tuiteros y los recursos públicos manejados por el Ejecutivo.
La idea de que Gordo Dan y compañía son meros tuiteros se desmorona con sólo repasar sus antecedentes. En noviembre pasado, ellos mismos se definieron como el “brazo armado” de La Libertad Avanza durante un acto en la Sociedad Italiana de San Miguel. Después, cuando la polémica se encendió, intentaron matizar el concepto: dijeron que su única arma es el celular, “la más poderosa de la humanidad”. Pero esta semana demostraron que ese celular también dispara llamados a la violencia física, no sólo a la virtual. Incluso, durante la tarde del viernes, circuló un video difundido por C5N que muestra a Parisini arriba de un tanque, aparentemente grabado en Campo de Mayo durante un evento de la empresa Bersa, donde Victoria Villarruel se paseaba armada y practicando tiro. Todo muy pintoresco… si no fuera escalofriante.
Mientras tanto, la justicia federal parece abrazada a la doble vara. Andrés Gil Domínguez, constitucionalista, lo dice sin rodeos: están incurriendo en varios tipos penales y atentando contra el artículo 36 de la Constitución. Y Myriam Bregman mete el dedo en la llaga: cuando se trata de críticos al gobierno, basta un tuit irónico para que los metan presos. Así lo sufrió un mozo detenido por tuitear contra Milei, liberado sólo porque el juez Ariel Lijo se negó a convalidar la locura represiva. Sin embargo, cada vez que es la tropa libertaria la que vocifera llamados a la violencia, el aparato judicial parece entrar en un coma inducido. Como si existieran ciudadanos con licencia para delinquir y otros condenados por un retuit.
La impunidad hiede. Eduardo Tavani, presidente de la APDH, lo pregunta con razón: “Si las expresiones que promovían el uso de la violencia estatal contra el Congreso Nacional, efectuadas por seguidores de Milei, no son delito, ¿qué son?”. Tavani se pregunta dónde está el Ministerio Público Fiscal y por qué el Estado no actúa cuando se trata de sus propios aliados. Mientras, la gente común, esa que se cansa de remarla para llegar a fin de mes, se queda con la certeza de que hay un poder que puede decir y hacer lo que se le canta, blindado por el aparato judicial.
En definitiva, no se trata sólo de redes sociales. Lo que está en juego es el corazón mismo de la democracia argentina. Porque cuando desde el gobierno se toleran –o se alientan– llamados a la violencia institucional, se cruza una línea peligrosísima que no admite medias tintas. Los tanques no son memes graciosos. Dinamitar el Congreso no es una figura literaria. La Argentina ya sabe lo que ocurre cuando el autoritarismo, disfrazado de épica libertaria, decide que las instituciones le sobran. Y aunque Milei se presente como un león solitario, lo cierto es que hoy tiene un ejército digital –y tal vez algo más– dispuesto a empuñar tanques reales o virtuales para imponer su voluntad.
La pregunta, a esta altura, es quién va a frenar esta escalada. O, peor todavía, si alguien va a hacerlo antes de que sea demasiado tarde.
Fuente:
Deja una respuesta