En el marco de la demanda colectiva que se tramita en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, se encendieron las alarmas tras detectarse movimientos en cuentas virtuales que habían sido congeladas en mayo pasado, vinculadas al caso de la criptomoneda $LIBRA, impulsada públicamente por el presidente Javier Milei en febrero. A raíz de estas novedades, los abogados de los damnificados pidieron a la jueza federal Jennifer Louise Rochon que cite a declarar al principal creador del token, Hayden Mark Davis, y también a Benjamin Chow, quien figura como responsable de la parte técnica y operativa del proyecto.
La causa, que investiga un presunto esquema fraudulento, había logrado hasta ahora el congelamiento de cerca de 280 millones de dólares generados por $LIBRA, además de unos 58 millones en la stablecoin USDC, ordenando a empresas como Circle Internet Financial retener esos fondos. Sin embargo, el abogado Omar Hurlock, representante de uno de los damnificados, denunció en las últimas horas que varias de esas billeteras virtuales registraron actividad, a pesar de la orden de la justicia estadounidense, lo que podría suponer intentos de mover activos bajo investigación.
Ante la jueza Rochon, el equipo legal de los damnificados solicitó que Davis y Chow sean interrogados bajo juramento para que expliquen detalles clave sobre el funcionamiento y la administración de las billeteras vinculadas al token. Especialmente, exigen saber si existen sistemas automatizados, llamados “bots”, para mover fondos o si se crearon nuevas billeteras para desviar el dinero congelado. También se pidió la entrega de documentación que acredite las operaciones y la estructura de manejo de $LIBRA.
La criptomoneda $LIBRA irrumpió en el mercado con una abrupta y estruendosa subida impulsada, en parte, por la mención que le dedicó el presidente Milei en redes sociales y apariciones públicas. No obstante, pocos días después, el token se desplomó, dejando atrapados a alrededor de 75.000 inversores que denunciaron pérdidas millonarias. Para los denunciantes, se trató de un clásico esquema de “rug pull”, es decir, una estafa en la que los desarrolladores inflan el precio de un activo digital para luego vender masivamente y dejar el proyecto vacío de valor.
Ahora, el foco de la causa está puesto en establecer responsabilidades individuales. Los querellantes consideran esencial escuchar a Davis y Chow antes de la audiencia prevista para el 19 de agosto, donde la jueza podría decidir medidas más severas o incluso extender el alcance de la investigación a otras jurisdicciones. La sospecha que sobrevuela es que los creadores de $LIBRA podrían estar intentando eludir el congelamiento judicial y mantener acceso a fondos cuyo destino sigue siendo incierto.
El avance de la causa en Estados Unidos se suma a las denuncias que se tramitan en la Argentina, donde también se investiga la posible comisión de delitos como estafa, tráfico de influencias y abuso de autoridad, vinculados no solo a los desarrolladores del token, sino también al impacto político que tuvo la promoción presidencial del proyecto.
La causa, que ya dejó expuesto el riesgo de inversiones en criptoactivos promovidos con discursos políticos, se encamina ahora hacia semanas clave, mientras la justicia intenta dilucidar el destino de millones de dólares y definir si la criptomoneda $LIBRA fue realmente una herramienta financiera legítima o el rostro moderno de una estafa de gran escala.
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