El episodio que desató la furia del andamiaje mediático y del gobierno de Javier Milei no fue una foto, aunque intenten instalarlo. No fue la instantánea tomada en San José 1111, ni la presencia de nueve jóvenes economistas, ni el hecho de que sus propuestas representaran el trabajo colectivo de más de ochenta profesionales comprometidos con pensar un Modelo Económico Nacional productivo y federal para el Siglo XXI. Nada de eso explica la reacción coordinada, casi coreográfica, del aparato mediático que el oficialismo utiliza como un brazo de presión política. Lo que realmente molestó fue otra cosa: que en un país devastado por las políticas libertarias desde el 10 de diciembre de 2023, alguien se atreva a discutir un proyecto de desarrollo que desnuda la magnitud del desastre económico que genera Milei.
La escena es simple y transparente. Una reunión autorizada por el Tribunal, como todas, sin irregularidades ni maniobras. Jóvenes economistas que presentan ideas y diagnósticos, algo esperable en cualquier país donde pensar su economía no sea viewed as una amenaza. Sin embargo, apenas la foto circuló, el “bestiario mediático” —como describe certeramente la autora del texto original— lanzó una ofensiva destinada a deformar un acto institucional y convertirlo en escándalo. La crítica fue pueril: que había “mucha gente”, que se estaba “haciendo política”, que era impropio, sospechoso, inconveniente. Todo dicho en tono acusatorio, como si el simple hecho de hablar sobre la economía argentina fuera un delito contra los deseos del gobierno nacional.
Pero el dato revelador, el que deja en evidencia la operación, aparece cuando la autora recuerda que el 26 de septiembre había recibido a siete personas —con foto incluida— entre ellos dirigentes estudiantiles de la FES y la UES, sin que nadie montara un circo mediático. Ese mismo día se reunió, también con foto pública, con los seis candidatos a legisladores de Fuerza Patria por la Ciudad. Y otra vez: ni un murmullo, ni una nota editorial, ni un ataque en cadena. Todo pasó desapercibido, como corresponde en un país que respeta mínimamente las instituciones y comprende que la política es, ante todo, diálogo y construcción democrática.
Entonces, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué esta reunión detonó titulares vociferantes y una indignación tan artificial que cuesta creer que haya alguien dispuesto a tomarla en serio? La respuesta está en el corazón del conflicto: la discusión sobre un Modelo Económico Nacional. Eso es lo que incomoda. Lo que los sectores del poder económico y mediático no toleran es que, mientras Milei profundiza un ajuste brutal, aparezca una propuesta capaz de poner en evidencia la magnitud del daño que provocan sus políticas. El oficialismo puede tolerar fotos, reuniones, candidatos, dirigentes estudiantiles… pero no una agenda económica que contradiga su dogma y que, sobre todo, exponga sus resultados catastróficos.
Los datos son contundentes. Desde noviembre de 2023 hasta agosto del año siguiente, desaparecieron 19.164 empresas, a un ritmo escalofriante de casi 30 por día. En el mismo período se destruyeron 276.624 puestos de trabajo registrados, lo que significa que más de 432 personas por día quedaron sin empleo como resultado directo de la política económica de Milei. En cualquier país serio esto sería un escándalo nacional, un llamado de emergencia, un motivo para replantear el rumbo. En la Argentina mileísta, en cambio, la respuesta es perseguir a quienes analizan alternativas.
Resulta paradójico —y al mismo tiempo previsible— que incluso el “peor gobierno peronista”, uno atravesado por una pandemia global sin precedentes, lograra mejores resultados en términos de empleo y sostenimiento de unidades productivas que esta administración que presume de eficiencia, tecnocracia y “expertise” económica. El contraste no es ideológico; es empírico. Las cifras hablan más fuerte que cualquier eslogan libertario, y el gobierno teme justamente eso: que la realidad irrefutable desmonte el relato que intentan imponer.
Por eso Milei y su estructura mediática asociada celebran la supuesta “baja de la inflación”, pero omiten explicar que esa baja relativa —que ni siquiera alcanza los niveles de diciembre de 2015— se sostiene en una recesión brutal, en el derrumbe del salario real, en el congelamiento de ingresos y en un dólar artificialmente planchado. La autora del texto lo resume con crudeza: “más que de economista experto, es de aprendiz de carnicero”. La frase es incisiva, provocadora y sincera, porque lo que se está haciendo con la economía argentina no responde a una estrategia sofisticada, sino a una carnicería social que corta por donde sea, sin evaluar daños, sin considerar consecuencias y sin reparar en los millones de personas afectadas.
Mientras tanto, el bestiario mediático no sólo señala, sino que ordena. Y el bestiario judicial acata. La autora exhibe la obscenidad de esta dinámica con una mezcla de ironía y desesperación cívica. ¿Qué clase de república se puede sostener si los medios dictan sentencias y los jueces asienten, si las operaciones mediáticas se convierten en decisiones judiciales, si el poder económico utiliza a los tribunales como un dispositivo para disciplinar políticamente a quienes cuestionan el rumbo del país? La transparencia institucional se desvanece cuando el periodismo se comporta como fiscal y el Poder Judicial como redactor de prensa de los grupos concentrados.
Ante este cuadro, la autora deja caer una propuesta tan provocadora como reveladora: “¿Por qué no dejamos que directamente Clarín y La Nación firmen las sentencias?”. No es un exabrupto. Es una denuncia política. Una forma de mostrar que, si la Justicia ha renunciado a su independencia, entonces al menos debería dejar de disimularlo. El planteo es mordaz, pero también profundamente serio: ¿cuánto puede resistir una democracia cuando uno de sus poderes fundamentales queda sometido a los intereses corporativos que moldean la agenda mediática?
El artículo original, al que esta nota se ciñe estrictamente, muestra que la reacción del gobierno libertario no se debe a supuestos excesos en una foto, ni a reuniones “políticas”, ni a cuestiones protocolares. Lo que realmente detonó la furia oficialista fue el solo hecho de que alguien discutiera un modelo económico alternativo, uno que defiende la producción, el federalismo, el empleo y la reconstrucción del tejido social destruido por Milei. Lo que irritó al gobierno es que se hable de crecimiento en un país donde el Presidente celebra el cierre de empresas como si fueran daños colaterales necesarios para la épica del ajuste.
En el fondo, lo que molesta es que alguien ponga en palabras la verdad que tanto incomoda al oficialismo: la economía argentina se está pulverizando bajo las políticas libertarias. Y que, además, alguien lo haga respaldado por datos, por profesionales, por propuestas, por un proyecto de país que no acepta el dogma del sacrificio permanente. El gobierno y su constelación mediática prefieren difamar una foto antes que enfrentar el debate que verdaderamente importa. Prefieren el espectáculo antes que la discusión de fondo. Prefieren inventar un conflicto antes que responder por las miles de empresas cerradas, los puestos de trabajo destruidos y la caída generalizada de la actividad económica.
El problema nunca fue la foto. Fue —y sigue siendo— la economía. Y el miedo tremendo del gobierno a que la sociedad empiece a mirar los números reales, esos que ningún relato libertario puede maquillar, esos que muestran que el supuesto “ordenamiento” de Milei es, en realidad, la demolición más profunda del tejido productivo desde la crisis del 2001.
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