Un grupo de legisladores advirtió sobre la posible negligencia de la ANMAT en el control del fentanilo producido por el laboratorio HLB Pharma Group S.A., sustancia que habría provocado la muerte de 76 pacientes en hospitales del país. La denuncia revela un sistema debilitado y peligrosamente vulnerable.
La Cámara de Diputados de la Nación recibió un proyecto de declaración que no debería pasar desapercibido en un país que convive con un Estado cada vez más debilitado en sus funciones básicas. Los diputados Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego, Esteban Paulon, Margarita Stolbizer, Danya Tavela, Marcela Antola, Paula Oliveto Lago, Juan Manuel López y Julio Cobos expresaron su alarma y máxima preocupación por lo que describen como una posible negligencia imperdonable de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La acusación es directa y brutal: la falta de controles podría estar relacionada con la muerte de al menos 76 pacientes, intoxicados por fentanilo contaminado producido por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.
No se trata de una denuncia más, sino de un llamado urgente a tomar conciencia de cómo la fragilidad de las instituciones se traduce en tragedias humanas. El proyecto señala que los laxos controles de la ANMAT, en un área tan sensible como el manejo de opioides, dejaron al descubierto un sistema endeble, incapaz de garantizar la seguridad de medicamentos de altísimo riesgo. La advertencia es clara: mientras el Gobierno de Javier Milei insiste en desmantelar el Estado bajo la retórica de la eficiencia y el recorte, lo que se expone es la vida de los argentinos. Setenta y seis muertes no son un número abstracto, son la prueba más dolorosa de un Estado ausente o, peor aún, indiferente.
La investigación judicial a cargo del Juzgado Federal N°3 de La Plata muestra un panorama que aterra. La vulnerabilidad del sistema de control argentino en drogas sintéticas como el fentanilo y la efedrina no es nueva, pero se agrava año tras año. El expediente revela que el último control de la ANMAT al laboratorio HLB Pharma Group S.A. fue en 2018. Siete años de vacío, en un rubro donde cada omisión equivale a abrir la puerta a la catástrofe. La funcionaria Andrea Rey, responsable del Departamento de Sustancias sujetas a Control Especial del Instituto Nacional de Medicamentos, reconoció ante el juzgado que la falta de inspecciones responde a la carencia de recursos y personal. Un argumento que desnuda con crudeza lo que significa la política de ajuste: recortar presupuesto en áreas vitales implica condenar vidas.
El proyecto también expone un costado aún más oscuro: la facilidad con que el fentanilo de uso clínico puede desviarse al mercado ilegal. Argentina, en lugar de blindarse contra ese riesgo, se convierte en un terreno fértil para la expansión del narcotráfico. Cada grieta en la trazabilidad de estas sustancias es un regalo para los circuitos criminales. Y en este caso, las grietas no son casuales, son el resultado directo de un Estado que, bajo el discurso de la austeridad, renuncia a cumplir con su obligación básica: cuidar a su población.
Lo más inquietante es que incluso en las pocas inspecciones realizadas por la ANMAT en los últimos años, se detectaron irregularidades en el laboratorio HLB Pharma Group S.A. durante 2024 y 2025. Sin embargo, en lugar de clausurar la empresa o retirarla del circuito productivo, las autoridades permitieron que siguiera operando. La conclusión es inevitable: cuando el Estado mira hacia otro lado, las empresas saben que la impunidad está garantizada. Y los pacientes terminan pagando con su vida el precio de esa connivencia.
A la precariedad de los controles se suman las sombras sobre el origen mismo de la materia prima. El proyecto subraya que existen contradicciones en la documentación y las declaraciones oficiales sobre quién proveía el citrato de fentanilo al laboratorio. En algunos documentos figura la empresa argentina CONIFARMA, en otros aparece la sudafricana Fine Chemicals Corporation. Esa falta de claridad dinamita el concepto mismo de trazabilidad, que debería ser la piedra angular en el control de sustancias tan delicadas. Si ni siquiera está claro de dónde proviene la materia prima, ¿qué garantías pueden tener los pacientes de que lo que se les administra es seguro?
La declaración presentada en el Congreso no solo acusa, también interpela. Afirma con contundencia que la lucha contra la corrupción y contra el tráfico ilegal de drogas es incompatible con la destrucción o el debilitamiento de áreas del Estado que existen justamente para evitar estas tragedias. Y tiene razón. El vaciamiento de organismos como la ANMAT no es un detalle técnico, es una decisión política que pone en riesgo la vida de la población. La excusa del ahorro fiscal se convierte, en este caso, en una sentencia de muerte.
La negligencia, además, no se limita a la falta de recursos. El texto advierte sobre la posibilidad de que existan empleados infieles dentro de la propia estructura estatal, capaces de garantizar impunidad a cambio de favores o beneficios. Si a la falta de personal y presupuesto se le suma la corrupción, el resultado es devastador: un sistema incapaz de cumplir con su función esencial, donde las drogas adulteradas circulan sin obstáculos y las muertes se multiplican.
Este proyecto de declaración debería encender todas las alarmas. No se trata solo de un episodio aislado ni de un caso que pueda resolverse con un sumario administrativo. Lo que está en juego es la credibilidad de un organismo clave para la salud pública y, en definitiva, la confianza de la sociedad en que los medicamentos que recibe son seguros. La situación muestra con crudeza lo que significa un Estado debilitado, empujado al borde del colapso por un gobierno que confunde eficiencia con desprotección, y que reduce derechos con la excusa de ajustar cuentas fiscales.
Frade, Ferraro, Campagnoli, Borrego, Paulon, Stolbizer, Tavela, Antola, Oliveto Lago, López y Cobos ponen el dedo en la llaga. La negligencia de la ANMAT no es una simple falla burocrática: es la consecuencia de un modelo que desarma al Estado y lo vuelve incapaz de cuidar la vida de los ciudadanos. Setenta y seis muertes deberían bastar para despertar a una dirigencia que, hasta ahora, parece más preocupada por los números de la macroeconomía que por la tragedia silenciosa que se vive en los hospitales.
La pregunta que queda flotando es incómoda: ¿cuántas vidas más se perderán antes de que el Gobierno asuma que el Estado no puede retirarse de áreas estratégicas sin que eso signifique muerte, corrupción y descontrol? Mientras se siga debilitando a organismos como la ANMAT, lo único que puede esperarse es que las tragedias se repitan. Y cada nuevo fallecimiento será, de ahora en más, responsabilidad directa de quienes insisten en un modelo de desguace que ya mostró su cara más brutal.
Fuente: https://www4.hcdn.gob.ar/dependencias/dsecretaria/Periodo2025/PDF2025/TP2025/4355-D-2025.pdf
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