La renuncia de Ornella Calvete, hija de un empresario ligado al escándalo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), pone al descubierto un entramado de sobornos, sobreprecios y vínculos directos con figuras del círculo del presidente Javier Milei. El hallazgo de US$ 700.000 en su domicilio y mensajes que aluden a “3 % a KM” complican al Gobierno libertario y abren interrogantes sobre la profundidad del modus operandi.
La renuncia de Ornella Calvete funcionaria del Ministerio de Economía —anunciada el 18 de noviembre de 2025— sirve como detonante de un escándalo que sacude al Gobierno de Javier Milei. En el marco de la causa judicial que investiga una red de presuntas coimas en la ANDIS, Calvete, hija del empresario y operador clave Miguel Ángel Calvete, presentó su dimisión tras el operativo que encontró US$ 700.000 en efectivo en su domicilio, chats con su padre que revelan preocupación por el “cash blanco” y vínculos íntimos con un subsecretario de peso en el gobierno.
Ese hallazgo es apenas la punta de un iceberg de corrupción que, más allá de lo individual, revela un mecanismo sistemático de negocios estatales bajo la órbita del aparato público. Los elementos de la causa señalan que la ANDIS —en teoría destinada a garantizar derechos de personas con discapacidad— habría sido utilizada como caja chica, con contratos direccionados, sobreprecios de hasta 300 % en insumos médicos y un “retorno” implícito para quienes intervenían.
Calvete era, hasta su renuncia, Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía, cartera conducida por Luis Caputo. Este cargo la ubicaba en una posición de relevante influencia dentro del Estado. Pero lo que agrava el cuadro es su conexión personal con figuras del Gobierno: comparte vivienda con el subsecretario de Gestión Productiva, Javier Cardini, ingresado al Gobierno a través de los hermanos Caputo —asesores directos de Milei— y amigo de Juan Neuss, otro actor del entorno presidencial.
La cadena de relaciones que se despliega no es casual. El padre de Calvete, Miguel Ángel, aparece en los expedientes como nexo esencial de la trama: empresario que supuestamente coordinaba pagos, reuniones con proveedores —como Ortopedia Alemana e INDECOMM—, y retenía comunicación constante con su hija. Chats del 10 y 12 de septiembre de 2025 muestran a Ornella preguntando si la empresa “tenía cash blanco”, diciendo “por si entran acá y me ven con mosssca… digo que me lo prestó alguien, olvidate”, aludiendo al dinero en su domicilio.
Ese mensaje —que podría parecer banal— resulta crucial para la fiscalía. Lo transforman en prueba de que la funcionaria sabía de antemano que podía ser allanada y que había que preparar una coartada para justificar fondos presuntamente ilícitos. Y efectivamente, el allanamiento se produjo el 9 de octubre de 2025 en su departamento en Palermo, donde se incautaron los US$ 700.000 en efectivo junto a otras divisas, dispositivos electrónicos y documentación.
¿Qué implica este escándalo para el Gobierno de Milei? En principio, el daño reputacional es grave. La causa apunta directamente al núcleo del poder libertario, pues involucra a empresarios con acceso privilegiado al Estado, funcionarios que ocupan cargos por vínculo personal y operaciones que parecen montadas para beneficiarse de recursos públicos destinados a los más vulnerables. La mención, recurrente en chats, al “3 % a KM” se interpreta como posible alusión a Karina Milei, hermana del presidente, como destinataria de comisiones ilegales.
Pero no sólo es reputacional: el riesgo institucional es mayor. La fiscalía a cargo de Franco Picardi ya tiene la causa en trámite y prepara denuncias que podrían alcanzar a exfuncionarios de alto rango de la ANDIS —como Diego Spagnuolo— y otros actores que hoy gozan de inmunidad de hecho por pertenecer al círculo íntimo del poder. La indagatoria de Spagnuolo está prevista para días próximos.
Además, el escándalo expone las grietas del discurso “anticorrupción” del Gobierno. Un gobierno que prometió transparencia, choque con prebendas y una nueva forma de hacer política se ve ahora metido en un entramado tan tradicional como aquellas redes clientelares que decía desmantelar. La renuncia de Calvete es apenas un capítulo: las preguntas que quedan flotando son muchas y graves.
¿Quiénes más están implicados? ¿Hasta qué punto el entramado involucra a personas aún fuera de la mira pública? ¿Cuál fue la ruta del dinero que permitió que una joven funcionaria acumulase semejantes montos sin justificar ante la Contraloría u organismo competente? ¿Cómo fue posible que empresas proveedoras del sistema de salud para personas con discapacidad negociaran con impunidad sobreprecios millonarios desde la ANDIS?
En el centro del sistema se encuentra la ANDIS: creada para garantizar el derecho de las personas con discapacidad —entre ellas el otorgamiento del Certificado Único de Discapacidad y la administración de prestaciones— hoy convertida, al menos en la hipótesis fiscal, en una plataforma de saqueo público.
Solamente si se abre una investigación transparente, independiente y sin exclusiones podrá la sociedad argentina confiar de nuevo en esa institución. Pero el problema va más allá de la ANDIS: lo que está en juego es la integridad del Estado en la era del “cambio radical”. No se trata de un caso menor; este es un escándalo en el corazón del Gobierno y de su modelo económico-político.
La renuncia de Calvete no es el cierre, sino un aviso de que algo más profundo debe romperse. Que quienes dicen “purificar” la política deben demostrarlo. Que los recursos destinados a quienes más lo necesitan no pueden seguir siendo botín de operadores y amigos del poder. Y que el país merece saber hasta dónde llega el saco de comisiones, cuáles fueron los contratos que pagaron de más, quién validó los pagos y quién cobró.
La transparencia no es solo un término. Cuando el Estado entrega su credibilidad, la corrupción toma al vulnerable como rehén. Y cuando hablamos de discapacidad, medicamentos y prótesis con sobreprecios, hablamos de vidas reales, de derechos vulnerados. Y esa es la línea roja que no puede permitirse cruzar.
Sin embargo, también vale reconocer la complejidad: la causa está en etapa de instrucción, no todo está probado, y pese a la contundencia de los elementos publicados la Justicia aún tiene que definir responsabilidades definitivas. Es decir: la hipótesis es grave, pero la presunción de inocencia sigue vigente. Dicho esto, la magnitud del episodio ya muestra que no es apenas un “error de gestión” sino algo estructural, y eso exige respuestas urgentes.
El Gobierno de Javier Milei se encuentra ante una encrucijada: o actúa con firmeza para erradicar la corrupción y somete a su propio entorno a escrutinio (cosa que no parece ser posible), o termina demostrando que el cambio prometido fue solo un mecanismo para redistribuir prebendas bajo un nuevo sello. Y los argentinos lo están mirando.
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