Contrabando, privilegios y silencio oficial: las diez valijas que comprometen a Milei y su entorno

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Mientras Javier Milei y sus voceros claman por una “opereta” desactivada, la Justicia desnuda un entramado de privilegios, contradicciones y posible contrabando que involucra a figuras clave del oficialismo y revela las fisuras de un poder que promete pureza pero se ahoga en sus propias sombras. Ni diez guitarras, ni inflables ni cuentos chinos. El affaire de las valijas que entraron al país sin control desde Miami desvela, más allá de las excusas, las conexiones políticas, las zonas liberadas en la Aduana y un poder que niega lo evidente. Entre trolls, desmentidas y videos de seguridad, el gobierno de Milei queda atrapado en su propia red de contradicciones y sospechas.

Nada desviste más rápido a un poder que se proclama puro y anticasta que un escándalo que huele a privilegios y encubrimientos. Y el affaire de las valijas libertarias llegó para corroer la narrativa que Javier Milei y su tropa digital han intentado blindar a golpe de tuits, retuits y desmentidas grandilocuentes. Porque aunque el gobierno grite a los cuatro vientos que todo es una “opereta” o un montaje mediático, las imágenes de cámaras de seguridad, los dictámenes judiciales y las flagrantes contradicciones de sus propios funcionarios hablan más fuerte que cualquier discurso. Y exponen algo que incomoda hasta a los más fieles libertarios: el relato de transparencia empieza a agrietarse cuando las valijas cruzan la aduana sin control.

El 26 de febrero, un avión Bombardier Global 5000, propiedad de Royal Class, aterrizó en el Aeroparque Jorge Newbery. A bordo viajaba Laura Belén Arrieta, ex azafata, referente argentina de la ultraderechista CPAC y figura cercana a Javier Milei. Junto a ella, los tripulantes Juan Pablo Pinto y José Luis Bresciano, y otros bultos, muchos bultos. Diez, para ser exactos, según se ve en las imágenes captadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Diez valijas que, contrario a lo que sucede con cualquier mortal, no pasaron por los escáneres ni fueron revisadas por la Aduana. Nadie las miró. Nadie preguntó. Nadie anotó. Zona liberada. Siga, siga.

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En su momento, el vocero presidencial Manuel Adorni salió a bramar contra los periodistas que se atrevieron a señalar el hecho. “Fake news”, gritó. Aseguró que Arrieta sólo había traído “un carry-on y una valija” y que todo había sido controlado. Pero las cámaras del aeropuerto le escupieron la mentira en la cara. Porque allí estaba Arrieta, caminando con equipaje que multiplicaba la cifra oficial, desviada hacia una vía secundaria sin control alguno. Y como si fuera poco, intercambiando un celular con una agente de aduana que, ni lerda ni perezosa, le devolvía un gesto de “okey” que huele a connivencia más que a protocolo.

No sólo las imágenes refutan el relato oficial. El dictamen de los fiscales federales Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez es letal. Sostiene que el paso libre de Arrieta y los tripulantes fue “una decisión expresa y directa del personal aduanero” y no producto de un procedimiento aleatorio ni de congestionamientos operativos. Es decir, no hubo “semáforo verde” que valga. Fue una orden. Una mano invisible que abrió la puerta para que diez bultos –que bien podrían contener desde ropa hasta dólares, dispositivos de espionaje o quién sabe qué– entraran al país sin el menor control. Y aunque algunos se rasguen las vestiduras aclarando que es imposible que Pegasus u otro software espía salga de Estados Unidos sin ser detectado, el hecho es que nadie, hasta ahora, sabe con certeza qué había en esas valijas. Y eso es un escándalo monumental.

La reacción del gobierno ha sido una tragicomedia en capítulos. Tras la explosión mediática, el piloto Pinto declaró que casi todo el equipaje era suyo: una guitarra, una impresora, ropa, una mochila para su hijo, souvenirs varios. Una postal casi tierna. Entonces, Milei y sus trolls corrieron a retuitear con furia, convencidos de que el “caso” había muerto. Pero la Justicia siguió excavando. Porque las preguntas siguen vivas: ¿quién dio la orden para que Arrieta esquivara los controles? ¿Por qué se declaró sólo la mitad de los bultos? ¿Qué hubo en ese intercambio telefónico y gestual en la pista? ¿Qué conexiones reales unen a Laura Arrieta con figuras del oficialismo y del trumpismo?

Leonardo Scatturice, dueño de Royal Class, empresario y exespía señalado como vínculo entre Milei y Donald Trump, aparece siempre en el telón de fondo. No es un personaje menor. Es socio de Flybondi y hombre vinculado a Santiago Caputo, el estratega estrella de La Libertad Avanza. Cuando uno escarba en las relaciones entre Arrieta, Scatturice, Milei y el entorno ultraconservador de la CPAC, el cuadro se torna más denso y, sobre todo, más peligroso para un gobierno que vive declamando lucha contra la “casta”. Porque nada huele más a casta que un avión privado que cruza fronteras sin papeles ni controles.

Para añadir capas de delirio, Milei decidió asumir él mismo la defensa. En lugar de tomar distancia y dejar actuar a la Justicia, se plantó en redes sociales para denunciar “mentirosos” y decir que no eran diez valijas sino “diez bultos” que incluían guitarras y bolsas de compras. Su argumento –casi infantil– fue que si las valijas venían de Estados Unidos, entonces no había nada que temer porque allá se controla todo. Como si el sello “Made in USA” blindara a los pasajeros de cualquier inspección en suelo argentino. Una explicación tan ridícula que ni Juan Pazo, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), pudo sostener sin tartamudear. Pazo tuvo que admitir en televisión que no se escanea el 100% de los equipajes y que los controles son “selectivos”, aunque sin aclarar por qué Arrieta fue la única beneficiada mientras el resto de los pasajeros pasaba por el scanner.

El sumario interno de Aduana luce más a cortina de humo que a verdadero acto de transparencia. Porque mientras juran estar investigando, el Gobierno se niega a entregar información clave a la prensa y al Congreso. Todos los pedidos de acceso a información pública sobre Migraciones, Aduana, PSA y ANAC fueron rechazados. “Incompetencia” o “reserva de información”, contestaron los organismos. El hermetismo, lejos de disipar sospechas, las multiplica.

Y la historia se oscurece aún más cuando se descubre que el avión, supuestamente con destino final a Estados Unidos, partió días después rumbo a París, tras permanecer estacionado una semana en el hangar de Royal Class. ¿Qué pasó durante esos siete días? ¿Quién tuvo acceso al avión? ¿Hubo carga o descarga adicional? Son preguntas que la Justicia deberá responder si quiere disipar el hedor de encubrimiento que flota sobre el escándalo.

Lo cierto es que las pruebas recopiladas son demoledoras para el discurso libertario. Ni las guitarras ni las mochilas de niño alcanzan para tapar el olor a zona liberada, a favores entre amigos poderosos y a un posible delito de contrabando que involucra actores cercanos a la Casa Rosada. Y esto, guste o no, es política en su expresión más cruda. Un gobierno que se vendió como la encarnación de la pureza institucional se encuentra hoy atado a explicaciones ridículas y mentiras desmentidas por videos, documentos y dictámenes fiscales. Porque el Milei que denuncia a la casta se convierte, irónicamente, en protagonista de uno de los episodios más oscuros de privilegios y secretos del último tiempo.

Mientras tanto, la Justicia avanza. Y aunque el gobierno grite que todo terminó en “una guitarra”, lo que está en juego es algo mucho más serio: la credibilidad de un presidente que prometió “destruir la casta” y que, a juzgar por las imágenes, se ha convertido en su más fiel reproductor. Si no se aclara qué contenían esas valijas y quién ordenó su paso libre, el caso puede convertirse en la herida que deje al descubierto la verdadera cara de la transparencia libertaria. Una cara donde, parece, siempre hay alguien que logra el privilegio de un “siga, siga”.

Fuentes: