La Justicia Federal de Concepción del Uruguay condenó a Jade Isabela Callau Barriga, ex reina de belleza boliviana, a tres años de prisión en suspenso y ordenó su expulsión del país, tras ser hallada culpable por transportar 359 kilos de cocaína en una avioneta que aterrizó de emergencia en el sur de Entre Ríos. El caso, que parecía cerrado como un episodio policial más, derivó en una trama de vínculos empresariales y políticos que hoy vuelve a sacudir la agenda pública.
El 22 de enero de 2025, una avioneta aterrizó de emergencia en una zona rural de Holt Ibicuy, departamento Islas, Entre Ríos. En su interior, efectivos de Gendarmería hallaron 359 kilos de cocaína distribuidos en paquetes sellados. Entre los ocupantes se encontraba Callau Barriga, ex Miss FexpoBorja de Bolivia, quien fue detenida y posteriormente sometida a un juicio abreviado. La jueza Mariela Rojas, del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, le dictó una pena de tres años de prisión condicional, una multa de más de 2,7 millones de pesos y su inmediata expulsión del país. La joven reconoció haber tenido participación secundaria en el traslado de la droga, lo que le permitió acceder a la condena condicional y regresar a Bolivia en los días posteriores a la sentencia.
Hasta aquí, los hechos confirmados por fuentes judiciales y medios nacionales parecen claros. Sin embargo, tras conocerse el fallo, comenzaron a circular versiones explosivas en redes sociales, donde se mencionan supuestos vínculos entre el caso y figuras del empresariado argentino con conexiones políticas. Cuentas como El Prensero y el periodista Raúl Kollmann difundieron un post donde se afirma que el avión era de un piloto peruano del Bajo Flores, que lo habría comprado al dueño de Lácteos Vidal, una empresa que ya estuvo en el centro de polémicas judiciales y laborales. Según esa misma publicación, la esposa del empresario Vidal, Margarita Roncero, sería socia del empresario Claudio “Ciccarelli” en una mina ubicada en Neuquén. Ciccarelli, a su vez, es señalado como testaferro del empresario detenido Federico “Fred” Machado, quien tiene pedido de extradición a Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, y aparece en distintos actos de campaña junto a José Luis Espert, actual diputado y aliado político del presidente Javier Milei.
No obstante, una revisión exhaustiva de los principales portales nacionales —Infobae, Página/12, Perfil, La Nación, Río Negro, APF Digital, entre otros— no arrojó ninguna prueba concreta de la supuesta compraventa de la avioneta ni de la existencia de una sociedad registrada entre Margarita Roncero y Claudio Ciccarelli. Ninguna causa judicial, ni documento societario, ni nota de investigación en medios con respaldo editorial confirma esas relaciones. Por el momento, dichas versiones permanecen sin verificación pública y forman parte de la circulación viral en redes sociales.
Lo que sí está documentado es el vínculo público y empresarial entre Claudio Ciccarelli y Fred Machado, tal como lo han publicado medios como Perfil y La Nación. Ambos fueron relacionados con negocios en Vaca Muerta, propiedades en Neuquén y una trama de sociedades vinculadas al sector energético y aeronáutico. En el Congreso, el diputado Martín Soria (UxP) presentó una denuncia formal en la que pidió investigar las conexiones entre Ciccarelli, Machado y la diputada oficialista Lorena Villaverde, a quienes señaló por presunto financiamiento político irregular. Ciccarelli respondió calificando las acusaciones de “injuriosas”, aunque evitó explicar las coincidencias empresariales señaladas.
El caso, que comenzó como un operativo antidroga, se transformó en un espejo incómodo para el poder. La Justicia argentina fue rápida en condenar y expulsar a una modelo extranjera, pero continúa sin resolver, desde hace más de tres años, la extradición del empresario Fred Machado a Estados Unidos, pese a reiterados pedidos internacionales. La selectividad judicial se hace evidente: celeridad cuando los acusados carecen de poder, lentitud cuando las conexiones rozan intereses económicos y políticos de peso.
El episodio de Holt Ibicuy expone, una vez más, la compleja red de intereses que conecta al narcotráfico con sectores del empresariado y la política. Y deja abiertas varias preguntas: ¿quién era el verdadero dueño de la avioneta? ¿Por qué se menciona a una empresa con vínculos comerciales y políticos en un caso de tráfico internacional? ¿Hasta qué punto las estructuras del poder económico argentino son permeables al lavado de dinero y al narcotráfico? Preguntas que, por ahora, permanecen sin respuesta.
La historia de Jade Isabela Callau Barriga parece cerrada en los tribunales, pero el contexto en el que ocurrió su condena apenas empieza a ser revelado. En un país donde las causas menores se resuelven con rapidez y las investigaciones sobre los grandes financistas del delito se empantanan durante años, la justicia selectiva se vuelve una forma más de impunidad.
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