El intendente de Concordia, Francisco Azcué, firmó un decreto que autoriza un convenio millonario con la Fundación Maximiliano Kolbë, derivando funciones esenciales de Desarrollo Social a una entidad privada mientras su gobierno alega “falta de recursos” para sostener los programas municipales.
El acuerdo, de más de 54 millones de pesos, replica el modelo de “franquicia solidaria” impulsado por CONIN, organización del pediatra Abel Albino, vinculado al Opus Dei. En la práctica, el municipio transfiere a una ONG tareas públicas de asistencia nutricional, tras haber reducido personal y cerrado comedores y centros de desarrollo infantil.
El municipio de Concordia vuelve a dar un paso más en el desmantelamiento del Estado local. Bajo la firma del intendente Francisco Azcué y su secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Aristide, el Decreto N° 994/2025 autoriza el pago mensual de $4.520.000 a la Fundación Maximiliano Kolbë, para ejecutar un “Operativo Sanitario de relevamiento socio-nutricional” dirigido a niños y embarazadas en situación de vulnerabilidad.
El convenio, con vigencia hasta junio de 2026, implica un desembolso superior a 54 millones de pesos provenientes de la misma Secretaría de Desarrollo Humano que, en los últimos meses, redujo personal, cerró comedores comunitarios y suspendió programas sociales, bajo el argumento de la escasez presupuestaria.
En una ciudad golpeada por la pobreza y el desempleo, la decisión de destinar millones a una organización privada que reemplaza las tareas municipales no solo resulta contradictoria: expone un modelo de gestión que desmantela el Estado bajo la máscara de la “eficiencia”. Los comedores vacíos y los Centros de Desarrollo Infantil cerrados contrastan con el flujo de fondos públicos hacia una fundación que, además, responde a una red nacional con una clara impronta ideológica.
La Fundación Kolbë, presidida por Stella Maris Micucci, forma parte de la estructura de CONIN, creada por el pediatra Abel Albino, célebre por su visión conservadora y sus polémicas afirmaciones sobre salud sexual y pobreza. Su modelo de “franquicia solidaria” ha sido cuestionado por su falta de base científica, su enfoque asistencialista y la presencia de dogmas religiosos en políticas financiadas por el Estado. No es un dato menor: el Opus Dei, organización a la que pertenece Albino, enfrenta denuncias judiciales por trata y servidumbre, lo que agrega sombras sobre la transparencia y orientación de este tipo de fundaciones.
En los hechos, el municipio terceriza funciones públicas que antes realizaban profesionales municipales: nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales y equipos interdisciplinarios dedicados al acompañamiento familiar. Todo ese personal fue reducido o desplazado. Hoy, la “atención” queda en manos de una ONG que opera sin control institucional ni auditorías externas claras.
La letra chica del decreto lo confirma: el Artículo 2° ordena el pago mensual “a condición que la institución dé cumplimiento al convenio”, pero no establece mecanismos de evaluación o supervisión, dejando abierta la puerta a un uso discrecional de fondos públicos.
El caso no es aislado. En distintos puntos del país, especialmente bajo el gobierno nacional de Javier Milei, se consolida una tendencia peligrosa: reducir la presencia del Estado en áreas sociales clave y sustituirla con fundaciones, ONGs o iglesias que actúan como prestadoras de servicios públicos, sin rendición de cuentas. Se presenta como “cooperación público-privada”, pero en realidad es un retiro planificado del Estado y una transferencia directa de recursos a actores con intereses propios.
En Concordia, el intendente proveniente de Juntos por el Cambio y aliado de La Libertad Avanza, justifica el cierre de espacios de contención por “falta de presupuesto” pero desembolsa millones a una entidad privada para hacer el trabajo que el municipio abandonó. No hay ahorro: hay privatización encubierta de la política social.
El modelo que encarna Azcué encaja con la lógica nacional: el Estado mínimo predicado por Milei que, en nombre del “recorte del gasto”, achica las funciones públicas pero amplía los negocios privados. En lugar de fortalecer las instituciones locales, se las vacía. En lugar de formar equipos técnicos, se los reemplaza por contratos opacos. Y mientras las familias de Concordia esperan asistencia, las fundaciones religiosas multiplican su influencia en la gestión social con dinero de todos.
El argumento del “ahorro” suena cada vez más hueco frente a la evidencia: lo que se ahorra en salarios públicos se gasta —y con creces— en convenios sin control. Así, el municipio se convierte en una caja de transferencia hacia el sector privado, renunciando a su responsabilidad de garantizar derechos básicos.
¿A quién beneficia esta política? A las organizaciones que, bajo el paraguas de la “solidaridad”, acumulan poder, fondos y legitimidad, mientras los vecinos pierden la presencia del Estado en su barrio. En el corto plazo, el impacto se mide en raciones de comida menos y en familias sin atención. En el largo plazo, en la erosión del tejido institucional que sostiene la democracia local.
El convenio con la Fundación Kolbë no es un hecho aislado ni una simple irregularidad administrativa. Es una decisión política, coherente con el modelo de desresponsabilización estatal que Milei promueve desde la Casa Rosada. En Concordia, ese modelo se traduce en despidos, cierres y contratos a medida, con los niños y las embarazadas como víctimas silenciosas del ajuste.
Mientras tanto, la retórica de la “eficiencia” sigue justificando lo injustificable: un municipio que dice no tener recursos para sostener comedores, pero sí los tiene para financiar a una ONG privada vinculada al Opus Dei.
Fuente
.https://www.diariojunio.com.ar/azcue-paga-54-millones-de-recursos-publicos-a-una-ong-para-hacer-el-trabajo-de-desarrollo-social/
Concordia privatiza la política social: Azcué entrega funciones del municipio a una fundación ligada al Opus Dei – Noticias La Insuperable
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