La ofensiva contra Cristina Fernández de Kirchner volvió a acelerarse y el movimiento, una vez más, tiene su centro en Comodoro Py. La decisión del Tribunal Oral Federal Nº 2, con la firma de Jorge Gorini, muestra con crudeza un mecanismo que se repite desde la llegada de Javier Milei al poder: cada vez que la expresidenta toma la palabra, cada vez que se corre del guion impuesto por el oficialismo y su coro mediático, la maquinaria judicial se activa para acotarla. Esta vez, el ataque se materializó en la imposición de un régimen de visitas tan restrictivo como inédito, una reglamentación que no existe para ningún otro detenido con prisión domiciliaria, ni siquiera para homicidas, represores o condenados por delitos aberrantes.
El episodio que detonó el operativo resulta, en rigor, absurdo. Cristina recibió en su domicilio a nueve jóvenes economistas que fueron a presentarle un plan de desarrollo productivo. Todos los visitantes contaban con autorización expresa del juez Gorini. No hubo trampas ni maniobras escondidas: el juez aprobó los nombres, los horarios y la reunión. Sin embargo, apenas se difundió la foto del encuentro, la jauría mediática arremetió repitiendo la consigna de que la expresidenta “recibe demasiada gente”, un argumento infantil pero suficiente para instalar clima de escándalo en un ecosistema donde muchos comunicadores operan a pedido de sectores políticos alineados con el gobierno de Milei. Cuando la presión mediática llegó a su nivel habitual, Comodoro Py hizo lo que viene haciendo desde hace años: ejecutó sin disimulo.
La resolución de Gorini se sostiene en una justificación que roza lo inverosímil. Según el tribunal, la violación consistió en que los visitantes ingresaron juntos, como si una reunión grupal implicara una transgresión en sí misma. Ese razonamiento no aparece en ninguna norma, no forma parte del Código Penal ni del Código Procesal, y jamás se aplicó a otro detenido. Es tan forzado que, si no estuviera redactado en una resolución judicial, podría confundirse con un sketch. Pero no es un chiste. Es una decisión política.
El endurecimiento de las condiciones de la prisión domiciliaria de Cristina Kirchner coincide con un contexto económico devastador. Entre noviembre de 2023 y agosto de este año, el país perdió 19.164 empresas, a un ritmo de casi 30 por día. En ese mismo período se destruyeron 276.624 puestos de trabajo. Son cifras que hablan por sí solas, indicadores que evidencian el fracaso rotundo de la política económica de Javier Milei y la manera en que su gobierno está desarmando el tejido productivo nacional. Cristina lo señaló con claridad en un tuit que desató la furia del bestiario mediático: “Hablamos de un modelo nacional de crecimiento productivo y federal para el Siglo XXI, en una Argentina que desde el 10 de diciembre no deja de destruir empresas y puestos de trabajo”. Esa frase hirió sensibilidades porque tocó el nervio más sensible del proyecto de Milei: su modelo de destrucción, que se vende como modernización pero genera pobreza, desindustrialización y desempleo.
En este marco, el cerco judicial adquiere un significado político evidente. La expresidenta ya tenía una obligación insólita: solicitar autorización para cada visitante que quisiera recibir en su casa, una condición que no existe para otros detenidos con prisión domiciliaria. Sin embargo, cada vez que su abogado Carlos Beraldi pidió las autorizaciones, Gorini las concedió sin objeciones. ¿Cuál es entonces el problema? Que Cristina hable, que opine, que reciba cuadros técnicos, que siga siendo una referencia política en un país que la derecha gobernante necesita disciplinar. De eso se trata. No se busca aplicar una norma penal sino moldear una conducta pública. El objetivo es el silencio.
La nueva resolución de Gorini impone tres restricciones que no existen para nadie más: Cristina solo podrá recibir visitas dos veces por semana, podrá ver a tres personas como máximo y las reuniones no podrán durar más de dos horas. Ninguno de estos parámetros está previsto en norma alguna. Es una reglamentación ad hoc, confeccionada para ella, que no se aplica a los genocidas de la dictadura, ni a empresarios corruptos, ni a homicidas con domiciliaria. Es un traje a medida del hostigamiento político.
La ofensiva judicial no es un rayo aislado. Acompaña, refuerza y complementa la presión internacional y mediática. El recién llegado embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, anunció abiertamente en el Senado de su país que llega a la Argentina para garantizar que Cristina Kirchner “reciba la justicia que se merece”. Esa frase, dicha por un diplomático, constituye una injerencia escandalosa en los asuntos internos argentinos. Pero no sorprende: forma parte de la agenda que impulsa Marco Rubio, uno de los halcones de Washington, quien ya había exigido sanciones contra Cristina y su familia. En este esquema, Milei aparece como el engranaje local de una arquitectura política que busca eliminar cualquier obstáculo a su programa de ajuste brutal, dolarización encubierta y entrega de recursos estratégicos.
A esto se suma la intervención arbitraria de la Cámara de Casación en el juicio de los cuadernos, presionando por más audiencias, presenciales y sin feria de verano, para acelerar una condena que sirva de espectáculo mediático. El tribunal del juicio ya había acordado un esquema de trabajo con todas las partes, pero la Casación decidió colarse por la ventana y torcer la agenda. La intención es clara: construir un show judicial que distraiga de la crisis económica que Milei no logra controlar. Es la receta clásica de estos sectores: cuando el ajuste pega fuerte, cuando el malestar social crece, cuando la pobreza se dispara, aparece el operativo judicial para disciplinar a la dirigencia política y reordenar el clima social.
Cristina reaccionó con un mensaje que expuso la obscenidad del esquema completo: “Del bestiario mediático dando órdenes al bestiario judicial, y éstos acatando todo a rajatabla… ya es mucho. Es realmente obsceno”. Y agregó una ironía filosa: “¿Por qué no dejamos que Clarín y La Nación firmen directamente las sentencias judiciales que primero arman mediáticamente? Así nos ahorramos el 0,32% del PBI que gasta el Poder Judicial”. La frase puede sonar sarcástica, pero retrata con precisión quirúrgica la dinámica política actual. Lo que Milei no puede sostener en términos de legitimidad social, lo intenta sostener con persecución judicial. Lo que los medios no pueden justificar con argumentos, lo imponen con operaciones. Y lo que la justicia no puede fundamentar con derecho, lo ejecuta con obediencia.
La escena completa —la restricción de visitas, la interpretación absurda de la norma, la presión mediática, la injerencia extranjera y la coordinación con el gobierno libertario— muestra un país donde el Poder Judicial se ha convertido en un arma política al servicio del ajuste y donde la oposición es tratada como enemiga interna. No se trata solo de acallar a Cristina Kirchner: se trata de disciplinar a cualquier actor político, social o económico que se atreva a cuestionar el modelo de Milei. En un país donde se destruyen empresas, se pierden trabajos y la pobreza avanza, el poder necesita un culpable. Y eligieron al de siempre.
Pero hay algo que el gobierno no comprende: cada intento de silenciar a Cristina la vuelve más visible. Cada restricción la convierte en un símbolo de resistencia. Cada operación judicial expone aún más la fragilidad política de un gobierno que, incapaz de mostrar resultados en la vida cotidiana de la gente, necesita perseguir para gobernar.
El ataque es coordinado, evidente y grosero. Y al mismo tiempo, demuestra miedo. Porque un gobierno que necesita controlar cuántas personas entran a la casa de su principal opositora es un gobierno que ya perdió la batalla de las ideas. Solo le queda el autoritarismo.
Fuente
.https://www.pagina12.com.ar/2025/11/20/silenciar-a-cristina-kirchner-como-sea/
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