Ingeniero industrial formado en la UBA y respaldado por figuras centrales del oficialismo como Santiago Caputo y los hermanos Neus, Cardini representaba el nexo estratégico entre el Estado y el sector privado. Su salida, forzada el 22 de noviembre de 2025, quedó marcada por un allanamiento que secuestró US$700.000 en efectivo en el departamento que compartía con su pareja, Ornella Calvete, hija del empresario implicado Miguel Ángel Calvete. Aunque no está imputado, su renuncia abre interrogantes políticos y éticos en el corazón del gobierno de Javier Milei.
Javier Ignacio Cardini llegó al gobierno de Javier Milei como una figura técnica, moderna, cercana al mundo empresarial y con el aval directo de una de las usinas de poder más influyentes del oficialismo: el círculo de Santiago Caputo. Su desembarco en marzo de 2024 como subsecretario de Gestión Productiva en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía no fue casual, sino parte de una estrategia mayor para consolidar un puente entre el Estado y las empresas en un momento en el que el gobierno prometía “eficiencia privada” donde antes había “burocracia ineficiente”. Su perfil académico y corporativo era funcional al relato libertario: ingeniero industrial egresado de la UBA, con experiencia real en gestión, producción y reconversión tecnológica.
El currículum de Cardini parecía calzar perfecto con esa épica oficial. Había trabajado como vicepresidente de operaciones en GreenTech Science, un proyecto vinculado a biotecnología agrícola; había sido director ejecutivo de Grupo-Tek S.A. y QEV Argentina, y también director general en Calandra. Sumaba experiencia en la industria tradicional desde su paso por Cervecería y Maltería Quilmes, donde ocupó el rol de jefe de producción. Todo esto le permitía moverse con soltura en un ecosistema donde la eficiencia operativa, la cultura corporativa y la lógica de procesos productivos eran claves. De hecho, había trabajado también como consultor para PyMEs industriales, lo que reforzaba la imagen de un técnico capaz de comprender tanto a los grandes jugadores como a los sectores más vulnerables de la matriz productiva.
Sin embargo, la historia que parecía nítidamente profesional comenzó a teñirse rápidamente de grises. Dentro del mismo Ministerio de Economía donde tenía un rol de articulación estratégica, Cardini fue objeto de críticas internas por su manejo del personal. Trabajadores del área señalaban decisiones que chocaban frontalmente con el discurso de respeto institucional del que se jactaba el gobierno, como recortes salariales, cambios bruscos en las condiciones laborales y despidos que él justificaba bajo el eufemismo del “orden fiscal”. Frases como “hay que achicar sí o sí, muchachos” circulaban entre los pasillos, reforzando la idea de un funcionario obsesionado con mostrar resultados alineados al ajuste. Ese estilo de conducción generó malestar, pero en un esquema jerarquizado y vertical como el del equipo económico libertario, pocos se atrevían a cuestionarlo.
El verdadero quiebre llegó el 22 de noviembre de 2025, cuando presentó su renuncia tras ser arrastrado —al menos indirectamente— por el escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Cardini no estaba entre los imputados, pero su nombre apareció en escuchas telefónicas de Miguel Ángel Calvete, empresario central en la causa, quien lo mencionó como “el novio de Ornella”. Esa frase, que podría sonar anecdótica fuera de contexto, se volvió un elemento explosivo cuando la Justicia confirmó que la hija de Calvete, Ornella, no solo era parte del mismo ministerio, sino que convivía con Cardini en un departamento que fue allanado el 9 de octubre de 2025.
Durante ese procedimiento policial, se secuestraron US$700.000 en efectivo, una cifra que difícilmente pueda explicarse por ingresos legítimos de funcionarios públicos. También se incautaron documentos y dispositivos electrónicos que hoy forman parte de la causa. Ese hallazgo no solo amplificó la sospecha pública, sino que golpeó directamente en la línea de flotación del discurso anticasta que el gobierno libertario pretendía sostener a pesar del desgaste político. Allí donde el oficialismo prometía transparencia absoluta, la Justicia encontró fajos de dólares guardados entre pertenencias de una funcionaria y su pareja, ambos con roles en áreas sensibles del Ministerio de Economía. La contradicción era demasiado evidente como para intentar disimularla.
Ante ese escenario, el ministro Luis “Toto” Caputo —que venía intentando contener una sucesión de crisis internas en el gabinete económico— tomó una decisión pragmática: pidió la renuncia de Cardini de manera silenciosa, sin comunicados oficiales, sin conferencias de prensa y sin explicaciones públicas. Era la única forma de evitar que el escándalo continuara creciendo y se convirtiera en una bomba más dentro del recorrido político inestable del gobierno. El silencio fue la estrategia elegida, una estrategia que, paradójicamente, terminó confirmando que la situación era aún más grave de lo que se decía.
La renuncia previa de Ornella Calvete reforzó la impresión de que el Ministerio buscaba cortar de raíz cualquier posible implicancia política. Pero la distancia tomada a las apuradas no alcanzó para despejar las dudas. La pregunta que quedó en el aire —y que sigue sin respuesta— es cómo funcionarios que manejaban áreas sensibles, nombrados con el aval del asesor presidencial más influyente y socios de figuras de poder, podían estar tan cerca de un circuito de presuntas coimas sin que nadie en el gabinete lo advirtiera antes. ¿Faltaban controles? ¿Sobran complicidades? ¿O simplemente el discurso de transparencia era un relato diseñado para consumo mediático que nunca tuvo anclaje real en la gestión?
El caso Cardini incomodó al oficialismo por múltiples razones. Primero, porque fue designado gracias al respaldo directo de Santiago Caputo y de los hermanos Neus, socios del asesor presidencial en distintos negocios privados. Ese dato transforma la renuncia en un golpe interno: ya no se trata de un funcionario de tercera línea, sino de alguien que el gobierno colocó estratégicamente para manejar la articulación con el sector productivo. Segundo, porque evidencia una contradicción profunda entre el relato meritocrático-libertario y las prácticas reales: mientras el gobierno atacaba a trabajadores estatales, ajustaba partidas y despedía personal bajo la bandera del “orden fiscal”, un funcionario de su propia estructura convivía con una suma obscena de dólares sin justificar. Tercero, porque la causa ANDIS ya venía contaminando la imagen oficial y la renuncia de Cardini no hizo más que confirmar que el problema era más amplio de lo que se admitía públicamente.
Tampoco ayudó que Cardini mantuviera un perfil público muy bajo. Su cuenta de X, @JCardini_, apenas mostraba su cargo y algún comunicado formal. Esa discreción, que en otro contexto podría haber sido positiva, ahora actuaba como un síntoma: un funcionario clave, involucrado indirectamente en un escándalo de estas dimensiones, sin una sola explicación pública, sin un descargo, sin una defensa. Y si bien no hay cargos formales en su contra, la falta de claridad o de voluntad para dar explicaciones refuerza la sospecha social. Cuando el dinero no declarado aparece entre pertenencias familiares y la política se esconde en silencio, el vacío se llena solo.
El caso también habilita una lectura más amplia sobre el modelo de gestión libertario. El gobierno de Milei llegó al poder prometiendo una ruptura total con las prácticas corruptas, un ataque directo contra lo que llamaban “la casta”, y una administración austera y transparente. Pero los hechos recientes muestran que esa promesa se convierte rápidamente en un boomerang cuando se revelan situaciones que contradicen el relato. La renuncia de Cardini es un ejemplo claro: un funcionario que encarnaba el ideal de tecnócrata moderno termina salpicado por una causa que expone redes de poder, vínculos personales, adjudicaciones sospechosas y una cantidad de dinero que no cierra por ningún lado.
Más allá de la situación judicial, la pregunta de fondo es qué tan profundo es el entramado que permitió que esto ocurriera. Si la causa ANDIS continúa avanzando y se confirma la existencia de un circuito de coimas, será inevitable revisar no solo las responsabilidades penales, sino también las políticas. La estructura de poder que permitió nombramientos estratégicos sin controles efectivos pone en evidencia las fragilidades institucionales de un gobierno que se presentaba como el campeón de la transparencia. Y si la política se construye en base a relatos que luego la realidad dinamita, la crisis ya no es solo administrativa, sino moral y estructural.
La salida de Cardini también deja otra enseñanza: el silencio como estrategia de contención funciona solo a corto plazo. La sociedad está cada vez más atenta, los medios más conectados y las filtraciones más veloces. Intentar apagar escándalos con renuncias rápidas y comunicados inexistentes ya no alcanza. En un gobierno que se jacta de decir “la verdad sin filtros”, ocultar información se vuelve una forma de admitirla.
El nombre de Javier Ignacio Cardini quedará asociado a este episodio, incluso si nunca llega a ser imputado. Su renuncia no cierra la historia, apenas abre la puerta a nuevas preguntas que el gobierno deberá responder, tarde o temprano. Porque lo que está en juego ya no es solo la transparencia de un funcionario, sino la credibilidad de un proyecto político que prometió limpiar la política y terminó chocando con sus propias sombras.
Cardini: el funcionario libertario que debió renunciar por las coimas en ANDIS
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