El abogado Gregorio Dalbón apuntó directamente contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, luego de que ésta publicara en la red social X un mensaje dirigido a Cristina Fernández de Kirchner que comenzaba con un provocador “Señora condenada”. Según el letrado, se trata de un acto de violencia política de género tipificado por la Ley 26.485 y de un uso abusivo e indigno de la función pública, encuadrable en el artículo 248 del Código Penal.
Dalbón sostuvo que una ministra “no puede degradar su investidura para agraviar a una mujer por una condena judicial obtenida en un proceso atravesado por irregularidades y presiones políticas”, y agregó que ese proceso “será anulado por el derecho internacional en recurso de revisión”. En su publicación, el abogado afirmó que “el ataque de Bullrich confirma que el lawfare no terminó: sigue operando desde el Poder Ejecutivo como forma de disciplinamiento político”.
El mensaje de la ministra había sido explícitamente personal. “Señora condenada, todo lo que estamos haciendo es para solucionar el desastre económico que nos dejó TU gobierno con Alberto y Massa”, escribió Bullrich, en un texto que combinó agravios y autoelogios. Y remató con una frase que encendió la indignación de dirigentes políticos y referentes del derecho: “Nos falta, está clarísimo. Como a usted, que todavía le quedan años de condena”.
La publicación fue interpretada como un acto de violencia institucional y simbólica. No se trata solo de un exabrupto político: es el uso del aparato estatal para denigrar públicamente a una mujer que ejerció la Presidencia y que hoy sigue siendo una de las figuras más influyentes del país. Según la definición del artículo 6 inciso c) de la Ley 26.485, la violencia política de género se ejerce cuando se busca menoscabar, humillar o discriminar a una mujer en su participación política o en el ejercicio de un cargo público.
Para Dalbón, Bullrich “ha transformado la investidura ministerial en un instrumento de odio y desprecio de clase y de género”, algo incompatible con los estándares internacionales establecidos en la Convención de Belém do Pará y en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En particular, los casos López Lone vs. Honduras y Atala Riffo vs. Chile establecen que los funcionarios públicos deben abstenerse de realizar expresiones discriminatorias o denigratorias hacia personas perseguidas o vulneradas.
El abogado insistió en que este episodio confirma la persistencia del lawfare, entendido como la persecución judicial y mediática con motivaciones políticas. Para él, “el poder ejecutivo hoy reproduce los mecanismos de hostigamiento que antes operaban desde los tribunales o los medios”. Bullrich, en cambio, reivindicó su mensaje como una crítica política y sostuvo que el gobierno de Cristina Fernández y Alberto Fernández “dejó un país en ruinas”.
Sin embargo, el problema no radica en la crítica, sino en el tono y en el rol desde el cual se realiza. Una ministra no habla como militante, sino como representante institucional del Estado. Cuando usa ese lugar para insultar o estigmatizar, transforma el cargo en una herramienta de ataque y erosiona los límites del debate democrático. Incluso sectores no kirchneristas consideraron el mensaje impropio: la institucionalidad, sostienen, no puede confundirse con el agravio personal.
El posteo de Dalbón cerró con una afirmación cargada de contenido político y emocional: “Cristina Fernández de Kirchner no necesita defenderse de Bullrich. Su legitimidad la respaldan la historia, los votos y la memoria de un pueblo que no olvida. Y llegará el día —muy pronto— en que las causas armadas se caigan, y los responsables del odio institucionalizado enfrenten la verdadera justicia”.
La escena vuelve a poner en el centro un dilema que atraviesa a la política argentina: el límite entre la libertad de expresión y la degradación del discurso público. No se trata de silenciar la crítica, sino de impedir que el Estado se convierta en un altavoz del odio. Cada vez que un funcionario utiliza su cargo para humillar, el daño no se limita a la persona agredida: se erosiona la confianza en la democracia misma.
Patricia Bullrich eligió hablar desde el agravio. Gregorio Dalbón eligió responder desde el derecho. Pero el verdadero debate no es entre ellos, sino sobre la calidad institucional de un país donde la violencia simbólica parece haberse vuelto parte del repertorio del poder. Cuando la palabra oficial se usa para degradar, el límite que se cruza ya no es solo ético: es democrático.
Fuentes:
X (Twitter) – Gregorio Dalbón, @Gregoriodalbon
X (Twitter) – Patricia Bullrich, @PatoBullrich
Ley 26.485 – Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
Código Penal Argentino – Artículo 248
Convención de Belém do Pará – Organización de Estados Americanos
Corte Interamericana de Derechos Humanos – Fallos López Lone vs. Honduras y Atala Riffo vs. Chile
Deja una respuesta