Por Redacción Enorsai
El diputado Daniel Arroyo expone cómo la auditoría de pensiones por discapacidad está dejando a miles sin cobertura por errores deliberados en la notificación: 110 mil bajas, 1,2 millones afectados, caos y maltrato oficial. Reclama una ley urgente para proteger derechos básicos en medio del ajuste.
Más de 110 mil bajas y miles sin aviso: la auditoría del ajuste
Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, revela que el Gobierno nacional aplicó una auditoría que no solo es “mal hecha”, sino que parece diseñada para recortar medio millón de pensiones y desorganizar todo el sistema de prestaciones. El 40% de las cartas documento enviadas ni siquiera llegó a sus destinatarios, dejando a miles de personas sin saber que perdieron el beneficio.
- 1.200.000 argentinos dependen de una pensión por discapacidad.
- 110.000 ya fueron dadas de baja, 90.000 por problemas de domicilio y falta de notificación.
- Se obliga a personas postradas o con movilidad reducida a viajar cientos de kilómetros y enfrentar largas colas para “validar” su derecho.
- El presupuesto oficial prevé terminar el año con apenas 700.000 pensiones.
Un procedimiento caótico, confuso y sin criterios claros
Según Arroyo, el Gobierno decidió ignorar controles médicos y datos administrativos: en vez de investigar médicos o localidades con porcentajes sospechosos de altas, aplicó el recorte en forma masiva. Cambió las reglas, anuló regulaciones en mayo y dejó a todos en un limbo legal. No hay información clara ni proceso digno para quienes sí cumplen los requisitos.
“Lo que lograron es poner loco a todo el mundo: el sistema está desajustado, los acompañantes terapéuticos cobran con meses de demora, los transportistas reciben montos irrisorios, y las personas con discapacidad son maltratadas a propósito”, denuncia Arroyo.
Maltrato y mentiras: radiografías, insultos y caos
- Funcionarios oficiales mostraron radiografías de perros en TV para justificar recortes (luego desmentido por audios internos).
- Resoluciones oficiales incluyeron términos como “idiota, imbécil, débil mental” para describir personas con discapacidad (derogadas pero nunca explicadas).
- Muchos solo se enteran de la baja cuando dejan de cobrar: no hubo cruce de datos con RENAPER ni registros reales.
- El ajuste se hace a costa del sufrimiento de los más vulnerables.
Solución: ley de emergencia y auditoría digna
Arroyo reclama la promulgación urgente de la ley de emergencia en discapacidad, ya aprobada en Diputados y en manos del Senado:
- Nuevo nomenclador, pago justo y obligatorio a profesionales y transportistas.
- Una auditoría real, focalizada y en base a derechos humanos (Convención ONU).
- Prohibición de lenguaje peyorativo y discriminatorio en todas las regulaciones estatales.
El objetivo: recuperar derechos y dar una respuesta estatal que no escatime en dignidad. El diputado exige políticas con empatía y control real, no aparente.
Infografía | Pensiones y auditoría en discapacidad 2025
| Población alcanzada | 1.200.000 |
|---|---|
| Bajas registradas | 110.000 |
| Bajas por falta de notificación | 90.000 |
| No entrega de cartas documento | 40% |
| Pensiones previstas a fin de año | 700.000 |
El trasfondo político y social: ajuste deliberado y derechos vulnerados
El escándalo se profundiza tras los audios filtrados y los negocios de contratos en la Agencia Nacional de Discapacidad (caso Spagnuolo). Para el diputado y numerosos actores sociales, el ajuste no es solo administrativo, es estratégico y deliberado, y requiere urgente corrección y control judicial (ver Página 12).
Más cobertura ampliada en Enorsai: Ley Discapacidad, ajuste y veto.
Reflexión final: El ajuste a las pensiones por discapacidad desnuda un modelo que prioriza el recorte y la ineficacia sobre los derechos humanos. Arroyo señala: “No podemos seguir maltratando ni expulsando a quienes más lo necesitan. La ley y la empatía deben ser prioridad.”
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Preguntas frecuentes sobre auditoría y bajas de pensiones por discapacidad
¿Cuántas personas perdieron su pensión por discapacidad en 2025?
Según Daniel Arroyo, ya hubo 110.000 bajas: 90.000 por falta de notificación y el resto por problemas administrativos, sobre 1,2 millones iniciales.
¿Por qué tantas pensiones fueron dadas de baja?
El Gobierno aplicó una auditoría masiva, sin criterios claros ni cruces de bases, forzando recortes por encima de controles médicos reales. Ver contexto ampliado.
¿Qué pasa si no recibí la carta documento?
Si la carta no llegó, el beneficiario puede perder la pensión sin avisos previos y solo se entera cuando deja de cobrar. Se recomienda reclamar en la agencia correspondiente.
¿Cuál es la solución propuesta por la oposición?
Impulsan una ley de emergencia en discapacidad, ya aprobada en Diputados, que ordena una auditoría justa y garantiza derechos y lenguaje respetuoso según la ONU.
¿Dónde encontrar más análisis y denuncias?
Enorsai y Página 12 publican coberturas y casos de recorte y maltrato en discapacidad en Argentina.
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