YPF: La jueza Preska ordena entregar el 51% de la petrolera a un fondo buitre con la complicidad de Javier Milei

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Un fallo demoledor sacude a la Argentina: la jueza Preska ordena entregar el 51% de YPF, mientras el gobierno de Javier Milei ensaya silencio o complicidad. Entre tecnicismos jurídicos y cinismo político, se juega la soberanía energética y la memoria de un país. No es sólo un juicio perdido. Es la consagración de un saqueo monumental. Argentina queda obligada a ceder la mayoría accionaria de YPF tras un fallo que desnuda la pasividad —o el interés— del gobierno libertario. Lo que está en juego no es una petrolera: es la dignidad de un Estado que vuelve a pagar los platos rotos de su historia.

Para quienes todavía creen que las cortes extranjeras deciden sobre “contratos” y no sobre destinos, basta leer las 100 páginas con las que la jueza Loretta Preska acaba de escribir uno de los capítulos más costosos —y vergonzantes— de la historia económica argentina. Desde la sórdida sala de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Preska dictaminó que el Estado argentino debe entregar el 51% de las acciones de YPF, la principal petrolera del país, a Burford Capital, el fondo buitre que huele sangre donde otros ven soberanía. Y lo hace, para colmo, bajo el argumento de que la estatización de 2012 —hoy demonizada por el gobierno de Javier Milei— no cumplió con el estatuto societario que la propia YPF había redactado para protegerse de maniobras hostiles. Ironías del capitalismo: la trampa estaba escrita en letra chica, sólo hacía falta un gobierno dispuesto a dejarla explotar.

Lo más inquietante no es sólo la cifra: 16.100 millones de dólares. Es el significado político de semejante decisión. Porque lo que está en juego no es una empresa, sino la médula de un país que, cada tanto, parece condenado a ser desguazado para saciar el apetito de inversores oportunistas y tribunales distantes. Preska no sólo impone el pago de un monto astronómico. Ahora da el paso siguiente y habilita a Burford a quedarse con el control mismo de YPF. No hay metáfora posible: es el despojo transformado en sentencia judicial.

Y mientras tanto, el gobierno de Javier Milei hace equilibrio en la cornisa entre la omisión y la complicidad. Nada hay más funcional al relato libertario que el “castigo” a un Estado que, según Milei, nunca debería haber intervenido en la economía. Si el costo es regalarle a un fondo buitre la llave de la empresa más estratégica del país, que así sea. Y ahí está el verdadero veneno del fallo de Preska: le ofrece al oficialismo la coartada perfecta para consumar la entrega que pregonan desde la campaña.

Quien lea las líneas del fallo descubrirá algo peor que un simple laudo monetario. La jueza considera que el gobierno argentino violó las normas de YPF al no lanzar la oferta pública de adquisición que exigía el estatuto para comprar las acciones de Repsol. A primera vista, podría sonar a tecnicismo legal, pero es la típica trampa en la que caen los países periféricos: la ley escrita por los poderosos se convierte en la soga con la que terminan ahorcando a los Estados. Es, literalmente, la historia de la deuda externa, pero con petróleo en lugar de bonos.

Preska dice que Burford tiene derecho a “exigir que se le transfiera el 51% de YPF” y que el tribunal, si Argentina se niega, podrá nombrar un “receiver” o síndico judicial que administre esa porción accionaria. ¿Se entiende lo que esto significa? Estamos al borde de ver a un fondo buitre designando gerentes en la principal empresa energética de la Argentina, definiendo qué pozos se perforan, qué gasoductos se priorizan y a qué precio se vende el combustible que calienta las casas de millones de argentinos. Y es ahí donde se parte en dos el debate sobre la soberanía. Porque una cosa es pagar indemnizaciones —por más exorbitantes que sean— y otra es resignar el control estratégico de una compañía que es la columna vertebral del sistema energético.

Ni la mismísima Repsol, cuando aceptó retirarse tras el acuerdo de compensación en 2014, había alcanzado semejante nivel de revancha. Hoy, la jugada de Burford rebasa cualquier expectativa: quieren quedarse con el petróleo, no sólo con el dinero. Y lo hacen con el visto bueno de una justicia estadounidense que, convengamos, jamás es neutral cuando hay recursos estratégicos sobre la mesa.

El gobierno de Milei, mientras tanto, calla o habla en susurros. Entre los pasillos libertarios se filtra una sola certeza: creen que el fallo es “la consecuencia de las malas decisiones del kirchnerismo”. Y aunque es cierto que la estatización de YPF fue una jugada riesgosa, también es cierto que desmantelar la petrolera en manos de Repsol habría sido un suicidio energético. Hoy, sin embargo, Milei y su equipo parecen más preocupados por usar el fallo como arma política que por defender a la Argentina.

Preska, en su fallo, ni siquiera se preocupa por el impacto económico que semejante cesión provocaría. Y es lógico: a ella no le importan los subsidios al gas, ni las tarifas, ni las reservas del Banco Central. Su misión es proteger a los fondos de inversión. Y ahí está la verdadera grieta: el mismo país que Milei presenta como “tierra arrasada por la casta” está a punto de ser saqueado por los mismos fondos a los que este gobierno admira y corteja.

Mientras la Justicia estadounidense avanza a paso firme, la Argentina se enfrenta a un escenario aterrador: no sólo está la espada de Damocles de la multa multimillonaria, sino el riesgo real de que un tribunal neoyorquino intervenga directamente en el control de YPF. Una empresa que no es sólo un símbolo de soberanía, sino también un engranaje clave para Vaca Muerta, la joya energética que podría convertir a la Argentina en exportador neto de hidrocarburos. Y aquí está la paradoja: mientras Milei sueña con “convertirse en el gran proveedor energético del mundo”, es justamente su indiferencia —o su afán privatizador— la que podría regalarle ese negocio a los fondos buitres.

Nada de esto es casual. El fallo de Preska llega en el contexto de un gobierno que milita la privatización como dogma. Y nadie debería engañarse: entregar el 51% de YPF a Burford es mucho más que un revés judicial. Es el preludio perfecto para legitimar la venta de lo que queda. Preska le ha hecho un regalo envuelto en papel jurídico a un presidente que jamás ocultó su desprecio por las empresas públicas.

Y en este clima de entrega, el silencio oficial retumba. Ni un plan de defensa legal robusto. Ni un mensaje claro a la sociedad. Ni una estrategia diplomática. Sólo declaraciones vagas, que dejan traslucir la posibilidad de negociar “buenos términos” con los fondos que se disponen a devorar el patrimonio energético nacional. Si la Argentina termina cediendo el control de YPF, el daño no será sólo económico: será moral, político y social. Será la confirmación de que el poder real ya ni siquiera disimula cuando toma lo que quiere.

En definitiva, el fallo de Preska no es simplemente un dictamen judicial. Es la prueba brutal de que el saqueo se puede firmar en un papel timbrado. Y la respuesta —o la falta de ella— del gobierno de Javier Milei es la confesión más alarmante de que, en el altar de su dogma libertario, están dispuestos a sacrificar hasta la última gota de soberanía.

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