La reapertura de la causa por parte del juez Julián Ercolini, a casi seis años de los hechos, puso en el centro a exdirectivos del Banco Nación y a los principales responsables de Vicentin; la pesquisa señala retiros de cuentas de garantía y maniobras que habrían permitido la fuga de divisas.
La decisión judicial que convoca a declarar a 26 imputados —entre ellos Javier González Fraga y Lucas Llach— vuelve a poner sobre la mesa una estafa que, según la acusación fiscal, lesionó al Estado por cerca de 300 millones de dólares. Lo llamativo no es sólo la magnitud del agujero: es la trama política y financiera que lo rodea y la sensación de que, hasta ahora, muchos nombres quedaron al margen del escrutinio público.
La causa Vicentin vuelve a sacudir. Después de más de cinco años de aparente inacción, el juez federal Julián Ercolini resolvió activar la investigación y citar a indagatoria a 26 personas que figuran en la denuncia por defraudación a la administración pública, entre ellas dos figuras que ocupaban la presidencia y la vicepresidencia del Banco Nación en 2019: Javier González Fraga y Lucas Llach. Esa sola lista de nombres debería saltar las alarmas: estamos hablando de decisiones que, según el fiscal Gerardo Pollicita, permitieron que alrededor de 300 millones de dólares se manejaran fuera de toda legalidad.
Los hechos que describe la fiscalía, tal como los recopila la resolución, son de manual del escándalo financiero: entre agosto y diciembre de 2019 se autorizaron retiros y transferencias desde cuentas que funcionaban como garantía de cobro por prefinanciación de exportaciones; en vez de cobrarse lo adeudado, el Banco Nación permitió que esos fondos se movieran hacia otras cuentas y hasta al exterior, a favor de estructuras financieras en guaridas fiscales. En noviembre de 2019, cuando la cerealera ya mostraba incumplimientos, el directorio aprobó nuevos préstamos por más de 105 millones de dólares en apenas una semana, con la excusa de que se trataba de prefinanciación de exportaciones. Es decir: créditos sobre créditos, y garantías desarticuladas en el peor momento.
La mecánica denunciada no es sofisticada por capricho; es eficaz en su brutalidad. La investigación apunta a que, en lugar de descontar de las cuentas de garantía lo que correspondía al banco, la entidad autorizó repetidos pedidos de retiro firmados por directores de Vicentin —que se turnaban para no repetir firmas— con una frecuencia de dos o tres veces por semana. Esos movimientos terminaron en cuentas de la misma empresa en otros bancos, en sucursales del exterior (por ejemplo, Uruguay) o en fondos radicados en islas Caimán y Amsterdam (Brickland Real Assets, BAF Latam Trade, según el expediente), y también en el pago de facturas que la pesquisa considera apócrifas. El resultado, según Pollicita y la resolución judicial, es un perjuicio patrimonial millonario para el Estado.
¿Y por qué el caso vuelve a la luz justo ahora? Aquí entra la parte menos técnica y más política del relato: la reapertura ocurre cinco años y diez meses después de los hechos —dos meses antes de que la causa corriera el riesgo de prescribir a los seis años— lo que pone sobre la mesa interrogantes sobre la motivación real del movimiento judicial. Un abogado con participación en la pesquisa lo sintetizó con brutal honestidad: si Ercolini hubiera dejado correr el tiempo, los imputados podrían haber solicitado la prescripción; al citarlos, los plazos vuelven a correr. ¿Es una búsqueda sincera de justicia o una maniobra para conservar una causa “encarpetada” y usarla políticamente? La respuesta no es automática y abre más preguntas que certezas.
A esto se suma el mapa político que rodea a los protagonistas. Muchas de las personas citadas son funcionarios nombrados durante la gestión de Mauricio Macri; directivos de Vicentin son señalados como aportantes habituales y con vínculos con el poder de entonces. El expediente menciona además que algunas decisiones se tomaron en la semana posterior a la derrota electoral de octubre de 2019, cuando ya se sabía que habría cambio de gobierno. Esa superposición temporal —créditos millonarios aprobados cuando la empresa estaba en default y cuando la salida del poder se aproximaba— no puede leerse sin pensar en favores cruzados y puertas giratorias entre el sector privado y el Estado.
Y no podemos ser ingenuos: en un país donde la agenda pública actual promueve desregulación y recorte de controles, la presencia de figuras vinculadas a la gestión que se mantiene en posiciones cercanas al aparato estatal resulta, por lo menos, inquietante. El artículo señala que uno de los funcionarios imputados “hasta hoy cumple funciones cercanas al actual ministro de Desregulación”, una línea que interpela directamente al discurso oficial sobre transparencia y eficiencia. Si el gobierno que predica mano dura contra el despilfarro pretende mostrar coherencia, deberá permitir que la investigación siga sin atajos ni protección política. Claro: esto es una exigencia política y ética, no una presunción de culpa automática; la complejidad del caso exige investigación profunda y no show mediático.
También hay consecuencias prácticas que no conviene minimizar: la resolución judicial advierte que el destino de las plantas y terminales portuarias de Vicentin podría definirse en el marco de un cramdown dentro de la convocatoria, favoreciendo a un grupo económico cuyo vínculo con actores políticos del pasado no está del todo claro. En cristiano: hablamos de activos estratégicos que podrían terminar en manos de quienes —según la denuncia— se beneficiaron de maniobras cuando la empresa estaba en crisis. Eso pinta un cuadro donde el Estado, lejos de recuperar, podría perder control sobre bienes clave.
Con todo, la incertidumbre sigue siendo real. No está probada la culpabilidad de todos los citados y el proceso judicial debe seguir su curso con pruebas, audiencias y, sobre todo, transparencia. Lo que ya no debería ser discutible es la necesidad de que el Estado y la opinión pública exijan respuestas: cómo fue posible que se otorgaran y autorizaran esos movimientos, quiénes salieron beneficiados y por qué durante tantos años la causa permaneció “dormida”. Que la investigación retome impulso no puede convertirse en otra ficha de ajedrez político: que sea el principio de una clarificación profunda, sin trucos de tiempo ni protecciones solapadas.
Si algo queda claro en esta trama —además del daño económico señalado— es que la democracia y la economía pública no resisten doblez: cada demora, cada connivencia y cada omisión son costos que paga la sociedad. La ruta hacia la verdad pasa por tribunales, peritajes y, sobre todo, por voluntad política de no dejar impune a nadie, venga de donde venga. Y si quienes gobiernan hablan de regeneración institucional, el primer gesto será aceptar que esta investigación avance sin miramientos.
Fuente:
.https://www.pagina12.com.ar/859658-nombres-olvidados-de-la-estafa-vicentin-banco-nacion
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