El juez Gustavo Salvador ordenó la excarcelación de los cuatro empresarios investigados por vaciamiento, fraude y lavado. La decisión judicial siembra dudas sobre el rumbo de la causa y reaviva el debate sobre la connivencia entre la justicia y los sectores del poder económico ligados al macrismo.
Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, todos ex directivos de la cuestionada agroexportadora Vicentin, fueron liberados tras tres meses detenidos. Están acusados de integrar una asociación ilícita que desvió más de $6.000 millones, pero el juez consideró “no válidas” algunas pruebas clave. Mientras la investigación sigue, más de 1.700 acreedores siguen sin respuestas.
La crónica de una impunidad anunciada
En una decisión que generó inmediata polémica, el juez Gustavo Salvador ordenó la liberación de los cuatro ex directivos de Vicentin detenidos desde marzo por una causa que los vincula con uno de los fraudes corporativos más escandalosos de la historia reciente argentina. La medida benefició a Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti, todos integrantes de la cúpula que condujo a la agroexportadora al colapso económico y financiero, dejando un tendal de acreedores y sospechas de corrupción.
Los empresarios están imputados por los delitos de asociación ilícita, fraude y lavado de activos, en el marco de una causa que investiga el desvío de más de 6.000 millones de pesos y un presunto esquema de vaciamiento sistemático de la firma. Sin embargo, según trascendió, el magistrado puso en duda la validez de algunas pruebas presentadas por la fiscalía, lo que abrió la puerta a las excarcelaciones.
La decisión judicial vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema judicial cuando los acusados son empresarios vinculados al poder. La cercanía política y económica de Vicentin con el macrismo —recordada por su vínculo directo con el gobierno de Mauricio Macri y el fallido intento de rescate estatal durante su gestión— no hace más que reforzar las sospechas de una justicia selectiva, en la que las varas se acomodan según el color político del acusado.
Vicentin: símbolo de un modelo de saqueo
Vicentin no es solo una empresa en crisis. Es el emblema de un modelo económico que apostó al endeudamiento, la especulación financiera y el vaciamiento corporativo. Su caída arrastró a miles de productores, cooperativas y entidades financieras, generando un agujero en la economía regional del norte santafesino.
En el centro de la tormenta, los directivos ahora liberados son acusados de haber diseñado un entramado delictivo para desviar fondos, manipular balances y fraguar operaciones que derivaron en el default de la empresa. El proceso judicial, que todavía está en curso, fue uno de los pocos que avanzó en serio contra los grandes actores económicos del país. Por eso, la liberación de los implicados genera no solo sorpresa, sino también una profunda indignación social.
Más de 1.700 acreedores, menos justicia
Mientras tanto, más de 1.700 acreedores —entre ellos, pequeños y medianos productores— siguen esperando una resolución. Las deudas impagas, los contratos incumplidos y la incertidumbre económica siguen marcando el día a día de quienes confiaron en Vicentin y terminaron traicionados por los manejos turbios de sus ejecutivos.
La fiscalía aún no confirmó si apelará la excarcelación, pero la presión pública empieza a sentirse con fuerza. La causa Vicentin no solo pone en juego la responsabilidad penal de un grupo de empresarios, sino también la credibilidad de todo el sistema judicial argentino.
Una postal de la Argentina desigual
Este nuevo capítulo en el caso Vicentin es una radiografía incómoda pero necesaria: en Argentina, parece más fácil ir preso por protestar o por robar comida que por vaciar una empresa y estafar a miles de personas. Cuando el delito se comete desde un escritorio, con traje y corbata, y con contactos políticos poderosos, la justicia tiende a mirar hacia otro lado.
La liberación de los cuatro ex directivos de Vicentin no es solo un hecho judicial. Es un mensaje político. Y, sobre todo, una alerta para la ciudadanía: la impunidad no es casual, es estructural. Y, como tantas veces en la historia reciente, beneficia a los mismos de siempre.
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