El Decreto 563/2025 oficializa una nueva poda fiscal en favor de los sectores más poderosos: la industria minera y agroexportadora. Bajo la promesa de inversión y empleo, Milei profundiza una política que libera al capital y asfixia al pueblo.
Mientras se recortan derechos sociales, se desfinancian universidades y se profundiza la recesión, el Gobierno de Javier Milei elimina impuestos a los minerales, metales y granos, beneficiando a grandes empresarios nacionales y extranjeros. La política económica se orienta sin disimulo hacia un país para pocos.
En la madrugada del 7 de agosto, como quien no quiere que se note el golpe, el Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto 563/2025, oficializando la eliminación total de las retenciones a la exportación de minerales, metales y hierros. La medida, en apariencia técnica, esconde un nuevo gesto de amor hacia los grandes jugadores de la economía, en detrimento del pueblo que enfrenta la peor licuación del salario real en décadas. No es un detalle menor: en menos de una semana, se suprimieron impuestos a gran parte del complejo agroexportador —granos y carnes— y ahora se suma el sector minero. La orientación es clara y brutal: liberar al capital de toda carga fiscal y dejar que el ajuste lo paguen quienes no tienen cómo defenderse.
El decreto establece una alícuota del 0% para todas las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM) vinculadas a la minería. Esto incluye desde minería metalífera y no metalífera hasta rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas. Una vez más, las provincias con fuerte perfil exportador en esta área —como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca— se transforman en terreno fértil para la expansión sin freno de una industria históricamente cuestionada por su impacto ambiental, sus modos de explotación y su escasa contribución efectiva a las economías locales.
En paralelo, se derogó el Decreto 308/2022, que había creado un registro optativo de exportaciones de cobre para proyectos nuevos. Con esta derogación, se eliminan regulaciones mínimas que exigían inversión productiva local como contraparte. ¿El resultado? El Estado renuncia a toda pretensión de orientar estratégicamente el desarrollo y se limita a allanar el camino a las empresas. Es el reino del laissez faire, con esteroides.
El relato oficial, sin embargo, no se detiene en el beneficio a los grandes grupos. Alega que la medida busca asegurar el “máximo valor agregado en el país”, promover la inversión y generar empleo. Palabras bellas para una política que, en la práctica, no exige ninguna contraprestación concreta. Ni una cláusula de generación de puestos de trabajo, ni una línea sobre el cuidado ambiental, ni una obligación de procesar los minerales en territorio nacional. Todo queda librado a la buena voluntad del mercado. Es un modelo de fe neoliberal que lleva más de 40 años fracasando en América Latina, pero que hoy vuelve con aires de cruzada redentora.
Y no es casual: el Gobierno argumenta que esta decisión no afectará la recaudación tributaria. Una afirmación que raya el cinismo en un contexto donde se recortan jubilaciones, se eliminan fondos para la educación pública, se desfinancia la ciencia y se demuelen programas sociales. Si no se compromete la recaudación general, ¿a costa de quién se sostiene el ajuste? La respuesta es tan obvia como dolorosa: se sostiene a costa de quienes no tienen poder de lobby, de quienes no pueden escribir decretos, de quienes no son dueños de yacimientos ni tienen acciones en la Bolsa.
Más aún, desde el Ejecutivo se sostiene que esta política se enmarca en la necesidad de aprovechar el contexto internacional de transición energética, donde la demanda de minerales como el litio, el cobre o el oro se encuentra en alza. Argentina, afirman, tiene abundantes reservas y debe capitalizarlas. Pero capitalizar no implica regalar. Y eso es, en esencia, lo que se está haciendo: regalar el subsuelo, ceder soberanía y hipotecar el futuro.
La narrativa se completa con otra cifra impactante: el 80% de la capacidad exportadora de las provincias mencionadas depende de la minería. A partir de esa premisa, se plantea que la eliminación de retenciones generará una mayor demanda global y, con ello, más empleo. Pero, otra vez, la fórmula repite el viejo truco del derrame que nunca llega. Porque el boom minero no ha generado ni mejores condiciones laborales ni desarrollo industrial en esos territorios. Y porque la concentración del ingreso en manos de corporaciones transnacionales nunca ha sido sinónimo de justicia social.
La medida se suma, además, a las recientes reducciones de retenciones al agro presentadas como una epopeya libertaria en la Exposición Rural de Palermo. El modelo Agmemod, utilizado por la Bolsa de Comercio de Rosario, proyecta un aumento de más de 13 millones de toneladas en la producción agrícola hacia 2035 y un acumulado de USD 28.800 millones en valor de producción. En ese marco, se bajan al 9,5% las retenciones al maíz, sorgo, trigo y cebada, mientras que la soja baja al 26%, el poroto y sus subproductos al 24,5%, el girasol al 5,5% y al 4%.
Esa proyección, además, estima que la producción granaria alcanzará las 172,3 millones de toneladas con un valor de USD 50.100 millones. Un festín para los grandes grupos concentrados del agro, que ahora recibirán una proporción histórica del precio FOB, con más “dólar cash” en mano desde 2012. Pero el interrogante es inevitable: ¿cuánto de ese festín se redistribuye en empleo genuino, en inversiones reales, en soberanía alimentaria? Y la respuesta, una vez más, es poco y nada.
La política económica del gobierno de Javier Milei no deja lugar a dudas: se está construyendo un país a medida de los grandes capitales, un territorio diseñado para extraer, exportar y acumular. Las pymes, los asalariados, los jubilados, los docentes y los sectores populares son apenas el costo de esa arquitectura de saqueo elegante, legalizada y celebrada por los medios concentrados. Se les exige sacrificio mientras otros celebran dividendos.
Y lo que se presenta como crecimiento y empleo, en realidad es un disciplinamiento brutal. Se desfinancia al Estado para que no moleste, se eliminan regulaciones para que nada frene el avance de los que ya ganan siempre, y se justifica todo con el mantra de la libertad. Una libertad que, como siempre, es privilegio de unos pocos. Porque cuando se eliminan impuestos sin exigir nada a cambio, cuando se legisla para beneficiar a los más ricos y se deja de lado a los más vulnerables, no hay política económica: hay saqueo institucionalizado.
La eliminación de las retenciones a la minería y al agro no es un error de cálculo, ni un tecnicismo fiscal. Es una definición ideológica: este Gobierno no gobierna para todos. Gobierna para los dueños del capital. Los mismos de siempre.
Fuente:
- https://www.infobae.com/economia/2025/08/07/eliminaron-las-retenciones-para-la-exportacion-de-minerales-hierros-y-metales/
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