Con el discurso de austeridad como bandera y una narrativa que demoniza al Estado, el presidente Javier Milei acaba de autorizar, por decreto, el endeudamiento por más de USD 1.700 millones con el Banco Mundial y el BID. Las promesas de soberanía fiscal chocan contra la realidad de un gobierno que se financia con deuda externa, y que en nombre de la eficiencia y la competitividad, hipoteca el futuro con préstamos diseñados para favorecer al mercado y disciplinar al Estado.
El relato libertario cruje, una vez más, ante la tozuda realidad. Mientras se jacta de ajustar hasta el hueso, Javier Milei acaba de autorizar una nueva ola de endeudamiento externo que contrasta brutalmente con su discurso de independencia económica. Lo hizo en silencio, por decreto y sin debate parlamentario, como quien sabe que lo que firma no se condice con lo que predica. Con la firma del Decreto 482/2025 y otros tres decretos consecutivos (488, 489 y 490), el Gobierno argentino formalizó la suscripción de préstamos por un total de USD 1.730 millones con dos de los principales organismos multilaterales de crédito: el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El primero de estos préstamos, por USD 230 millones, proviene del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo operativo del Banco Mundial. Está destinado a financiar el proyecto “Fomentar Mejores Empleos con Programas Integrados de Formación y Empleo”, un programa que, según el decreto, buscará mejorar la empleabilidad en sectores vulnerables, mediante capacitaciones, certificaciones laborales y el fortalecimiento de las oficinas de empleo municipales. El organismo ejecutor será el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, en una cartera que acumula denuncias por subejecución de partidas y abandono de programas sociales esenciales.
El anuncio llega apenas días después de que se conocieran más datos alarmantes sobre la caída del empleo registrado, la contracción del mercado laboral y la profundización del ajuste en las políticas públicas. En un país donde más del 50% de los trabajadores están en la informalidad, el Gobierno plantea una supuesta política de inserción laboral sustentada, paradójicamente, en el endeudamiento con los mismos organismos que durante décadas promovieron recetas de ajuste estructural.
Pero eso no es todo. Apenas horas después de formalizar este préstamo, Milei rubricó otros tres créditos por un total de USD 1.500 millones, esta vez orientados a la política fiscal, la administración tributaria y la “competitividad del mercado”. Es decir, lejos de un “Estado mínimo”, el libertario de la motosierra se apoya más que nunca en estructuras estatales financiadas por deuda externa, con el objetivo de “modernizar” —léase: reducir, privatizar o tercerizar— funciones básicas del Estado.
El primero de estos tres préstamos, por USD 400 millones, proviene del BID y financiará el “Programa de Apoyo a Reformas Regulatorias para la Competitividad”. ¿En qué consiste esto? Según el decreto, se busca reducir los costos regulatorios para las empresas, disminuir la participación de empresas públicas en la economía y aumentar la eficiencia en el comercio exterior. En otras palabras, el préstamo servirá para aceitar los engranajes de una liberalización que ya demuestra ser profundamente regresiva.
El segundo crédito, por USD 800 millones, también del BID, está destinado al “Programa de Fortalecimiento de la Política Fiscal II”. Suena noble, hasta que se lee la letra chica: el dinero financiará iniciativas para reforzar el control del gasto público, mejorar el sistema tributario y asegurar que el ajuste se profundice sin sobresaltos. Es la institucionalización del ajuste, ahora garantizado con deuda y bajo la supervisión técnica de organismos multilaterales.
El tercer préstamo, nuevamente con el BIRF, por USD 300 millones, financiará la modernización de los servicios de administración tributaria. Un eufemismo para decir que se va a invertir en sistemas de recaudación más eficientes, probablemente con un sesgo regresivo que ponga el foco en controlar a los pequeños contribuyentes, mientras las grandes fortunas se benefician de una estructura cada vez más desregulada.
La pregunta se impone: ¿es sostenible un modelo que ajusta internamente y se endeuda externamente? Porque mientras se recortan fondos universitarios, se desmantela el CONICET, se congelan jubilaciones y se desfinancian hospitales, el Gobierno no parece tener problema alguno en comprometer al país con deudas a pagar en las próximas décadas. Como si la historia argentina no advirtiera una y otra vez que la deuda externa es el guion que precede al colapso.
Desde la Oficina Nacional de Crédito Público, se intenta justificar la operación asegurando que los costos financieros de estos préstamos son menores a los del mercado. El Banco Central también minimiza su impacto en la balanza de pagos. Pero esas explicaciones técnicas no alcanzan para encubrir la contradicción política: Milei llegó al poder prometiendo que no habría más deuda, que el ajuste era para lograr equilibrio fiscal, que el Estado debía retirarse de la economía. Sin embargo, lo que hace es lo contrario: financiar con deuda un modelo de Estado minimalista para los pobres y funcional para el capital concentrado.
Tampoco puede pasarse por alto que estas decisiones fueron tomadas a espaldas del Congreso. En tiempos normales, semejantes montos y compromisos deberían pasar por el debate legislativo. Pero en la era Milei, la excepcionalidad es regla. Todo se firma entre gallos y medianoche, mientras se agita la cortina de humo de una supuesta “revolución libertaria” que no es más que el mismo endeudamiento clásico que hundió al país una y otra vez.
En este nuevo ciclo, el endeudamiento no busca dinamizar el desarrollo nacional ni fortalecer capacidades internas. Se utiliza para imponer cambios estructurales sin consenso democrático, blindar políticamente el ajuste y construir un modelo de país donde el Estado funcione apenas como garante del orden macroeconómico, pero no como herramienta de justicia social. Lo que se presenta como “inversión en modernización” no es más que la ingeniería tecnocrática del desmantelamiento estatal.
La retórica grandilocuente del Presidente no puede tapar la evidencia: su gobierno se financia con deuda externa para aplicar políticas que benefician al capital privado, al tiempo que profundiza la exclusión social. Y lo más paradójico —o trágico— es que esa deuda no será pagada por Milei, Caputo ni Francos, sino por generaciones futuras, nacidas ya hipotecadas por decisiones tomadas sin su voz ni su voto.
Fuente:
https://www.infobae.com/economia/2025/07/21/aprobaron-el-desembolso-de-un-prestamo-de-usd-230-millones-del-banco-mundial-para-fortalecer-el-empleo/
https://www.ambito.com/economia/deuda-gobierno-aprobo-tres-nuevos-prestamos-el-bid-y-el-banco-mundial-us1500-millones-n6169658
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