El gobierno de Javier Milei promueve un régimen de incentivos que favorece a grandes capitales mineros extranjeros, mientras abandona al campo nacional, desfinancia a las economías regionales y profundiza la dependencia extractivista. El litio, nuevo oro blanco, se lleva el futuro, pero deja poco o nada.
En su cruzada por «liberar las fuerzas del mercado», el gobierno de Javier Milei ha elegido un claro ganador: las empresas multinacionales mineras. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), parte central de la Ley Bases, es una muestra acabada de que la libertad mileista no es para todos. Mientras el agro enfrenta retenciones, falta de crédito, tarifazos y un Estado ausente, el litio y la minería reciben beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios nunca antes vistos. Una competencia desleal que podría destruir la estructura productiva del país en nombre de un desarrollo que nunca llega.
El RIGI: un traje a medida para el extractivismo
El RIGI ofrece exenciones impositivas por 30 años, libre disponibilidad de divisas, facilidades para importar maquinaria sin aranceles y una virtual inmunidad legal frente a regulaciones provinciales o municipales. Está diseñado para proyectos de más de US$ 200 millones, un umbral que solo grandes conglomerados internacionales pueden superar. Es decir, ni las PYMEs ni el campo acceden.
El modelo está calcado de lo que pidieron las grandes mineras: sin sindicatos fuertes, sin Estado, sin impuestos y sin control. ¿Y las provincias? Entregan los recursos pero ven migajas: el litio se va al norte y los fondos no vuelven. Salta, Catamarca y Jujuy están convertidas en zonas de sacrificio, donde el agua escasea pero las exportaciones crecen.
El agro: motor histórico hoy desmantelado
Mientras tanto, el campo, que aportó más del 50% de las exportaciones totales en 2023, sufre una situación de abandono. El gobierno desmanteló programas de apoyo a pequeños productores, cerró el INTA, eliminó el Fondo Nacional de la Yerba Mate y recortó subsidios al transporte para economías regionales.
Productores tamberos, vitivinícolas, citrícolas o yerbateros ya hablan de una catástrofe en ciernes. «El RIGI es una sentencia de muerte para el campo diversificado y de valor agregado. Nos dejan solos frente al mercado y con una macroeconomía que nos aplasta», señalan desde la Federación Agraria Argentina.
Retenciones para el agro, beneficios para las mineras
El agronegocio sigue pagando derechos de exportación. El litio, en cambio, apenas tributa. La paradoja es brutal: se penaliza la producción nacional de alimentos y se premia la extracción de un recurso no renovable. Ni siquiera se exige industrialización local: el litio se exporta como salmuera o carbonato, con escaso empleo y sin transferencia tecnológica.
Este esquema consolida un modelo primarizado y dependiente, donde los ciclos de precios internacionales determinan la suerte del país. Y donde el Estado se convierte en garante de la rentabilidad de las multinacionales, incluso por encima del interés de los argentinos.
Federalismo trucho y soberanía entregada
El gobierno dice defender el federalismo, pero lo vacía de contenido. Las provincias pierden potestades para regular el ambiente o exigir contraprestaciones. El litio, por Constitución, pertenece a las provincias, pero el RIGI lo convierte en botín de las empresas.
El RIGI también habilita a que los contratos se rijan por normas extranjeras y se diriman en tribunales internacionales. Es decir, el Estado argentino renuncia a su soberanía jurisdiccional. El mismo camino que nos llevó a pagar miles de millones en el CIADI o en tribunales de Nueva York. Nada nuevo: saqueo legalizado.
El futuro hipotecado: agua, tierra y deuda
El litio se extrae en zonas áridas, utilizando grandes volúmenes de agua. En Jujuy, comunidades originarias denuncian que los salares se secan, los cultivos mueren y los animales no beben. Pero las empresas siguen extrayendo. Y ahora, con el RIGI, podrán hacerlo sin rendir cuentas.
Además, el RIGI permite girar utilidades libremente al exterior, sin reinvertir ni un dólar. ¿Quién financiará el desarrollo si todo se fuga? Mientras el campo reinvierte, genera empleo y arraigo territorial, la minería especulativa exporta sin dejar rastro. Es un negocio para pocos, con costo para todos.
La mentira del derrame
El gobierno promete que el RIGI atraerá miles de millones en inversiones. Pero lo que llega no es capital productivo, sino fondos de cobertura, traders y financistas. La megaminería es intensiva en capital pero no en trabajo. El «derrame» es un cuento: apenas genera empleo directo y deja daños irreversibles.
Incluso el agro más concentrado, con todas sus fallas, tiene más efecto multiplicador sobre el entramado local que la minería extractiva. Y ni hablar de las cooperativas, las producciones regionales o agroecológicas, que hoy están al borde del colapso.
Una elección política
El RIGI no es una necesidad técnica ni una condición macroeconómica: es una elección política. El gobierno elige premiar a los grandes inversores internacionales y castigar a quienes producen desde abajo. Cambia alimentos por minerales, raíces por fugas, soberanía por dependencia.
No es casual. Es un modelo de país. Uno donde la minería vale más que el agro, el litio más que el pan, y el dólar más que la gente.
Fuente:
- https://bichosdecampo.com/parece-joda-la-inversion-total-de-los-emprendimientos-mineros-comprendidos-en-el-rigi-no-supera-a-la-realizada-en-soja-y-maiz-en-la-zona-nucleo-pampeana/
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