La evolución de los ingresos básicos desde la llegada de Javier Milei al gobierno expone un cuadro económico profundamente desigual, donde unas pocas variables logran sostenerse gracias a la indexación por inflación, mientras el resto se desmorona frente a un ajuste feroz. La Asignación Universal por Hijo (AUH) se convirtió, paradójicamente, en el único ingreso que logró recuperar poder adquisitivo real en medio de dos años de inflación acumulada superior al 500%, mientras las jubilaciones mínimas y el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) sufren un deterioro contundente que arrastra a millones hacia la pobreza. Es el retrato más claro de un esquema que prioriza la estabilidad fiscal por encima del bienestar general, y que solo evita una crisis social explosiva gracias al único rubro que el propio gobierno decidió preservar: las transferencias dirigidas a la niñez.
Desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2025, el monto nominal de la AUH saltó de $20.661 a $122.827, un incremento que ronda el 495%. Sin embargo, la clave no está en la cifra gigantesca del aumento nominal, sino en lo que sucede cuando se ajusta por la inflación real: aun en un contexto de precios disparados, la AUH creció un 110% en términos reales respecto del valor que tenía al final del gobierno anterior. Esto no ocurre por una supuesta “generosidad” del Ejecutivo, sino porque la AUH fue incluida en el esquema de indexación mensual por IPC desde abril de 2024, tras el aumento del 100% aplicado en enero de ese año. En otras palabras, la AUH se transformó en un ingreso que corre a la par de la inflación, algo que ya no sucede con el salario mínimo ni con las jubilaciones más bajas.
Un gráfico recientemente elaborado con los valores mensuales de la AUH entre noviembre de 2023 y junio de 2025 permite visualizar con claridad la trayectoria del beneficio. Las barras muestran un salto brusco entre diciembre de 2023 ($20.661) y enero de 2024 ($41.322), seguido de una estabilización durante el primer trimestre y, desde abril de 2024, un crecimiento constante impulsado por la indexación mensual por inflación. Para julio de 2024 la AUH supera los $74.000 y hacia diciembre de ese mismo año alcanza los $93.281. El ascenso continúa durante 2025, llegando a $109.498 en junio de ese año. La curva ascendente del gráfico confirma que, a diferencia de otros ingresos básicos, la AUH logró mantener e incluso mejorar su poder adquisitivo en relación con la inflación, consolidándose como la única variable social que no fue devorada por el ajuste general.
El contraste con el resto del sistema es escandaloso. La jubilación mínima pasó de unos $105.000 en diciembre de 2023 a $340.880 en diciembre de 2025, lo que implica un aumento nominal del 225% que, lejos de representar una mejora, se traduce en una pérdida real del 7%. Con o sin bono, la situación es igual de grave: el bono de $70.000 quedó congelado en un país donde los precios suben entre 500 y 600% en dos años. El congelamiento del bono, además, profundiza la caída mes a mes. Para diciembre de 2025, el bono debería rondar los $177.000 si hubiese seguido el mismo criterio de actualización que la jubilación. Ese recorte silencioso empuja a los jubilados hacia un escenario en el que no pueden cubrir ni siquiera la mitad de la canasta básica, mientras desde el Gobierno se continúa defendiendo el “orden” fiscal como si el costo social fuera irrelevante.
El caso del Salario Mínimo Vital y Móvil es aún más agresivo. En diciembre de 2023 rondaba los $156.000 y en diciembre de 2025 llega a $279.718: un aumento nominal del 79%, completamente pulverizado por la inflación. La pérdida real acumulada se ubica entre el 35% y el 40%. Es decir, el salario que debería funcionar como referencia para el trabajo formal e informal perdió casi la mitad de su poder adquisitivo en dos años. El Consejo del Salario pasó a ser una formalidad vaciada, y los decretos que fijan aumentos del 2% o 3% mensual operan como un maquillaje técnico para un derrumbe salarial que modifica la estructura del mercado laboral en favor de la precarización.
Los números evidencian que, bajo la administración Milei, el gobierno tomó la decisión explícita de proteger solamente una variable: las asignaciones dirigidas a hijos, embarazadas y primera infancia. Todo lo demás —jubilaciones, salario mínimo, programas de empleo, prestaciones no focalizadas— quedó condenado a la erosión inflacionaria. La pregunta de fondo es por qué sucede esto. Y la respuesta, aunque incómoda para algunos discursos oficialistas, es clara: la AUH y sus complementos funcionan como un dique de contención social que evita un estallido.
El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), un organismo técnico y apartidario, es contundente. En noviembre de 2025 mostró que, sin la AUH, la Prestación Alimentar y el Plan 1000 Días, la indigencia sería 82% más alta. Son 2,6 millones de personas que caerían de inmediato en una situación de hambre estructural. Y sin estos programas, la pobreza sería 10% mayor, lo que implicaría alrededor de 1,5 millones de personas adicionales bajo la línea. En total, estas transferencias alcanzan a más de 7,4 millones de personas en 2025, una cifra muy por encima de los 4,7 millones cubiertos en 2009, y representan cerca del 1% del PBI.
El dato que más impacta es el de los hogares con niños: la AUH evita que 611.570 hogares caigan en la indigencia. Más de medio millón de familias que, sin este “piso de ingresos”, quedarían directamente afuera del sistema de consumo básico. No hablamos solo de un paliativo, sino de un factor estructural que impide una crisis humanitaria en un país con caída del salario real, pérdida de empleos formales y una inflación que continúa horadando cada ingreso que no se ajusta por IPC. La OPC utiliza un término definitorio: las transferencias funcionan como “piso de ingresos” en un contexto de vulnerabilidad creciente. Esto significa que la AUH no saca a nadie de la pobreza, pero evita la caída en el abismo.
Lo llamativo —y políticamente explosivo— es que mientras avanza un discurso oficial que demoniza a los “planeros”, el propio Gobierno depende de esos programas para evitar que sus políticas económicas generen una crisis terminal. La narrativa de la “cultura del trabajo” se estrella contra la realidad de un mercado laboral con salarios destruidos: el SMVM se desploma, la informalidad crece y la precarización se profundiza. En paralelo, los sectores que más requieren asistencia —niños, embarazadas, madres vulnerables— son los únicos que ven una mejora real porque el gobierno decidió blindarlos de la inflación. No por empatía, sino para sostener la gobernabilidad.
La evolución de los ingresos desde la asunción de Milei funciona como radiografía de su proyecto económico. La jubilación mínima pierde, el salario mínimo pierde, los bonos se congelan, los trabajadores formales ven desindexados sus ingresos, pero la AUH crece por encima de la inflación. No hay contradicción: hay estrategia. En un país donde la mitad de los menores de 17 años es pobre, cualquier recorte directo en AUH o en Alimentar tendría un impacto inmediato en las calles. El gobierno lo sabe y actúa en consecuencia: ajuste en todos los frentes, salvo en aquel que podría hacer estallar la situación en cuestión de semanas.
Es fundamental comprender que esto no significa que la AUH “mejoró” la situación general. Lo que hizo fue evitar un hundimiento aún mayor. La OPC muestra que, incluso con la recuperación real del 110% del valor de la AUH, la capacidad total de compra de los hogares beneficiarios cae 2,5% interanual cuando se suman los complementos como la Tarjeta Alimentar. En 2024 alcanzaba a cubrir el 99% de la canasta alimentaria; en 2025 ya no lo logra. El deterioro del resto de los ingresos familiares absorbe cualquier mejora sectorial.
Mientras tanto, el gasto público en AUH alcanza en 2025 el mayor valor real desde 2019, con un incremento del 28,5% respecto de 2023. Es decir: mientras el Estado recorta en jubilaciones, obras públicas, educación, programas laborales y salarios públicos, aumentó significativamente el gasto focalizado en la infancia. Una política selectiva que permite al gobierno sostener el ajuste sin desatar una crisis social catastrófica.
El balance final es tan evidente como inquietante: la AUH evitó una tragedia social durante los primeros dos años de Milei, y lo hizo a pesar del deterioro brutal del resto de los ingresos. Pero esa misma AUH sirve, paradójicamente, como sostén de un modelo que recorta derechos laborales, licúa jubilaciones y empobrece a los trabajadores. Es un salvavidas real, pero también un parche indispensable para que la política económica del gobierno no termine en un estallido social. El país se sostiene porque millones de niños reciben un ingreso indexado; sin eso, los números de indigencia y pobreza serían los peores desde 2002.
En un contexto donde el salario mínimo cae 40%, la jubilación mínima pierde poder adquisitivo y el bono sigue congelado, la AUH aparece como el único ancla social que sobrevivió a la motosierra. No porque el gobierno haya elegido proteger a los más vulnerables, sino porque necesitó evitar que el impacto de sus propias decisiones destruyera la estabilidad política que todavía intenta conservar.
Deja una respuesta