La cadena mayorista Descartables Caromar cerró de forma intempestiva sus locales de San Justo, Rosario, Burzaco y José C. Paz, dejando a cientos de trabajadores en la calle, sin previo aviso y sin certezas sobre las indemnizaciones. El escándalo se agrava con intentos de pagar la mitad de lo que marca la ley en la sucursal de Mar del Plata. Comerciantes y camioneros ya acudieron al Ministerio de Trabajo.
La madrugada del 1 de diciembre volvió a dejar expuesto el costado más crudo del modelo económico que golpea sin filtro a los trabajadores. Descartables Caromar SA, un autoservicio mayorista de artículos de perfumería y limpieza con presencia en varias provincias, bajó la persiana de su sucursal de San Justo sin previo aviso. Los empleados se enteraron del cierre cuando intentaron ingresar a sus puestos de trabajo y se encontraron con el acceso bloqueado: ninguna notificación, ninguna comunicación, ningún argumento. Solo la frialdad de una decisión empresarial tomada a espaldas de quienes sostienen día a día el funcionamiento del negocio.
El impacto fue inmediato. En San Justo quedaron 63 trabajadores en la calle, 43 afiliados al Sindicato de Comercio Zona Oeste y otros 20 encuadrados en Camioneros. Todos comparten el mismo interrogante: ¿qué pasará con sus indemnizaciones? Hasta el momento, la empresa no emitió una sola palabra que aporte claridad o un mínimo de responsabilidad hacia quienes dependen de ese salario para vivir.
Pero la situación no terminó ahí. Minutos después empezaron a confirmarse cierres en otras sucursales: Rosario, Burzaco y José C. Paz también quedaron paralizadas. El SEOCA registró el mismo modus operandi en cada local: cierre abrupto, sin aviso, sin comunicación interna y con trabajadores completamente desamparados. Los gremios ya se pusieron en contacto con el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para exigir la intervención del Estado ante lo que se perfila como otro caso de abandono patronal masivo.
Caromar, lejos de ser un pequeño emprendimiento aislado, es un mayorista con presencia en Laferrere, Moreno, Neuquén y Mar del Plata. Justamente allí, en la ciudad balnearia, se produjo otro escándalo: intentos de la compañía de pagar solo la mitad de las indemnizaciones que marca la ley. Una clara maniobra para licuar derechos, precarizar aún más la situación y aprovechar el clima de permisividad empresarial que habilita la crisis económica.
El cuadro es devastador. Cientos de familias quedaron en un limbo absoluto, sin ingresos, sin certezas y con la angustia de no saber si cobrarán el resarcimiento mínimo que la legislación laboral garantiza ante cualquier despido. No hay voceros empresariales que den la cara, no hay comunicados, no hay explicaciones: solo silencio e incertidumbre.
La “ola de cierres” que describen los gremios no es una frase hecha: es un proceso concreto que atraviesa comercios, industrias y servicios, dejando territorios vaciados y economías locales debilitadas. Caromar se suma así a la larga lista de empresas que, en medio del ajuste generalizado, eligen cortar por lo más fino y descargar la crisis sobre sus trabajadores.
Los sindicatos de Comercio y Camioneros activaron sus equipos, se presentaron en los locales, convocaron asambleas y denunciaron públicamente lo que consideran una maniobra ilegal y deliberada: cerrar sin aviso, sin preaviso formal y sin ningún compromiso con quienes sostuvieron durante años la rentabilidad de la firma. Desde el SEOCA recalcaron que “no hubo comunicación formal, ni con los delegados ni con los trabajadores”, lo que agrava la irregularidad del proceso.
Mientras tanto, los empleados siguen en la puerta de sus sucursales, intentando obtener información, esperando que algún representante de Caromar dé la cara. Las familias dependen de respuestas urgentes, porque el salario perdido no es un número: es alquilar, comer, sostener a los hijos y llegar a fin de mes en un país donde la inflación pulveriza cualquier ahorro y convierte la incertidumbre laboral en una pesadilla cotidiana.
El cierre de Caromar no es solo una noticia empresarial: es una postal del momento económico que atraviesa la Argentina. Un país donde las empresas se permiten maniobras que, en cualquier marco regulatorio serio, serían inconcebibles. Donde el ajuste recae sistemáticamente sobre los trabajadores y donde el Estado aparece corriendo detrás de los hechos para intentar reparar, tarde y mal, la cadena de daños.
La historia continuará en las próximas horas, a medida que el Ministerio de Trabajo avance en las negociaciones y los gremios presionen para que se respeten las indemnizaciones completas. Pero el daño ya está hecho: cientos de empleados fueron arrojados de un día para el otro a la intemperie, mientras una empresa multimillonaria optó por desaparecer sin rendir cuentas.
En la Argentina real, la del barrio y la del changuito, este tipo de decisiones no son estadísticas: son tragedias concretas. Caromar deberá responder por ellas.
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